La información es un bien público central. Abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda conocer los actos de gobierno y elaborar un juicio sobre el desempeño de una administración. La agenda de transparencia y acceso a la información pone de relieve una dimensión clave de cualquier régimen democrático.
Esta agenda se compone, por un lado, de las demandas de información de la sociedad civil (un aluvional conjunto de instituciones e individuos) y, por otro, de la oferta de información que presenta el Estado en cualquiera de sus niveles y poderes. La oferta requiere de una estructura organizacional que pueda promover activamente la publicación de información y dar respuesta a las solicitudes no solo de organizaciones sociales sino de la ciudadanía en general.
La agenda de transparencia y acceso a la información pone de relieve una dimensión clave de cualquier régimen democrático
En nuestro país, la ley 27.275 reconoce y regula el derecho de acceso a la información en los tres poderes del Estado nacional y en los organismos extra poder (Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa), y el decreto 899/17 crea una instancia de coordinación entre las agencias que pertenecen a cada poder y organismo extra poder. Esta arquitectura institucional diseñada para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información cuenta también con un sistema de indicadores para medir su desempeño (elaborado de manera participativa por actores de esta política junto con el apoyo de EUROsociAL+) y con una línea de base relevada e informada por CIPPEC.
Si bien el resultado de la medición indicó un valor alto del cumplimiento, se encontraron algunos desafíos para profundizar la política de acceso a la información y transparencia activa. Entre ellos, la creación de las agencias de acceso a la información que aún están pendientes, en el Congreso y la Corte Suprema; que todas las agencias tengan un presupuesto propio que permita garantizar su autonomía; y aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre el derecho de acceso a la información, básicamente para que lo que es un bien público vertebral no quede limitado a un supuesto “interés de nicho”.
Cuestionan al candidato del Gobierno para la agencia de transparencia
Sin duda, para afrontarlos será necesario contar con agencias cuyos líderes cumplan con los criterios de idoneidad e independencia. La selección de quien vaya a ocupar la dirección de la Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo representa una gran oportunidad para comenzar a establecer una política de Estado que otorgue estabilidad y previsibilidad al organismo que debe velar por el derecho de acceso a la información. Pero recordemos que, aunque crucial, es apenas el paso inaugural entre los varios que habremos de dar para verdaderamente profundizar la política de acceso a la información y transparencia activa en la Argentina.
*/**Directora y coordinador del programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC.
