Argentina perdió en promedio un millón de dólares por año durante los últimos cuarenta años como consecuencia de inundaciones, según datos del Banco Mundial. En 2018, la sequía en nuestro país produjo una caída del 2,5% del PBI. Asimismo, según datos de Unicef Argentina, 2.700.000 niños en el país se encuentran expuestos a riesgos asociados al cambio climático y la degradación del ambiente.
Estas cifras, que se repiten a lo largo del planeta, han movilizado la agenda pública internacional en los últimos años. Según la International Renewable Energy Agency, en los últimos diez años la inversión global en energías renovables para el sector eléctrico superó la inversión en fuentes no renovables y nuclear combinadas. A su vez, en el Parlamento Europeo se debaten medidas para restringir las importaciones de commodities provenientes de cadenas con deforestación (por su efecto en las emisiones y la pérdida de biodiversidad).
Para la Argentina, estos cambios representan un enorme desafío, pero también una gran oportunidad de cara a las próximas décadas. Pero aprovecharla requiere consolidar políticas públicas de largo plazo en sectores estratégicos que nos permitan abordar la transición verde con anticipación. Hasta el momento Argentina no ha logrado consolidar una política consistente en materia ambiental, y la ausencia de una mirada compartida entre los actores de la política, el sector privado y la sociedad civil sobre el rumbo a seguir se convierte en un vaivén de marchas y contramarchas. Ejemplo del resultado es el dato aportado por la Cámara Argentina de Energías Renovables: entre 2008 y 2019 Argentina solo captó el 5% de la inversión en energías renovables de América Latina.
Es urgente convertir lo que hoy vemos como una amenaza en una oportunidad para el desarrollo nacional con equidad. Para esto es fundamental generar consensos y repensar miradas estratégicas a mediano y largo plazo. Cippec, en el marco de la iniciativa Democracia 40, ha iniciado una serie de diálogos intersectoriales e intergeneracionales con más de cuarenta expertos y referentes del sector público nacional y provincial, del sector privado y la sociedad civil, para aportar propuestas concretas al debate público sobre cuatro ejes centrales e impulsar una transición verde justa en la Argentina.
El primer eje es la descarbonización progresiva de la matriz energética. Lograrlo implica pensar en forma estratégica cómo aprovechar el escenario de transición energética global y la diversidad de recursos con que cuenta nuestro país. Es esencial atraer inversiones que se orienten al sector de las energías renovables, y en este camino Argentina ya logró, a partir de la implementación de la Ley 27.191, atraer inversiones por US$ 4.700 millones para energías renovables. Pero aún su techo está lejos de ser alcanzado si consideramos que apenas poco más del 10% del consumo eléctrico proviene de estas fuentes.
La transición verde también requiere impulsar al sector agroindustrial como un generador de soluciones a la crisis climática y de biodiversidad. Para ello, se requiere la adaptación de los sistemas productivos al contexto climático y las demandas de los mercados, la eliminación de la deforestación y la intensificación de la producción con buenas prácticas que apunten a recuperar los suelos como fijadores de carbono. Especialmente en un mundo con demandas crecientes de los mercados respecto de la calidad ambiental y social de los sistemas productivos, este segundo eje apunta a posicionar a la Argentina como proveedor de alimentos sostenible.
El tercer eje es la planificación del crecimiento de las ciudades, donde vive el 90% de la población argentina. Sabemos que en los últimos 15 años estas han crecido de forma no planificada, segregada e ineficiente, lo que las hace más vulnerables a los impactos del cambio climático. Es por eso que planificar la expansión urbana y alinear las inversiones en infraestructura de acceso a servicios, impulsando soluciones basadas en la naturaleza como infraestructura verde, son una de las formas más eficientes y costo-efectivas para que las ciudades sean más sostenibles y resilientes, y de brindar garantías a la población más vulnerable.
Aprovechar las oportunidades que ofrecen todos estos desafíos solo será posible si la Argentina logra superar la falsa dicotomía entre producción y ambiente. Para ello, el cuarto eje se enfoca en el fortalecimiento de espacios de articulación federal, como el Gabinete Nacional de Cambio Climático, y la generación una política activa de diálogo intersectorial: estos elementos deben ser la base para un nuevo consenso nacional que potencie el desarrollo de nuestro país.
*Investigador asociado del programa de Desarrollo Económico de Cippec.
