Una planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) fue allanada y clausurada en Llavallol luego de una investigación que descubrió que aprobaban la inspección de autos que no estaban en condiciones y entregaban las obleas y certificados correspondientes tras el pago de una coima. Los acusados exigían entre 500 y 1.500 pesos sobre la tarifa habitual y en muchos casos no exigían la presencia del vehículo.
Según fuentes policiales, durante el procedimiento se detuvieron a 19 personas que cumplían diferentes funciones en la planta, incluido el encargado de planta. Además, incautaron tres computadoras y el servidor que guarda toda la información. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 1° de Almirante Brown, quienes junto a autoridades judiciales determinaron que la maniobra tiene conexión con "la mafia de la VTV", desarticulada en junio de 2018.
Allí, los uniformados detectaron que las máquinas presentaban alterados sus valores de control operativo y permitían aprobar a los vehículos que se presentaban en el lugar, sin detectar las condiciones reales . Además se comprobó que en el lugar ofrecían la posibilidad de realizar el trámite de VTV con una aprobación asegurada tras el pago de pago "extra" de entre 500 y 1.500 pesos por sobre el valor normal de la tarifa, incluso había casos que directamente no había que llevar el vehículo a la planta.
Por su parte, otro de los operativos fue realizado en una empresa concesionaria, ubicada en calle Tronador al 5000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la encargada de la inspección, verificación, análisis y certificación de maquinarias empleadas para el desarrollo de la VTV. En el lugar, los uniformados, que trabajaron en colaboración con la Policía Federal Argentina, incautaron un disco rígido que contiene el análisis e informe técnico de la VTV Llavallol, la nómina de control de la planta y facturas de empresas tercerizadas que efectúan los mantenimientos.
La investigación cuenta con un operativo realizado en diciembre de 2017 como antecedente, donde los materiales y la documentación incautada durante los 17 allanamientos (realizados en junio 2018 y donde hubo 21 detenidos) permitieron continuar con las indagaciones sobre esta actividad ilícita. Intervienen en la causa la UFI N° 8, a cargo de Pablo Rossi; y del Juzgado de Garantías N° 3, de Gustavo Gaig; ambos pertenecientes al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
DR/MC
