La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, fue denunciada este lunes 21 de marzo por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, luego de que dictara una resolución para extender los plazos de acceso a la información pública que vencían entre el 10 de marzo y el de 10 de abril de este año.
Así lo adelantó el equipo legal de Fundación Apolo en la presentación, que lleva la firma de los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, que cuestionan que la funcionaria “haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa, lo cual, a criterio de los abogados de la Fundación Apolo, constituye un verdadero disparate”.
De acuerdo al documento, de Anchorena podría haber cometido los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, por haber dictado la resolución “2022-1-APN-AAIP”, en la cual estableció “una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la ley 27.275 de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022”.
La oposición pidió al Gobierno explicaciones por la filtración de datos en el Renaper
“El art. 1° de la ley 27.275 establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: “la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”, argumentan los letrados.
En ese sentido, agregaron: “¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos?".
Asimismo, cuestionaron: "¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”.
Renunció el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública
Cabe destacar que desde la misma fundación ya habían cuestionado a la funcionaria ante su designación el pasado 10 de marzo, por considerar “que carecía de idoneidad profesional y moral”.
La causa, que lleva el número 873/2022 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del Dr. Casanello.
Más de 50 diputados piden que se informe sobre la suspensión de entrega de información
La diputada de Juntos por el Cambio, Karina Banfi, presentó un pedido de informe ante la Cámara de Diputados para que la titular de la AAIP brinde explicaciones por "suspender y prorrogar por 20 días hábiles los plazos administrativos de la Agencia, entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2022".
“La medida de Anchorena implica la violación de un derecho humano fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y por tratados internacionales. El acceso a la información es un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a otros derechos sociales, económicos y culturales”, afirmó Banfi, miembro informante de la ley de Acceso a la Información Pública.
El proyecto, que lleva la firma de cincuenta legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio, denunció también que la resolución del organismo "solo se ingresó a la sección de normativas de la página de la Agencia y no fue publicada en el Boletín Oficial violando así las obligaciones de publicidad y de transparencia activa de todas las disposiciones de gestión administrativa que de ella misma emanan".
“Los plazos de entrega de la información son una cuestión central de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. La resolución que los suspende implica una violación directa de la normativa que no se puede tolerar porque lo que está en juego es es un derecho humano", analizó la legisladora.
Para Banfi, esta medida "evidencia la falta de idoneidad de la nueva titular” de la Agencia.
AG cp
