La actividad privada en la Argentina tiene una serie de elementos que la hacen bastante particular. En principio, tratar de desarrollarla, sin estar incluido en ninguna generosa promoción gubernamental se constituye en un acto de heroísmo extremo. Dar trabajo, anticiparse a los constantes cambios en las reglas del juego, saber relacionarse con las áreas de control, estar al día con los impuestos municipales, provinciales y nacionales, no son cualidades humanas, son super humanas.
La sociedad argentina está inmersa en una cultura atravesada por la omnipresencia del sector público que va implantando una enorme diversidad de barreras
La sociedad argentina está inmersa en una cultura atravesada por la omnipresencia del sector público que va implantando una enorme diversidad de barreras para que de él dependa casi todo. Solo basta ver, como representación extrema, a algunas provincias donde el Estado es prácticamente, el único empleador y actor social de relevancia. Por supuesto que esto no es casual ni se debe a cierto problema endémico de esas zonas por el que sea inviable la actividad privada.
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Es básicamente porque el Estado debe ser el gran protagonista y monopolizar todo aquello que se da a la sociedad que solo recibe. Así, los funcionarios y los políticos se constituyen en el vínculo dominante, algo que nos remite a períodos anteriores a la conformación de los Estados nacionales. Este tipo de contexto y lógica promueve el surgimiento de empresas cercanas al poder político y bastante alejadas de los principios del mercado y la competencia impactando fuertemente en aquello que le gente percibe como actor empresario.
La imagen de la empresa en general, reviste grandes restricciones y heterogeneidades a lo largo de la Argentina, porque todo el entramado descripto define un posicionamiento negativo del sector privado y deriva en una serie de prejuicios bastante desafortunados. No hay nada más fácil y rentable para un político que pegarle al sector empresario. Puede hacerlo para sacarse responsabilidades sin arriesgar un solo voto ya que éstas no cuentan con un vínculo social que las proteja sino más bien todo lo contrario. Esta regla se rompe cuando el que entra a jugar es el campo y todo lo que de él se deriva.
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El sector agropecuario y la industria agroexportadora representan una clara excepción. En la opinión pública, los empresarios que integran esta categoría son claramente identificados con los principios del mercado, el riesgo y la competencia.
En estudios cualitativos aparecen descriptos como personas que se proveen su propia prosperidad y generan su propio crecimiento. En todas las regiones del país se percibe a la actividad como una que realiza una gran contribución al país lo cual edifica un vínculo emocional que ha provocado por segunda vez en nuestra historia reciente, que la sociedad saliera a la calle en defensa de la empresa.
Más del 60% de la población adulta argentina confía en la producción y la industria agropecuaria y más del 70% cree que hace una contribución importante a su bienestar. Simplemente por eso están de su lado. Vicentin atraviesa una crisis financiera pero también reputacional, y ese capital intangible que la compañía ha construido durante sus 90 años de historia le valieron la defensa de su comunidad próxima. Algo de mucho más valor que todas sus deudas con la banca nacional.
