Todo proceso de reforma constitucional supone necesariamente la interacción de aspectos políticos y jurídicos. Es la concurrencia de hechos, normas, valores, principios y conductas consustanciales todo proceso político-institucional democrático.
El quintelismo en el gobierno, ha puesto en marcha una reforma de la Constitución provincial a espaldas del pueblo, amañada a los intereses de su sector. La sociedad desconoce su génesis, desarrollo y finalidad. Estamos ante una reforma ilegitima, en tanto que no se explica su utilidad ni ha sido motivada por la necesidad social. Carente de representatividad política equilibrada, 28 de los 36 de los convencionales constituyentes responden al espacio político del Gobernador.
Se trata de una reforma integral. La ley de necesidad de reforma “abrió a debate” de todas las partes de la Constitución. Lo alarmante, en lo que hace a la organización de poder, en un Estado donde la concentración de poder en el ejecutivo es absoluta y palmaria.
El trabajo de la Convención inició viciado, transgrediendo el marco temporal, dado que se constituyó fuera del plazo prescrito en la ley (luego de los 60 días de la proclamación de los convencionales), a instancias del ejecutivo y no por la propia decisión de la Convención soberana.
No cabe duda que la reforma es inoportuna en este marco de crisis económica, social, financiera y política institucional. Como también innecesaria. Se vocifera la incorporación de un “aluvión de derechos” ya reconocidos por la legislación vigente, que de igual manera, podrían concretarse sin inconvenientes por medio de decretos o leyes a simple solicitud del Gobernador (cuenta con una mayoría abrumadora, 32 de 36 diputados). Además de resultar menos costoso.
Los aspectos a reformar más polémicos y que generan fundadas sospechas, son:
1. Incorporación del lenguaje inclusivo. La hipocresía de agregar artículos gramaticales en las disposiciones como solución al problema de la desigualdad y desprotección de la mujer. Más del 80% de sus ministros son hombres; una Secretaría de la Mujer partidizada y huérfana de profesionalización –vale recordar el rol pasivo ante el agravio a la docente por parte del Gobernador-; el uso de los juzgados de género para perseguir y hostigar opositores, de los cuales soy víctima sistemáticamente.
2. La periodicidad de los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público: la pretensión de someter -aún más- la justicia al Poder de turno. El Gobierno ha colonizado todas las instancias del fuero penal y designó 3 de los 5 jueces que integran el supremo órgano judicial. Abundan las designaciones de jueces amigos y de funcionarios y ex funcionarios. Hay abuso en el uso del instituto excepcional y restrictivo del juez "transitorio". Basta con pensar que, así, jueces y fiscales pasarán a ser designados por un tiempo limitado, quedando la continuidad en sus funciones sujeta a la voluntad de las autoridades políticas de turno, y bajo ciertas condiciones, a fallar obligatoriamente como lo hace el Superior Tribunal, porque se pretende establecer la obligatoriedad de la jurisprudencia. Además se habla de la posibilidad de crear una Comisión Especial de “notables” con facultades de revisar las sentencias judiciales cuando afecten intereses de las mayorías populares.
3. La incorporación de la renta básica universal: en una provincia donde prevalece el empleo público por sobre el privado y se sirve de la precarización laboral como herramienta de esclavitud electoral. Un tercio de la población tiene vinculación jurídica política con la arquitectura estatal. Un Estado fallido en términos productivos que depende en un 90% de la transferencia de recursos del tesoro nacional.
4. Derecho a la información pública como derechos de cuarta generación: No se tiene acceso a ninguna clase de información sobre la gestión de los fondos públicos. Se exhibe impunemente el manejo de fondos públicos, lo que deriva en el ostensible enriquecimiento de sus funcionarios.
5. La posibilidad de un mandato más del gobernador Quintela: so pretexto que su primer mandato se compute con la Constitución pre-reformada, quedando de esa manera con la nueva Constitución habilitado para 2 mandatos más. Por lo que se hace necesario la incorporación de una disposición transitoria que despeje cualquier interpretación tramposa a futuro.
6- Limitar la libertad de prensa libre e independiente: pretender crear un órgano gubernamental que “filtre” las críticas que se hagan a las autoridades electas de la provincia, y para el caso que las considere agraviantes de la “voluntad popular”, conminar a los medios de prensa. Esto no es nuevo, ya se puso en práctica eliminando de la grilla de canales de la televisión estatal al grupo Fénix, único medio que expone los desfalcos del Gobierno.
Estamos ante una reforma constitucional que en principio podrá ser legal pero no legítima. Responde más a los intereses del partido en el gobierno que a los de la ciudadanía.
