La Duma, el parlamento ruso, aprobó una ley que castiga hasta con cinco años de cárcel a quienes cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI), la que emitió el 17 de marzo pasado una orden de captura contra Vladimir Putin por "crímenes de guerra". Al tiempo, el Kremlin anuló las conmemoraciones de dos fechas emblemáticas de la historia oficial: la del proletariado, el 1 de mayo, y el triunfo contra el nazismo, el 9.
El comunicado para revocar esos actos se funda en "elevadas amenazas terroristas, incluso en regiones alejadas de la operación militar especial", disfraz del ataque de la Federación de Rusia a Ucrania, que viola sus fronteras reconocidas por Naciones Unidas. Así lo entendió la Asamblea General de la ONU en Nueva York al separar el año pasado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dicho Consejo, condenó este mes en Ginebra a Moscú por su invasión a Ucrania. De los ocho países latinoamericanos que votaron, ninguno lo hizo en contra, hubo 5 a favor (Argentina, Chile Costa Rica, Paraguay y México), y tres abstenciones (Cuba, Honduras y Bolivia).
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Las hipótesis de la oposición es que la medida de deshacer las manifestaciones serían para impedir eventuales protestas de quienes acudan a los desfiles con las fotos de sus familiares caídos en los enfrentamientos, debido a las noticias que llegan del frente de guerra.
También mantener en silencio bajo amenazas implícitas de represalias al 60% de quienes salgan a la calle aprovechando las tradicionales fiestas de mayo, actualmente una incógnita de los sondeos de opinión. El 40% restante se divide entre un 20% sería favorable a Putin, y el otro 20% adverso.
El 11 de abril último, las autoridades rusas publicaron la nueva reglamentación para cumplir con las obligaciones del llamado a filas de 147 mil jóvenes de 18 a 27 años para sumarse a las fuerzas armadas, anulando las convocaciones hasta ahora enviadas por correo, reemplazándolas por electrónicas, definiéndolas imposibles que el destinatario pretenda ignorarlas.
Las penalizaciones son drásticas: prohibición de salir del país, comprar o vender bienes, solicitar créditos, emisión de documentos de identidad, permisos de conducir, o registrar sociedades.
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Dmitri Medvédev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, declaró que el arresto de Putin equivaldría a una «declaración de guerra» y recomendó replicar bombardeando la sede de la CPI en La Haya. El presidente Putin tiene previsto viajar a Durban en agosto venidero, para acudir a una reunión del BRICS (Rusia, India, Brasil, China y Sudáfrica).
Por haber firmado el Estatuto de la CPI en el 2000, Pretoria debería entonces detenerlo y extraditarlo a La Haya. Los crímenes imputados a Vladimir Putin por la CPI, se extienden a su colaboradora Maria Alekseyevna Lvova-Belova, «comisaria» para los derechos de la infancia en Rusia.
Ambos son acusados de «deportación» y «traslado» ilegales de niños secuestrados en Ucrania, luego conducidos en secreto a Rusia, conductas prohibidas por las Convenciones del Derecho Internacional Humanitario bajo control de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, que protegen a heridos, prisioneros y poblaciones civiles durante conflictos armados, ratificadas por Rusia.
La cadena de televisión Euronews, reveló que la cantidad de esos menores ascendería a 150 mil. La persecución de la justicia internacional contra Putin y Lvova-Belova, fue decidida por una instancia de la CPI integrada por tres magistrados: el italiano Rosario Salvatore Aitala, la japonesa Tomoko Akane, y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, de Costa Rica.
Las razones de la apropiación ilegal masiva de menores perpetrada por Rusia en Ucrania obedecería a paliar una demografía deficitaria: baja esperanza de vida, un Estado de 143 millones de habitantes, con una economía dependiente de los hidrocarburos y más débil que la de Italia, poblada de 58.800.000 personas. Sin embargo, Rusia es un país dotado de 5.977 ojivas nucleares.
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De aquí a la cumbre sudafricana del BRICS, tal vez hayan evolucionado los indicios para un plan de paz que ponga fin a la agresión rusa en Ucrania. A su manera, China brega para ello. Sin condenar la invasión de Rusia en Ucrania, y dando por congelado el 16 % de territorio ucraniano usurpado por Rusia a consecuencia de la apropiación por la fuerza militar, Pekín ha publicado 12 puntos, susceptibles de constituir una base de negociación: respeto a la soberanía, fin de la lógica de los bloques, cese de hostilidades, conversaciones entre los beligerantes, crisis humanitaria, protección de civiles y prisioneros, seguridad nuclear, prevención de una escalada nuclear, cereales, fin de sanciones, estabilidad económica, y reconstrucción, pero no existe todavía una agenda pactada en vista de avanzar hacia discusiones bilaterales.
Los países del BRICS representan hoy el 40% de la población mundial y un cuarto del Producto Interno Bruto del planeta, cuyo ascendente sobre los países occidentales alcanzaría el 50% en 2030. Han creado el Nuevo Banco del Desarrollo, dirigido por la ex Presidenta de Brasil, Dilma Roussef. China se ha convertido en el principal socio mundial del Brasil. En 2022 China importó 90 mil millones de dólares de productos brasileños, y exportó 60 mil millones del dólares de los suyos.
Unos 15 nuevos acuerdos por 10 mil millones de dólares se han firmado en la reciente visita del Presidente Lula a China. En dicha visita, el mandatario brasileño aprovechó para echar a rodar algunas ideas que podrían integrar un eventual plan de paz, electrizando el debate.
Dijo que «los Estados Unidos deben cesar de alentar la guerra y comenzar a hablar de paz. La Unión Europea debe empezar a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y Zelensky que la paz interesa a todo el mundo», fórmula que atribuiría la voluntad de proseguir la guerra a los países occidentales, afirmación que estos países obviamente rechazan.
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Para enardecer aún más el debate, antes de aterrizar en Shangai, Lula, adelantó que «Putin no puede continuar avanzando en la ocupación de Ucrania en nombre de la paz» y que Volodymyr Zelensky, «tiene que renunciar a Crimea ... no puede querer todo». Tal vez Lula debió abordar estos temas con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en su paso esta semana por Brasilia, parte de una gira que incluye a Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El Presidente ucraniano ha manifestando su deseo de conversar con el líder chino Xi Jinping sobre sus 12 puntos y Pekín estaría dispuesta. Por su parte, Zelensky dispone de sus propios diez puntos para alcanzar la paz, algunos parecidos al menos en su formulación a los el Xi Jinping: seguridad alimentaria, radiológica, nuclear y energética, liberación de prisioneros deportados, implementación de la Carta de la ONU, retiro de la tropas rusas y cese de hostilidades, justicia, ecocídio y protección del medio ambiente, prevención de la escalada, y confirmación del fin de la guerra. El debate parece servido.
