Mientras en la mitad del país siguen las manifestaciones, protestas y marchas, cuyo objetivo es la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso, la respuesta gubernamental comprende los llamados a la calma que ha hecho la mandataria Dina Boluarte y una dura represión por parte de la policía y el ejército. Esto ha llevado a que, hasta ahora, haya alrededor de cincuenta muertos y centenares de heridos, además de la declaración del estado de emergencia. Así, el gobierno de Boluarte se ha ido alineando al perfil de sus socios del sector de la derecha del espectro político.
Hace un mes, luego de que Boluarte asumiera la presidencia como consecuencia del autogolpe fracasado de Pedro Castillo, el rumbo político del país era más bien indefinido. A mediados de enero, la definición se ha ido aclarando luego de haberse hecho un cambio de primer ministro, quien fue reemplazado después de haber pasado apenas 11 días en el cargo, la multiplicación de protestas y la violenta represión, que llevó a tres ministros a renunciar como señal de discrepancia.
Boluarte está apoyada por los grupos de derecha, que representan algo más de un tercio de los escaños del Congreso y que han recibido reconocimiento mediante la designación de algunos ministros y altos cargos en el Ejecutivo. La presidenta dirige frecuentes discursos en los que pide perdón por los baleados a manos de las fuerzas del orden y ha hecho suya la propuesta de adelantar las elecciones. Sin embargo, aún se halla pendiente el establecimiento de la fecha de las próximas elecciones generales que se harán en 2023 o en 2024, en lugar de en 2026, dadas las exigencias de los manifestantes.
Algunos de los nombramientos que ha hecho Boluarte indican hacia dónde se inclina su gestión. El ministro de Educación, Óscar Becerra, quien tiene una formación multidisciplinaria, fue señalado por una investigación parlamentaria como partícipe en la adquisición de computadoras a precio sobrevalorado durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), asunto que no desembocó en un procesamiento judicial. Su participación en las redes sociales lo muestra afín a las ideas de quienes cuestionan la evaluación que hace la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de la calidad de las universidades, y que, en nombre de la autonomía universitaria, defienden la proliferación de universidades privadas con fines de lucro. Ha mostrado su inclinación política en una presentación ante una comisión del Congreso, en la que afirmó: “Tenemos que detectar a través de los servicios de inteligencia los elementos que pretenden socavar las bases democráticas de nuestra sociedad (…) lamento reconocer que están infiltrados en el magisterio y en el Ministerio de Educación, no podemos permitirlo”.
El ministro del Interior, Vicente Romero, es el tercero en esa cartera en lo que va de mes y medio del gobierno de Boluarte. Es un general de la Policía Nacional que ha mantenido cercanía con cuatro presidentes de la república. Un video, sin embargo, que circula en redes sociales lo muestra entregando calendarios de propaganda de Alberto Fujimori durante su período presidencial. En lo que lleva de gestión, y dada la actuación de las fuerzas del orden, ha habido 18 civiles muertos que participaban en protestas en la localidad de Juliaca.
Debido a los disturbios (salpicados de desmanes, tal como suele ocurrir en estas expresiones desbordadas), se ha comparado la respuesta gubernamental con el caso de Brasil. En las manifestaciones bolsonaristas que invadieron el Congreso y las sedes judiciales hubo 1.500 detenidos, pero ni un solo muerto.
En el caso de Perú, el primer ministro Alberto Otárola declaró lo siguiente en el Congreso: “Actuaremos con firmeza ante las acechanzas de los extremismos fundamentalistas y mesiánicos y de cualquier forma de totalitarismo impulsado por infiltrados violentistas de toda laya”.
La asimilación de la protesta con el terrorismo es una repetida tesis conservadora cuyo fundamento ha sido anunciado por el vocero del sector derechista en el Congreso. El almirante en situación de retiro Jorge Montoya recitó lo siguiente en Twitter: “Si no se restablece el principio de autoridad, todo está perdido. Las fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso continuar así”.
Boluarte, que se ha definido como “una mujer provinciana de izquierda”, confiesa que no entiende las protestas que se han extendido en el país durante las últimas semanas. Al parecer, al asumir el cargo (para lo cual, dos días antes fue exonerada en el Congreso de una acusación que podría haberle impedido continuar como vicepresidenta), no tenía un rumbo claro. Designó a un primer ministro notoriamente incompetente y a un gabinete formado por técnicos. Las protestas que ocurrieron unos días después (y probablemente alguna suerte de cercanía y de acuerdo con sectores de derecha del Congreso) la llevaron a cambiar el derrotero y a designar a representantes de la “mano dura” en altos cargos.
Entretanto, su desaprobación en la presidencia creció tres puntos porcentuales en enero hasta llegar al 71%, según la encuestadora Ipsos, que detalla que el rechazo es mayor en el interior del país (79%) que en Lima (57%). La desaprobación del primer ministro Otárola es menor, pero también mayoritaria (61%), y la del Congreso ha aumentado hasta el 80%. Asimismo, una abrumadora mayoría favorece el adelanto electoral.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 58% de los peruanos considera que los organismos de seguridad cometieron excesos al reprimir las protestas, pero la mitad de ellos dijo que se sentían identificados con estas. Y el apoyo a la demanda por una nueva Constitución ha pasado del 47% en mayo al 69% en enero.
No está claro cómo se podrá superar una situación que parece entrampada y se adereza con voces que llaman a un guerra civil. El 10 de enero el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sostuvo que las muertes ocurridas son “producto de la protesta popular y el accionar del gobierno” y reiteró su posición “para que el adelanto de las elecciones generales con el recorte presidencial y del Congreso se realice de inmediato”, como una solución efectiva a la crisis política. Además, solicitó la “sanción a quienes han cometido hechos vandálicos contra la infraestructura pública y privada”.
Ciertamente, la renuncia de una aturdida Dina Boluarte no comporta una solución a los problemas de fondo del país. Sin embargo, sería una válvula de escape a la presión de una marea social desatada a partir del golpe de Estado de Pedro Castillo, su vacancia y detención, pero que tiene hondas raíces en la desatención secular, teñida de discriminación y desprecio, que sufren vastos sectores del Perú.
*Sociólogo del derecho. (Latinoamérica21).
