Las secuelas de la pandemia asociadas a la crisis económico-social que veníamos sufriendo demandarán un esfuerzo extraordinario de todos los sectores para reconstruir el país. Las universidades suspendieron sus actividades y se sumergieron en la enseñanza a distancia para cubrir las expectativas de los estudiantes. Este “acomodamiento” ha venido para quedarse. En el futuro todas tenderán a ofrecer cursos en formato virtual y presencial. Lo que implica un cambio organizacional y pedagógico significativo.
Las universidades como usinas del conocimiento son también un ámbito donde se puede pensar el futuro más allá de las presiones coyunturales. Y por eso pueden diseñar estrategias posibles para intervenir adecuadamente en la reconstrucción que el país necesita en medio de la crisis económica y social más grave de los últimos cien años ¿Cuál es el potencial que disponen para impactar en la sociedad?
La Argentina tiene 132 universidades, de las cuales 62 son nacionales, cinco provinciales, 63 privadas y dos internacionales. Se puede estimar el número de estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria en unos cuatro millones, un cuarto de ellos de Institutos de Educación Superior No Universitaria.
En la Población Económicamente Activa (PEA) las personas con educación superior ya representan más del 25%. Y la tasa de acceso a la educación superior es del 65%, muy cerca de indicadores de países desarrollados (y por encima de Brasil o China).
Hacia 2018 se registraban en el país unos 83.190 investigadores y becarios, de los cuales casi el 80 % se desempeñaba en universidades. Desde 1992 todas las universidades nacionales han creado Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) para organizar proyectos de transferencia de conocimiento hacia las empresas. En 1999 se creó la Asociación Nacional de Incubadora, Parques y Polos Tecnológicos. Las universidades crearon veinte incubadoras de empresas. Hacia 2015 se estimaba que el conjunto de proyectos de vinculación y transferencia entre universidades y empresas generaba unos US$ 200 millones anuales.
La idea de volcarse a proyectos de desarrollo, de innovación tecnológica y de cooperación con empresas, organismos del Estado y organizaciones sociales ha penetrado en todas las universidades que desde 1996 han diseñado más de seiscientos proyectos de ese tipo.
El sistema universitario constituye un capital intelectual importante a la hora de enfrentar proyectos para el desarrollo. En algunos casos han creado Fundaciones o Entidades para exportar conocimientos y servicios, compitiendo con instituciones y empresas internacionales. Y son capaces de generar recursos propios, algo poco usual en el sistema estatal.
En la coyuntura actual las universidades nacionales, junto a organismos públicos, empresas y organizaciones sociales están en condiciones de abordar proyectos como los siguientes:
*Procesamiento e industrialización de la basura en los municipios en los próximos cinco años generando ingresos, ahorro de gasto público y mejores condiciones para los trabajadores del sector; *creación de nuevas incubadoras de empresas en las provincias en cooperación con empresas, organismos del Estado y organizaciones sociales; *Apoyo a la informatización de las pequeñas y medianas empresas para volverlas más competitivas y mejorar las exportaciones; *Elaboración de políticas para optimizar y compartir con eficiencia los recursos sanitarios del país en un sistema mixto y cooperativo; *Diseño de proyectos para la urbanización de las villas de emergencia junto con programas públicos y privados de construcción de vivienda.
Sería importante crear un consenso estratégico entre universidades, poderes públicos, empresas y organizaciones sociales para encarar un nuevo proyecto de desarrollo con uso intensivo del conocimiento y con espíritu solidario. De eso dependerá el futuro de millones de estudiantes dentro y fuera de la educación superior. Pero también, el futuro de un país que necesita movilizar todas sus potencialidades educativas, científicas y técnicas para lograr un desarrollo sustentable.
*Doctor en Filosofía. Profesor del Doctorado en Políticas de la Educación Superior en la Untref.
