Se dio a conocer el índice de Corrupción que ubica en caída a la Argentina. Debemos ser precisos, caen en el índice los parámetros que evalúan anualmente la percepción, mediante encuestas sobre la corrupción realizadas a empresarios y especialistas en relación a la conducta del ámbito político y administrativo.
Si a esto, lo tomamos como un termómetro global de clima o ambiente en que se dan las relaciones público – privadas en contexto de desconfianzas sobre el modo de administración de fondos y derechos contemplados o cercenados en contexto de pandemia, no podemos dejar de ver qué cuestiones que están fuera de la percepción global pudieran reforzar esta caída en los indicadores.
A modo de ejemplo, si tomamos a las instituciones de control administrativo más importantes, podemos ver que durante todo el año 2020 la obligación de Transparencia Activa del ámbito del sector nacional, conforme la Ley 27.275, tuvo en la página web una leyenda que decía que se encontraba en construcción. Recién a fines de enero del 2021 se puso en vigencia un nuevo formato de publicidad para ver qué sujetos obligados cumplen y cuáles no.
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Otro elemento no menor es que, bajo contexto de emergencia por motivos sanitarios, declarada bajo Ley 27.541 de emergencia pública, se agregaron además materias como la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética y social. A esto, que le otorgó mayores liberalidades al Poder Ejecutivo hubo que sumarle que la Auditoría General de la Nación decidió no modificar su plan de control y recién comenzará en este 2021 a analizar lo ocurrido en 2020.
Además, podemos sumarle que durante el 2020, año no electoral, tanto el Poder Ejecutivo ni las bancadas mayoritarias propusieron una agenda de legislación de ética pública. A la fecha, siguen sin reforma la Ley de Ética Pública y la de Protección de Datos Personales que tienen más de dos décadas de vigencia no contemplando los cambios sociales que se dieron en épocas de aceleradas rupturas en paradigmas y grandes avances tecnológicos.
Tampoco estuvo en agenda la sanción de una Ley de Gestión de Intereses o Lobby, o teniendo una visión más omnicomprensiva, una Ley de Probidad o Integridad Pública Nacional.
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A esto, se suma como dato no menor en términos políticos que no se han puesto en marcha a las instituciones de control en diversos poderes públicos que surgen de obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esfuerzos que deberían haberse realizado para mejorar la ejemplaridad de cada poder público.
Y que finalmente, por si fuera poco, el Director de la A.A.I.P., quién anunció el 16 de diciembre su renuncia y dejó el cargo el 1 de enero de 2021, aún no tiene reemplazo cuando la ley en su articulado expresa que: Producida la vacante, deberá realizarse el procedimiento establecido en el artículo 21 de la presente ley en un plazo no mayor a treinta (30) días, para poner en funcionamiento el mecanismo de selección del nuevo director.
En resumen, además del índice internacional, poco se ha hecho desde la política para mejorar la percepción y la realidad sobre el combate a la corrupción. Sin embargo, nos queda un caso por nombrar que es digno de destacar y es el caso del: Ministerio de Transporte a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, ha establecido e implementado un Sistema de Gestión Anti-soborno (SGA) ISO 37001:2016 con objeto de prevenir, detectar y enfrentar el soborno cumpliendo con la normativa y los compromisos voluntarios aplicables.
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En este sentido, en el país del revés es digno de ver como avanza un Ministerio en detrimento de una autoridad de aplicación específica y técnica en la materia. En este sentido, ojalá la Oficina Anticorrupción además de ocuparse tímidamente de la antigua Ley de Ética Pública y la novel Ley 27.401, disponga dentro de la discusión del todavía potencial Plan de Integridad, la aplicación concreta de normativas ISO de Compliance y Anti-Soborno para tener un 2021 y 2022 con mejores índices en materia de Ética y combate a la Corrupción en el nivel nacional.
