jueves 05 de agosto de 2021
OPINIóN Análisis
26-04-2021 09:49

A la información pública no hay quien la cuide

Sin titulares designados para las Agencias de Acceso a la Información Pública en el Poder Legislativo y el Ejecutivo y sin las Universidades Estatales, a casi 5 años de la sanción de la Ley 27.275, no hay actores activos y con autonomía que cuiden a la información pública que es de las personas y no del Estado.

26-04-2021 09:49

En términos reflexivos, muy debatibles por tanto, como sociedad nos encontramos en un estado en que el gobierno nacional, tomando como tales a los dos poderes del Estado Argentino con carácter activo, no tiene en vigencia a un titular de su agencia o directamente no tiene siquiera a la agencia de acceso a la información pública instituida.

Estos dos poderes son, el Poder Ejecutivo de la Nación sin una designación de su titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública desde enero del presente año. El otro poder, el Poder Legislativo, no lo tiene en vistas a la brevedad su conformación y dar inicio al proceso de selección y designación de su titular de Agencia de Acceso a la Información Pública para el Congreso de la Nación.

Sin adentrarnos en los restantes sujetos obligados de la Ley 27.275, que deben tener sus autoridades vigentes, estos dos poderes al menos son los más importantes en términos políticos en tanto son líderes en procesos de apertura de gobierno y del Estado en toda su dimensión si lo pensamos en términos constitucionales.

 

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La problemática se acrecienta en tanto el Jefe de Gabinete no muestra reflejos para mejorar resoluciones y decretos que eleven los estándares y vuelvan válidos y vigentes a los principios de máxima publicidad de los actos de gobierno como norte de todas las acciones de los funcionarios.


Pero por si fuera poco, este gobierno ha creado un oxímoron nuevo en materia de políticas públicas de transparencia. Es un gobierno que en términos discursivos se publicita abierto, transparente, participativo, pero en beneficio de esa ciudadanía o pueblo al que debería dirigir su atención para facilitar el acceder a la información lo que logra consagrar es una suerte de punto de partida en la opacidad y un tímido camino crepuscular hacia la apertura y transparencia del gobierno. Una suerte de crepúsculo previo a la luz que transparenta en su totalidad los actos públicos de los funcionarios.

Ergo, este punto de partida opaco no transita más allá de un set de políticas crepusculares que no llegan a iluminar y transparentar al sol desinfectante a las necesarias políticas de ética, integridad, anticorrupción y acceso a transparencia activa, además de los necesarios nuevos códigos de integridad y sin datos abiertos digitales y reutilizables en todas su áreas.

 

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Ahora bien, tomemos un caso más relevante que aún hoy no es visibilizado y es la débil transparencia activa de las Universidades de gestión estatal en la Argentina.

Salvo honrosas excepciones en materia de transparencia, el resto de las más de 50 universidades estatales no poseen políticas de transparencia, conforme a la Ley 27.275, y entre todas disponen para sí de una partida total del presupuesto nacional que varía entre un 3,5 a 4% del total presupuestado y esto se refleja en un 99% de presupuesto público dedicado a sueldos en cada casa de altos estudios. Prácticamente, no tienen otra fuente de financiamiento más que el gasto público estatal y casi todo lo que reciben se direcciona para sueldos, ergo bien podrían ser los primeros en mostrar liderazgo en apertura y transparencia activa aplicando la Ley de Acceso a la Información Pública.

Todo lo cual, nos hace pensar en una doble dimensión paradójica: Las instituciones meritocráticas por excelencia en el régimen democrático tampoco no lideran políticas de transparencia y a lo sumo se encuentran en un momento de transparencia crepuscular también.

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Como síntesis, sin titulares designados para las Agencias de Acceso a la Información Pública en el Poder Legislativo y el Ejecutivo y sin las Universidades Estatales, en su mayoría, como actores meritocráticos que podrían sostener políticas tendenciales de transparencia sin dar un paso atrás o estarse a la vanguardia terminamos por ver que a casi 5 años de la sanción de la Ley 27.275, no hay actores activos y con autonomía que cuiden a la información pública que es de las personas y no del Estado.

Nos queda mucho por reflexionar en conjunto a la sociedad civil y respecto del desarrollo de una masa crítica y una conciencia que desde lo cultural y ético valore estas cuestiones como temas prioritarios y fundamentales para la Agenda Pública y posterior Agenda de Gobierno que culminen en un Estado Abierto. Hoy, en el plano discursivo desde el gobierno se publicita un Estado Abierto, pero la realidad es que algunos poderes aún son opacos y los de gobierno realmente están detenidos en un momento crepuscular.
 


* Javier Adrián Cubillas. Analistas de Asuntos Públicos.