El presidente Alberto Fernández anunció su intención de intervenir y posteriormente expropiar Vicentin, ante la grave situación que atraviesa la empresa con una deuda de más de U$S 1.350 millones, buena parte de ella con el Banco de la Nación.
Desde el oficialismo, a comienzos de la semana se hizo trascender un borrador de un proyecto de ley para motorizar el debate a nivel parlamentario pero lo cierto es que el texto por ahora no tiene perspectiva de ingresar al Congreso.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, ratificó hoy que “no está en duda” la intervención por 60 días “mientras se discuten los términos de la expropiación”, y remarcó que “la exportación de granos es un área estratégica y que esté en manos argentinas es de absoluta importancia”.
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Es decir que primero se va a trabajar en ese aspecto legal para tomar contacto con las operaciones de la empresa mientras se trabaja en alternativas para el eventual control sobre la compañía con base en la provincia de Santa Fe. La expectativa también está puesta en las tratativas del Presidente con los directivos de la empresa.
Según fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas por PERFIL, el proyecto se está trabajando en las más altas esferas del Poder Ejecutivo con el aval del sector liderado por la vicepresidenta Cristina Kirchner (con la senadora Anabel Fernández Sagasti como principal espada), por lo que todavía no se comenzó a trabajar en la estrategia fina de conteo de votos en el Congreso.
La primera intención sería el ingreso del proyecto por el Senado, donde el oficialismo se encuentra más cómodo con los números, ya que entre los legisladores propios y aliados logran superar el quórum propio.
En principio, el Frente de Todos impulsará mañana la creación de una comisión para investigar la deuda que tiene Vicentin con el Banco Nación, indagar sobre posibles maniobras fraudulentas y de lavado de dinero, a través de un proyecto presentado por Oscar Parrilli en abril pasado que ahora vuelve a tomar relevancia.
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Será en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por María de los Angeles Sacnún donde se trabajará en este texto para conformar un grupo de estudio bicameral, con seis senadores y seis diputados por el término de 180 días.
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna realizó duras advertencias durante la semana, en contra de la posible expropiación y marcó que "hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas y finalmente estancamiento económico y social. Ahora se habló de soberanía alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien".
Desde su espacio, Consenso Federal marcaron algunos obstáculos jurídicos que podría tener el proyecto inicial que hizo trascender el oficialismo y hoy salió a reconocer como positivo que "se estaría buscando que la intervención de la empresa cuente ahora con el aval del Juzgado actuante en el Concurso".
Otra de las advertencias que surgieron es que Vicentín es accionista minoritaria en algunas empresas que cuentan con capitales mayoritarios de compañías extranjeras que podrían llevar a un alto nivel de litigiosidad si no se trabaja de manera minuciosa con las condiciones de la eventual expropiación. "Son campeones mundiales del litigio", graficó el diputado Alejandro Rodríguez, que integra el bloque junto a Graciela Camaño y Jorge Sarghini.
"Por otra parte, y también como propusimos desde un principio, ha trascendido que se estaría evaluando seriamente la incorporación de cooperativas y pequeños productores", marcó Consenso Federal, uno de los espacios que podría ser clave en la búsqueda de votos del oficialismo en la Cámara de Diputados.
DM/MC
