La libertad de expresión es un pilar de las democracias modernas, que siguen siendo las democracias republicanas. Las alternativas que se les oponen encubren el propósito real restaurar el poder absoluto predemocrático. De allí la insistencia en detonar la división de poderes y regimentar al periodismo.
La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos, iguales ante la ley. Al periodismo le atañe de manera especial. Tanto que las constituciones más recientes incluyen normas complementarias, como la protección del secreto de las fuentes de información.
No es un privilegio de los periodistas o de los medios. Son institutos concebidos para facilitar la satisfacción de otro derecho, de jerarquía superior, el derecho de los ciudadanos a la información. A una reconstrucción fiel de los hechos y a conocer la diversidad de opiniones.
El periodismo dispone así de las condiciones jurídicas para cumplir, sin censura ni interferencias, el mandato ético de contribuir a la construcción del pensamiento crítico de los ciudadanos. Requisito indispensable para el libre ejercicio de la soberanía popular, que es la esencia de la democracia.
El proyecto del gobernador riojano somete al periodismo
Aunque estos conceptos suenen obvios, deben reafirmarse. El proyecto de reforma constitucional en La Rioja confirma que nunca falta un autócrata –en este caso, un aspirante a dictadorzuelo comarcal– dispuesto a vulnerar la libertad de expresión y a someter al periodismo.
Estos intentos groseros de regresión conviven con otras amenazas a aquellos valores centrales de la democracia. Destacan la creciente polarización de las sociedades –una patología que enraizó con fuerza en Argentina–, y la destrucción del mercado publicitario tradicional, sustento económico de los medios.
Como en las guerras, la verdad es la primera víctima de la confrontación perpetua, de las antinomias irreductibles construidas bajo la dialéctica amigo-enemigo. Esa práctica adultera el libre juego de mayorías y minorías. Excluye el pluralismo. Bloquea los necesarios espacios de cooperación. No tolera o contamina al periodismo libre. Y aniquila el juicio crítico para manipular la voluntad popular.
Las nuevas tecnologías de la información democratizan la comunicación. Los medios perdieron el monopolio de la emisión de contenidos. Todos podemos publicar en las redes sociales. La contracara es que, en ese espacio virtual, no existe el mandato ético de fundamentar las opiniones propias, respetar las ajenas y acreditar la veracidad de las informaciones. La polarización política, y los intentos de manipulación de sectores de pode, intoxican el debate genuino, que también discurre en las redes.
Las redes y sus algoritmos, también contribuyen
Los algoritmos de las grandes plataformas digitales potencian los efectos negativos. Direccionan los contenidos conforme a las preferencias que detectan en cada usuario. Lo cual refuerza el sesgo de confirmación, consumimos los contenidos que reafirman nuestros prejuicios y posiciones. Ese sesgo excluye las ideas diferentes, lesiona el pluralismo y aniquila el juicio crítico.
Los algoritmos también direccionan la publicidad según las inclinaciones y necesidades de consumo que detecta. Personalización y masividad –por el alcance de las plataformas globales– optimizan la eficacia del mensaje. El enorme volumen que se opera reduce costos por economías de escala. La publicidad programática es efectiva y barata.
Hace un par de años Google y Facebook llegaron a concentrar así el 80% de la torta publicitaria global. Este fenómeno demolió el financiamiento tradicional de los medios. Y sin autonomía económica, la independencia editorial es vulnerable o directamente ilusoria.
Oportunidad para los lobos del poder, siempre al acecho. Gobiernos que, con pautas multimillonarias, intentan volverse determinantes para la subsistencia financiera de medios débiles. Para condicionarlos o subordinarlos. Basta revisar diarios de provincias más pequeñas para advertirlo. Esa voluntad política asoma incluso en distritos con economías privadas más vigorosas, como Córdoba. La escala es menor, pero una sociedad democrática debería activar a tiempo sus defensas.
Carlos Sagristani (radio Mitre Córdoba) - Ganador del Premio Perfil a la Libertad de Expresión
