El año comienza con una nueva ley de movilidad jubilatoria que definirá el primer aumento de 2021 para cerca de 18 millones de beneficiarios entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.
La fórmula establece aumentos trimestrales (en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año) tomando el 50% de la evolución de los salarios (el mayor valor entre índice general de salarios del INDEC y el RIPTE elaborado por la Secretaría de Seguridad Social) y el 50% de la evolución de los recursos tributarios destinados a ANSES por beneficio. A su vez, cada año la fórmula tiene un tope dado por los recursos totales per cápita que recibe ANSES.
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Ahora, ¿qué tiene que pasar para que la fórmula funcione? A nivel global, si los aumentos son suficientes y logran mantener la trayectoria intertemporal de consumo de los individuos, la regla va en el sentido esperado. Si el resultado es pagable y no genera desequilibrios fiscales, la regla va en el sentido esperado, pero recién cuando ambas cuestiones se den al mismo tiempo, la fórmula tendrá el resultado deseado.
A nivel particular, se debe asegurar que el índice tenga la menor volatilidad posible. Cualquier fórmula que dependa de variables ligadas a la economía no escapará de los vaivenes de dichos factores. Lo que sí se debe hacer es minimizar los vaivenes relacionados al cambio de reglas. Por ejemplo, incluir los recursos de ANSES en el cálculo encuentra su lógica en el financiamiento del sistema previsional, ¿por qué no pagar teniendo en cuenta lo que ingresa a ANSES si este mecanismo es la base de cualquier sistema de reparto?
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Sin embargo, establecer reglas claras sobre los recursos que entran en juego en la fórmula es vital para que potenciales cambios tributarios no afecten el funcionamiento del sistema. Precisar, por ejemplo, qué pasará con los ingresos por el impuesto PAIS o con las transferencias del Tesoro para compensar la quita de ingresos por coparticipación (antes destinados a ANSES) son cuestiones que deberán estar bien definidas en la reglamentación de la Ley 27.609.
También es importante la definición de los beneficios que serán parte del denominador de los recursos tributarios y totales. Cambios exógenos que afecten la cantidad de beneficios no deberían ser considerados en el cálculo para no afectar el comportamiento de la variable, ni del índice. La movilidad debe seguir la evolución natural de las variables, no los cambios de reglas. Así, la reglamentación cumplirá un papel central que le dará el toque final a la fórmula de movilidad.
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Pero, aunque se logren homogenizar las variables para las comparaciones entre períodos, al final del camino el éxito de la fórmula (de ésta y de cualquier otra) dependerá del comportamiento de la economía. La fórmula promovida en el gobierno de Mauricio Macri era simple, incluía la variación de precios directamente en el cálculo y, sin embargo, fue un rotundo fracaso por la altísima inflación (la economía). El cálculo de 2008 era más complejo, no incorporaba la inflación (al igual que ahora), pero mejoró el poder adquisitivo de los jubilados en épocas de crecimiento y tuvo peor performance en épocas de recesión (la economía otra vez).
Mirar la fórmula de movilidad es mirar sólo una pata de la mesa, pero la mesa funciona con todas sus patas en condiciones. Cobertura, determinación de haberes, revisión de regímenes especiales, son algunos de los desafíos pendientes, desafíos relevantes teniendo en cuenta que está en juego más del 11% del PIB.
* Vanesa D’Elia, Dra. en Economía, Profesora de Economía, UCEMA. (Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA).
