Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años procesada en Brasil por racismo, rompió el silencio tras reunirse con el cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén. Durante el encuentro, la joven denunció que un policía fue violento con ella y puso trabas constantes en la investigación. Según relató, aunque la mayoría de los oficiales la trató bien, uno en particular la hizo padecer maltratos y conductas indebidas que ensuciaron el proceso judicial en su contra.
En sus declaraciones, Páez negó haber tenido la intención de discriminar y explicó que su conducta correspondió a una "reacción emocional" del momento. "Soy argentina y abogada, no tuve intención de ser racista", marcó la joven, quien ahora "vive con miedo" tras la filtración de su dirección privada. Por su parte, el cónsul le recomendó a la familia la contratación de un abogado particular local para agilizar los plazos, ya que un defensor de oficio podría estirar el proceso de manera indefinida.
La abogada también expresó su angustia por la difusión de su identidad en spots publicitarios contra el racismo en Brasil. Aseguró que se sintió humillada al ver que usaron su imagen para campañas "ejemplificadoras" y denunció un ensañamiento particular hacia su persona. "No entiendo por qué conmigo, me agarraron de punto", detalló, mientras insistió en su pedido desesperado de volver a la Argentina para seguir el proceso judicial desde su casa.
El clima de exposición la llevó a mudarse lejos de su residencia original por temor a represalias. Páez reveló que recibe amenazas constantes y que se siente en peligro de muerte dentro de Brasil. El sábado por la noche logró reencontrarse con su padre y su hermana de 16 años en Río de Janeiro, un respiro emocional tras una semana marcada por decisiones judiciales que la tuvieron, por unas horas, nuevamente bajo arresto preventivo.
Finalmente, la joven relató que su paso por la sede policial el último viernes fue un "calvario". Denunció que los efectivos la filmaron sin permiso y expusieron sus pertenencias personales a pesar de que ya existía una orden para liberarla. Su padre, Mariano Páez, confirmó que se quedará en Brasil para acompañarla y participar de las reuniones con el consulado, con el único deseo de que su hija pueda regresar pronto al país.
Restricciones judiciales y control electrónico
Actualmente, Páez permanece bajo un régimen de libertad controlada que incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica. La justicia brasileña le prohibió salir del país y le impuso la obligación de presentarse ante los tribunales locales una vez por mes, entre el 1 y el 10. Aunque la prisión preventiva que se ordenó el viernes fue revocada horas después, la abogada debe residir en el domicilio fijado mientras la causa por injuria racial sigue su curso.
El caso se inició el pasado 14 de enero, cuando Páez fue filmada realizando gestos discriminatorios hacia los empleados de un bar en la zona de Ipanema. La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero basándose en ese video, considerando que la prueba era suficiente para la imputación. Sin embargo, la defensa de la argentina presentó otra grabación donde se observa a un mozo insultándola y realizando gestos obscenos en la calle, lo que motivó una contradenuncia por provocación previa.
En el sistema penal brasileño, el delito de injuria racial es tomado con extrema gravedad y contempla penas de entre dos y cinco años de prisión efectiva. Al estar equiparado al racismo, el proceso no permite el pago de fianza para esquivar la detención en ciertas etapas del juicio. Esta rigidez es la que mantiene a la familia Páez en alerta, mientras intentan "pulir la defensa" junto a un equipo legal compuesto por abogados argentinos y especialistas locales en derecho penal brasileño.
TC/ML
