La Justicia de Brasil ordenó este viernes 6 la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina que había sido detenida en Río de Janeiro en el marco de una causa por injuria racial. La decisión revocó la prisión preventiva que se le había impuesto pese a que la joven se encontraba alojada en un departamento y bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica.
El arresto se concretó a menos de 48 horas de que el Ministerio Público Fiscal carioca solicitara su detención por presunto riesgo de fuga. Sin embargo, tras una presentación de su equipo de defensores, las autoridades judiciales resolvieron dejar sin efecto la medida y ordenar su excarcelación.
Según confirmó su abogado, Sebastián Robles, la orden fue dictada cerca de las 16.30 (hora argentina). Desde el mediodía, Páez permanecía en una comisaría de Río de Janeiro y, ya entrada la tarde, solo restaban cumplirse trámites administrativos para que pudiera recuperar la libertad.
Por el momento, aún no está definido qué ocurrirá con las medidas cautelares que le habían sido impuestas con anterioridad. Entre ellas, la prohibición de salir de Brasil y la obligación de portar una tobillera electrónica para garantizar su sujeción al proceso. Esa resolución, indicaron fuentes judiciales, se conocerá en las próximas horas.
Más temprano, la Justicia brasileña había rechazado un pedido de la defensa para que la joven pudiera regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país de origen. Páez permanece imputada por injuria racial, un delito que en la legislación brasileña está equiparado al racismo y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.
El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso.
La situación judicial de Páez se inició el 14 de enero, cuando fue denunciada por realizar gestos y expresiones racistas contra empleados de un bar de la ciudad carioca, donde se encontraba de vacaciones con amigas. Desde entonces, se le retuvo inicialmente el pasaporte y luego se le impuso el uso de una tobillera electrónica, aunque su documento personal fue devuelto. La prohibición de abandonar el país, sin embargo, continuó vigente.
En paralelo al avance de la causa, la situación personal de la joven se vio agravada en los últimos días tras un incidente en el departamento donde se alojaba, al que ingresaron tres personas, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Su familia expresó preocupación por su estado emocional y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, ante el clima de tensión y las amenazas recibidas. “Está aterrada, tiene mucho miedo”, relató su padre, Mariano Páez, en declaraciones a medios argentinos.
Desde la Embajada de la República Argentina en Brasil informaron que se le ofreció asistencia consular, aunque aclararon que el organismo no interviene en el procedimiento judicial.
La defensa de la abogada sostiene que existieron provocaciones previas durante el episodio que dio origen a la denuncia y cuestiona la necesidad de haber ordenado su detención. En ese sentido, Robles presentó un hábeas corpus en el que solicitó que Páez pudiera regresar a la Argentina y continuar el proceso en libertad, pedido que aún no fue resuelto.
“Agostina se sometió al debido proceso desde el primer momento, cumplió con todas las medidas impuestas y nunca intentó fugarse. No existían riesgos procesales que justificaran agravar su situación”, sostuvo el abogado, quien advirtió que una eventual prolongación de las restricciones podría interpretarse como una pena anticipada.
LB
