Cuando las redes sociales arrojan ladrillos de odio se convierten en muros fronterizos. Si conectan mentiras en lugar de personas adulteran su naturaleza dejando a las nuevas tecnologías al servicio de la polarización.
Lee McIntyre, profesor de la Universidad de Boston, define a la posverdad como la subordinación política de la realidad. Allí los sentimientos tienen más peso que los hechos reales y la evidencia. La negación de la ciencia, de las vacunas o el cambio climático, los sesgos cognitivos y la proliferación de noticias falsas reflejan la aspiración desenfrenada de imponer una supremacía ideológica (Post-Truth, MIT Press).
En el libro Arrogancia, Polarización y Dogmatismo (Routledge, 2020), los autores encuentran un vínculo entre el nivel de confrontación social y la difusión de supuestas soluciones mágicas a problemas complejos. Prédicas de pseudociencias que claman fantasías y verdades reveladas. Discursos de odio que inventan culpables para transformar la frustración en rencor. Y el rencor en intolerancia y violencia.
En la política del meme y el recorte intencionado, todo vale para llamar la atención. Las redes sociales, como puñado de caracteres y fotos que hablan, son un vehículo ideal para mercaderes de falsas certidumbres. En las cámaras de eco no es posible diferenciar matices y las categorías de verdadero y falso se reducen a lo verosímil.
Solo las sentencias cortas y firmes son susceptibles de multiplicarse en cajas de resonancia que perduran. Justin Farrell, académico de la Universidad de Yale, demuestra que los movimientos radicales pueden exacerbar las tensiones sociales con efectos duraderos y resquebrajar los lazos comunitarios en el largo plazo (American Sociological Review).
La infodemia es una amenaza global para la cohesión social. En la India, más de veinte personas fueron asesinadas después de que se hicieran virales rumores falsos sobre la presencia de secuestradores de niños en varios pueblos del país. En Estados Unidos, un hombre disparó un rifle en un restaurante tras leer que el establecimiento formaba parte de una red de tráfico de personas liderada por el Partido Demócrata (episodio que más tarde se conoció como Pizzagate). La desinformación no solo representa un desafío para la vida democrática, sino también para la seguridad ciudadana.
Así lo entiende la Unión Europea, que estableció un Código de buenas prácticas contra la desinformación; Francia, que sancionó la Ley de lucha contra la propagación de información falsa y la manipulación de la información durante las campañas electorales; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elaboró una Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. También la Argentina, que adhirió al Pacto por la Información y la Democracia del que forman parte más de 40 país.
Con estos antecedentes pusimos en marcha en el Consejo Económico y Social (CES) el programa “Redes para el bien común, que busca enriquecer el ecosistema digital y la calidad del debate público a partir de principios de pluralidad y respeto. También alcanzar consensos sobre ideas innovadoras para mitigar la propagación de fake news. El foro internacional “Atrapados en la red” y la publicación del documento “Noticias falsas y dicursos de odio como amenazas a la convivencia democrática” fueron las primeras etapas de la iniciativa, que está coordinada por una de las consejeras del CES, Marita Carballo.
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“Redes para el bien común” trabaja sobre tres ejes. El primero es el conocimiento profundo del escenario digital actual. Para ello, se encuentra en desarrollo un estudio multidisciplinario de alcance federal para medir el impacto de los entornos digitales en el bienestar general de la población argentina. El segundo es la consolidación de un Panel global de especialistas en ciudadanía digital (entre quienes se destacan Martín Becerra, Mario Riorda, Silvia Toscano, Daniel Innerarity y Julia Cagé) que tendrá como objetivo formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de políticas públicas que permitan construir entornos digitales más respetuosos y plurales. El tercer y último eje del programa busca el establecimiento de acuerdos y compromisos entre múltiples sectores de la sociedad en torno a esta agenda. Más de 600 participantes de las 5 regiones del país (Norte, Centro, Cuyo, Sur y Bonaerense), 57 universidades públicas y privadas y 25 asociaciones civiles participaron a comienzos de noviembre del “Foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación”, donde se discutieron los lineamientos de un Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet, cuyo texto final será elaborado y consensuado de modo plural en el ámbito del Consejo, y elevado a los actores diversos de la vida pública argentina.
Las conclusiones de toda esta tarea resultan contundentes. La alfabetización digital mediática dejó de ser una opción. No podemos consentir que el debate público sea gobernado por bots hostiles y ficciones apocalípticas donde reina la difamación y el agravio. La soberanía política cada vez más tiene como condición necesaria una soberanía digital de la información. Como lo señaló en uno de los foros del CES, Andrea Renda, experto europeo en gobernanza global, regulación y economía digital: “El futuro de la tecnología es sin idioma. Todo el sistema de educación del mundo va a hacer una convergencia hacia un idioma común. Lo cual puede ser una ventaja, pero también supone el riesgo de pérdida de riqueza cultural”.
Un informe de Unctad e Ipsos estimó que el 83% de las personas a nivel global considera que las noticias falsas impactan negativamente sobre el debate político en sus países, mientras que el 87% está de acuerdo con brindar contenidos educativos para su identificación (Fake News: A Global Epidemic, Centre for International Governance Innovation).
Un equipo de investigación de la Universidad de Cambridge comprobó que la educación en edades tempranas puede ser muy efectiva en la detección de fake news y para evitar sus consecuencias (Good News about Bad News, Journal of Cognition, 2020).
También se requieren acciones multilaterales. El estudio de decenas de miles de tweets durante la pandemia muestra que las noticias falsas se mueven a través de las fronteras y pusieron vidas en riesgo a partir de una narrativa imaginaria y la invención de teorías conspirativas, esparciendo a la vez desánimo y desconfianza (Covid-19 fake news diffusion across Latin America, Springer).
Las grandes plataformas deben asumir con responsabilidad su rol y consolidar políticas de transparencia sobre el origen de contenidos virales. Las nuevas tecnologías demandan nuevas formas de regulación y auto-regulación por parte de los gigantes tecnológicos, que tendrán mayor oportunidad de éxito si gozan de la legitimidad que brindan procesos amplios de participación ciudadana y cumplen acuerdos globales.
Construir una “democracia de la atención” supone poner énfasis en las necesidades acuciantes de los más postergados y al mismo tiempo posar la mirada en las lógicas de distracción de lo esencial a las cuales nos somete el bombardeo digital adictivo. Tomar conciencia de ambas dimensiones supone recuperar nuestra autonomía como ciudadanos no manipulables.
Nada bueno puede cosecharse de la siembra de odio y división. Una Argentina de pie precisa que dejemos de empujarnos unos a otros. Mientras una mitad tire para un lado y la otra mitad para el extremo opuesto no iremos a ningún lado. Como en un peligroso juego de la soga, cuando se rompa, todos caeremos al suelo.
*Secretario de Asuntos Estratégicos de la ArgentinaPresidente del Consejo Económico y Social
