La problemática fiscal y monetaria de Argentina acapara todos los análisis en materia de déficits y nos mantiene semana a semana atentos a las novedades del caso. Pero hay otros indicadores, que también nos muestran un déficit preocupante, en atención al tiempo que lleva vigente la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública en el nivel nacional.
A modo de muestra, el reciente informe del Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas, entre otros que se dan a conocer por parte de organizaciones de la sociedad civil, pública, local e internacional, nos muestra nuevamente la opacidad con la que gran parte de las provincias y municipios se encuentran gestionando.
Muestran, de este modo, dos datos claros: primero, la falta de una cultura republicana dentro de las organizaciones públicas, y segundo, la falta de modernización tecnológica que promueve necesariamente estas aperturas en las relaciones entre gobernados y gobernantes.
Preocupa por esto, ver a las ciudades importantes de la Argentina por debajo del promedio en apertura de datos, pero más preocupa la lenta aplicación y puesta en vigencia de leyes marco de acceso a la información pública que alcancen a los tres poderes del gobierno.
En muchos casos, no solo no hay normativa adecuada a los estándares actuales sobre acceso y accesibilidad, sino además, nos encontramos solo con decretos para poderes ejecutivos, o sólo normas escuetas y ambiguas para los poderes de gobierno, y desde ya, la excepción clara es una normativa que alcance al poder judicial.
Transparencia Activa en déficit
Además, en todos estos casos, el dispositivo que no aparece prácticamente en el relevamiento de normativa es la institución de Transparencia Activa. En este sentido, es fundamental la práctica activa de las organizaciones estatales de disponer información básica durante las 24 horas, los 7 días de la semana, durante los 365 días del año, y es relativa a: sueldos, planta contratada, licitaciones, partidas presupuestarias, obras en curso y terminadas, declaraciones juradas de funcionarios, entre otros puntos.
Por esto, cabe concluir que, desde 2016 a la fecha, han pasado siete años en donde ni la Ley de Acceso a la Información Pública nacional encuentra aplicación plena y extendida, sin ningún sesgo interpretativo por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, ni ésta logró, que las provincias y municipios la tomen como referencia para modernizar su normativa para fortalecer la comunicación pública en el ámbito local.
Necesitamos una nueva Ley de Ética y prácticas, y funcionarios con integridad
Lo anterior, debe ser un fuerte llamado de atención por déficit republicano a todas las fuerzas políticas, en tanto no encuentra a un sólo partido o coalición que pueda a la fecha dar cuenta de constancia y coherencia en la apertura de las administraciones a lo largo y ancho de las jurisdicciones del país. Pocos dirigentes, nos sobran los dedos de una mano, en el nivel local pueden presumir de gestionar una administración abierta y modernizada.
Recordemos, finalmente que, al menos, para considerar una administración abierta y modernizada el piso de información pública abierta debe respetar los principios de máxima divulgación, informalismo a favor del ciudadano, máximo acceso y difusión de datos por la mayor cantidad de medios disponibles.
Poco de todo lo anterior ocurre, basta ver la complicación diaria que puede tener cualquier comerciante, emprendedor, personas con discapacidad e incluso nuestros adultos mayores a la hora de querer acceder a normativa clara, estadísticas y trámites simples por bienes públicos.
