Es necesario distinguir entre segmentación tarifaria del consumo y segmentación tarifaria para la aplicación de subsidios. Los subsidios a la electricidad y al gas natural por redes comienza con Néstor Kirchner allá por 2003. Antes, sin subsidios, los servicios eran buenos, se exportaba y había un flujo de inversiones privadas hacia el sector que le permitían calidad con tarifas económicas que eran las más bajas de la región.
En países normales, los subsidios significan transferir recursos entre sectores y se recurre a ellos en situaciones excepcionales, con precisión quirúrgica y durante el menor tiempo posible. Lo que hizo el kirchnerismo fue todo lo contrario ya que en 2003 no hubo causa que justificara subsidiar a la energía, ni económicas ni sociales. Al contrario, se iniciaba un período de bonanza con superávits gemelos y con un aumento histórico de las commodities del campo.
Sin embargo Kirchner, inspirado en consignas populistas, decide congelar por tiempo indefinido el valor de las tarifas de luz y gas rompiendo unilateralmente las cláusulas contractuales con las empresas prestadoras de los servicios.
El congelamiento en un contexto inflacionario genera un desfasaje entre el precio de la tarifa fijado por el gobierno y el costo económico que implica producir, transportar y distribuir la electricidad y el gas. Hubo entonces una brecha creciente entre el precio congelado de las tarifas y el costo económico de las mismas, que se pretendió cubrir parcialmente con subsidios.
No hubo motivos económicos ni sociales para comenzar a subsidiar el consumo de gas y electricidad, y menos sostener los subsidios indefinidamente durante tres períodos presidenciales con una inflación del 1.100%. Pero los magros subsidios otorgados por el Estado no cubrían inversiones y para 2015 el sector energético argentino estuvo al borde del colapso.
El gobierno de Macri, con gran costo político y esfuerzo de los usuarios, revierte una situación de 20% del pago de usuarios y 80% de susidios que pagaba compulsivamente toda la ciudadanía, a otra con una relación 80% usuarios 20% subsidios, reactivándose la inversión, mejorando los servicios y reduciendo las importaciones.
Pero a partir de 2019, el cuarto gobierno kirchnerista, en vez de mantener esa relación que tanto había costado, vuelve a imponer el congelamiento. Y hoy, a dos años y medio, la relación es 30% usuarios 70% subsidios y comienza la escasez –gasoil y gas–, las importaciones vuelan y se produce la consabida caída en la calidad de los servicios.
El desmanejo del sector energético afecta a la macro al absorber recursos de la economía para afrontar subsidios energéticos que en 2021 fueron de US$ 10.500 millones y este año si no llegan a los 13 mil millones será porque no están los dólares para importar la cantidad necesaria de gas natural licuado.
Ahora, ante un panorama económico y social sombrío: riesgo país arriba de los 2 mil puntos básicos, expectativa inflacionaria para el año del 75%, falta de dólares, brecha cambiaria, cepo, faltante de componentes importadas para la industria, compromisos incumplibles con el FMI y faltantes de gasoil y gas natural, el Gobierno se anima tardíamente a un tímido y postergado ajuste tarifario vía DNU, que denomina Régimen de Segmentación de Subsidios. Esta segmentación, que será el único ajuste de tarifas de luz y gas para todo 2022, significará en el mejor de los casos una reducción de subsidios del 0,05% del PBI. Nada respecto del compromiso con el Fondo para este año, que era de 0,6%.
Los considerandos del DNU abundan en conceptos magnánimos y demagógicos, pero lo que decreta luego lo transforman en un relato inviable.
Se habla de equidad, solidaridad, inclusión social, protección a sectores de bajos recursos, etc., etc., etc. Todos nobles propósitos pero que en realidad no se reflejan en los cuadros tarifarios donde, por ejemplo, se pasa por alto el tema impositivo, principal causante de inequidad e injusticia. Los impuestos y otros gravámenes aplicados discrecionalmente a las facturas de consumo en varios municipios significan una doble imposición, pero los entes reguladores intervenidos mantienen un silencio cómplice. Para colmo, todos esos gravámenes son ad valorem, es decir, van enganchados con cada aumento tarifario en una proporción fija a costa de los usuarios, aunque no tengan nada que ver con el costo del energético que consumen.
Mas allá del tipo de redacción pseudoinclusiva que expresa palabras como consumidores, usuarios, beneficiarios, etc., innecesariamente en masculino y femenino, este régimen será de difícil aplicación por las instancias burocráticas y dependencias administrativas intervinientes. Es como si quisieran implementar una policía energética. Por otro lado, es muy probable que el costo de implementación de este régimen supere los magros beneficios esperados.
La experiencia en los anteriores gobiernos K ya ha demostrado el fracaso de una segmentación basada en criterios socioeconómicos donde abundaron errores por exclusión y por inclusión.
En esta nueva versión se define el perfil de los usuarios que dejarán de recibir subsidios, en base a su poder adquisitivo, dado por el ingreso familiar, que debe ser mayor que 3,5 veces la CBT –canasta básica total–, hoy de unos $ 330 mil, o la propiedad de tres casas o tres autos o un avión o embarcación de lujo. Evidentemente, serán mucho más del 10% los usuarios que pagarán la tarifa plena, dado ese piso de ingresos. El valor que terminarán pagando a fin de año estará entre dos y tres veces lo que pagan actualmente. El segmento 2, donde están los usuarios que califican para la tarifa social, no tendrá más aumentos este año porque el de marzo ya cubre el definido por el 40% del CVS –Coeficiente de Variación Salarial– de 2021. Es un segmento que debería actualizarse porque no se sabe qué porcentaje de usuarios comprende. Entonces, el segmento 3, que tendrá un aumento solo del 22% en lo que resta del año, tampoco está definido.
Todo usuario que no esté en el segmento sin subsidios deberá registrarse en un formulario con carácter de declaración jurada.
Esta nueva segmentación se suma a la ya existente con infinidad de categorías de usuarios implementadas a partir de 2004 por el kirchnerismo. Con anterioridad había solo una categoría residencial, junto a la comercial e industrial, y era todo más sencillo.
Hay que aclarar que la tarifa sin subsidios será mucho más cara a moneda constante que hace diez años porque los costos de producción han aumentado por falta de inversión, además del componente de importación creciente, fruto del populismo energético.
Esta segmentación no resuelve nada y complica todo. En mi opinión, debería definirse bien el segmento de usuarios que realmente no están en condiciones de pagar la tarifa plena y el resto pagarla, como ocurre en cualquier país del mundo.
*Ingeniero consultor, ex secretario de Energía y Minería.
