“A continuación, se presenta una sucinta descripción de los hechos referidos a la cesación de pagos de VICENTIN SAIC S.A.I.C, su impacto en la cadena agroindustrial, el empleo y el sector financiero, en particular la banca pública nacional”. Así comienza el “Informe técnico sobre la situación de crisis generada sobre la actividad agroindustrial por la cesación de pagos dela empresa” que está en manos del Presidente Alberto Fernández y que justifica la intervención de la empresa.
El documento consta de 22 páginas y fue elaborado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el titular del Banco Nación, Claudio Lozano y el gabinete económico de Alberto Fernández. Comienza con un detalle cronológico desde diciembre de 2019 cuando la compañía anunció a sus acreedores que se encontraba en situación de “estrés financiero que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones, incurriendo técnicamente en cesación de pagos a partir de ese, situación que efectuó un grave perjuicio en el sector agroexportador, al sector cooperativo, al fisco y a la banca pública con quienes mantenía importantes deudas, resultando el principal acreedor el Banco de la Nación Argentina, calculándose el pasivo total en un monto aproximado a la suma de dólares estadounidenses mil quinientos millones (US$ 1.500.000.000)”, se informa.
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Según este paper, ante el escenario de quiebra de la empresa, el volumen agroexportador de Vicentin que es de 10 millones de toneladas (9 % de la oferta exportable) podría pasar “a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales, que continuarán especulando con la liquidación de divisas expoliando nuestros recursos y transfiriendo sus rentas al exterior y a países no cooperantes con baja o nula tributación, es que resulta imperioso tomar medidas tendientes a evitar la situación planteada”.
Sobre el futuro de la empresa y las consecuencias para la economía nacional el informe asegura: “Si la crisis de VICENTIN SAIC se convierte en su caída definitiva tendrá resultados negativos sobre la actividad económica nacional, en primer lugar se verificará una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria. Asimismo, una cadena de impactos sobre las empresas afectadas, cooperativas agrícolas y sus asociaciones, acopiadores, productores agropecuarios de la zona de influencia, puede generar un efecto dominó, amplificando la resonancia económica y social de esta crisis”.
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Además de la deuda con entidades financieras y acreedores externos, en el documento se hace hincapié en que “la compañía mantiene una deuda comercial por adquisición de granos por $ 26.657 millones, lo que representa casi un 26% de la deuda total. Esta deuda toda con acreedores quirografarios se concentra en el sector cooperativo un 31,33% (más de $ 8.000 millones) afectando a casi un centenar de cooperativas agropecuarias, siendo el principal acreedor en este grupo es la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS CL con casi el 20% de la deuda comercial por adquisición de granos”.
Sobre la deuda con los acreedores financieros, se detalla que se “encuentra el Banco de la Nación Argentina ($18.182.297.617,70); el Banco de la Provincia de Buenos Aires ($ 1.814.311.396,16), el Banco de Inversión y Comercio Exterior ($ 313.233.794); el Banco Ciudad ($318.704.741,10); el Banco Hipotecario ($ 752.970.148); el Banco Macro ($653.343.778); el Banco de Entre Ríos ($508.177.600); el Banco Itaú ($374.522.080); y el Banco de Santa Fe ($372.533.424). Según estos datos, el 23% de la deuda total correspondería a deuda financiera con el sector bancario argentino, correspondiendo más del 88% de esa deuda a la banca pública”. Además, se determina que “las deudas con el Estado Nacional por conceptos impositivos y aduaneros ascienden a $ 9.549.998.272,61”.
En las páginas siguientes se precisa la evolución de la empresa desde sus inicios; su facturación que “excedía hasta 2019, los u$s 4.200 millones anuales” explicando las distintas sociedades que permitían estos números; la cantidad de trabajadores; y el volumen de producción y comercialización de granos, productos y subproductos, entre otros detalles.
En el último párrafo antes de llegar a los anexos que muestran el ranking de exportaciones en los últimos años que da cuenta de la importancia de Vicentin, el informe justifica la intervención de la compañía: “Para evitar la disminución mayor de los activos de la sociedad en perjuicio de los acreedores, la posible ejecución de maniobras presuntamente fraudulentas, para proteger la fuente de los puestos de trabajo, para reactivar la producción de la sexta empresa agroexportadora de nuestra país y su generación de divisas, para garantizar el recupero de las acreencias con el sector público y para evitar los daños que ocasionaría para nuestro país que se profundice la concentración del mercado agroexportador, es que se propone que el Estado Nacional intervenga de manera activa en el gerenciamiento y administración de la empresa Vicentin S.A.I.C”.
RA/MC
