Muchos dirigentes políticos –demasiados- creen que su función es regular la vida de la gente. Por ejemplo, estableciendo cómo, cuándo, cuánto y para quién trabajar. Nosotros, los liberales, no.
Este amor histórico de la corporación política por dirigir nuestras vidas pudo verse en todo su esplendor en un reciente proyecto de ley que, de aprobarse, dejaría a decenas de miles de repartidores bonaerenses en la calle y a miles de pymes provinciales al borde del quebranto.
Impulsado por el kirchnerismo de Kicillof pero increíblemente votado por unanimidad en el Senado bonaerense, el proyecto consiste en obligar a todos los repartidores que transporten o entreguen alimentos, medicamentos, pedidos o bienes de cualquier tipo, a inscribirse en un registro como empleados y obligar a las empresas que los contratan a cumplir con la legislación laboral.
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La iniciativa es grave por la sencilla razón de que los repartidores no son empleados y la relación que mantienen con sus contratantes no tiene nada de laboral.
Muchas y muy claras son las evidencias de eso, entre las que podemos destacar que:
1.- Son dueños del vehículo en el que hacen el reparto, es decir, del capital,
2.- Asumen riesgos económicos como cualquier prestador de servicios independiente, pudiendo incluso llegar a tener pérdidas económicas
3.- No están atados a exclusividad con ninguna empresa, pudiendo hacer repartos con varias de ellas
4.- No están obligados a cumplir horarios ni asistir con una periodicidad determinada; al contrario, eligen los días y el horario en el que trabajan
5.- No están obligados a mantener un servicio de forma permanente y/o continua, pudiendo dejar de trabajar cuando lo deseen y retomar, también cuando deseen.
No hace falta ser demasiado lúcido para comprender que, si se aprueba este proyecto, los repartidores se quedarán sin trabajo y las empresas sufrirán considerables bajas en sus ventas.
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¿Por qué? Porque no podrán o no querrán trabajar la cantidad mínima de horas que exige la legislación laboral y/o porque los costos para sus contratantes, ahora “empleadores”, se incrementarán tan significativamente que no será rentable contratarlos.
Se podría suponer que semejante mamarracho de proyecto obedece al clásico desconocimiento de la realidad de la corporación política, desconocimiento que vimos brillar con la ley de alquileres; también se podría pensar que la iniciativa responde al típico sesgo ideológico estatista y populista que desgraciadamente ha campeado los últimos años en nuestro país.
Pero todo indica que detrás de esta propuesta existe la aviesa intención de crear otro sindicato contra natura para esquilmar el bolsillo de trabajadores que no son trabajadores y beneficiarse de las ya conocidas prebendas que la casta sindical ha sabido conseguir en nuestro país.
Las peleas a cielo abierto entre dirigentes gremiales por hacerse de un sindicato que todavía no existe resultan obscenas.
Por supuesto, esta voracidad por fondos ajenos se disfraza con un discurso de supuesta preocupación por los derechos de quienes llaman trabajadores y que se presenta con un énfasis que no se ve para cuestionar la inflación, el desabastecimiento y la corrupción que sí afectan a todos los trabajadores de nuestro país.
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Por otro lado, desde el punto estrictamente jurídico, el proyecto es claramente inconstitucional porque viola la delegación de facultades establecida en nuestra Ley Suprema, que reserva para el Congreso Nacional el dictado de leyes en materia laboral.
En otras palabras, es el Poder Legislativo nacional el que puede decidir si determinada relación reviste el carácter laboral o no.
Además, nuestra sabia Constitución Nacional, que en estos días está cumpliendo 170 años, consagra el principio de la autonomía de la voluntad y reconoce también los derechos a trabajar, ejercer industria lícita y comerciar.
También garantiza la protección de los intereses económicos de los consumidores y de la libertad de elección de los mismos a la vez que ordena proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.
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Fue esa sabiduría de nuestros constituyentes la que permite contener jurídicamente realidades que no pudieron siquiera imaginar, como la fenomenal expansión que ha tenido en el mundo en los últimos años lo que muchos llaman “economía colaborativa” gracias a la revolución digital a la que estamos asistiendo.
Infinidad de aplicaciones y plataformas digitales accesibles en dispositivos electrónicos al alcance de cualquier persona conectan directamente al usuario con el prestador de servicio o proveedor de un bien, produciendo un gran progreso en la asignación de recursos con fuerte reducción de costos y una gran mejoría en el aprovechamiento del tiempo, entre otros beneficios.
Cientos de miles de personas se benefician de la flexibilidad de esta modalidad contractual, que permite prestar un servicio de manera total o parcial con total libertad, incluso pocas horas por día o semana, cubriendo así los aumentos de demandas típicos de las horas picos o de determinados días de la semana; de esta manera se incorporan al mercado productivo muchos que hoy se encuentran excluidos como jubilados, estudiantes universitarios, amas de casa e incluso personas con trabajo que quieran aumentar sus ingresos.
El hecho antes apuntado de que el proyecto haya sido aprobado en forma unánime en el Senado muestra hasta qué punto la clase política está divorciada de la realidad, a la vez que evidencia, como nunca antes, la urgente necesidad de votar legisladores liberales que no concentren sus energías en decirle a sus representados cómo deben vivir sus vidas, sino, por el contrario, a defender su libertad de vivirlas como les plazca.
*Pte. Bloque Avanza Libertad en la Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires
