El Tribunal Oral en lo Criminal 21 comenzó con la lectura de la sentencia en torno al crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido en 2010 durante una protesta de trabajadores ferroviarios. Mientras tanto, militantes del Partido Obrero y otras organizaciones sociales y políticas de izquierda aguardan alrededor del tribunal desde anoche. Ante los gritos e increpaciones de algunos de los militantes presentes durante la lectura, el Tribunal decidió llamar a un cuarto intermedio para desalojar la sala.
Por unanimidad, el fallo dictaminó las siguientes condenas, basados en la figura de "homicidio simple agravado por dolo eventual":
- José Pedraza y Juan Carlos Fernández, quince años de prisión.
- Pablo Díaz, Christian Favale, Gabriel Sánchez, dieciocho años de prisión.
- Jorge González, Salvador Pipito, once años de prisión.
- Gustavo Alcorcel, ocho años de prisión.
- Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, diez años de prisión.
- Gastón Conti, Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Rolando Garay, dos años.
- Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, absueltos.
Las explicaciones. Pasadas las 18.30, los juecesHoracio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi decidieron, en una resolución nunca vista, explicar su fallo antes del veredicto, en un intento por aplacar las protestas que, preveían, iban a producirse al descartarse la figura de homicidio calificado, como pedían la fiscalía y las querellas.
"En los alegatos hemos escuchado manifestaciones de que esta causa se redactó en Balcarce 50 (Casa Rosada), que se pedía la cabeza de Pedraza, que está todo viciado. Queremos empezar dando repuesta a estos planteos", anunciaron. El tribunal sostuvo que no se pudo probar que hubieran ido directamente a matar aquella mañana del 20 de octubre de 2010 y explicó que se basaría en la figura de "homicidio con dolo eventual".
Durante esas explicaciones, el tribunal estableció que hubo un intento de impunidad de Pedraza para protagonizar "el más escandaloso intento de soborno a la Cámara de Casación" y descartó un intento de protección oficial por parte del ministro de Trabajo Carlos Tomada, como denunció y pedía investigar el PO.
El TOC sostuvo que "sobre Pedraza no hay prueba directa pero sí hay indicios" por su actuación posterior al crimen. "¿Qué hizo Pedraza? Se ocupó del señor Favale. Si el señor Favale hubiera hecho lo que él no quería, no había que preocuparse porque no 'prenda el ventilador'. Tras el hecho se intenta comunicar con Díaz, el hijo, habla de rodar cabezas", enumeró el presidente del TOC. Incluso recordó que en el domicilio de Pedraza se encontró "una carpetita que decía Cooperativa de MERCOSUR", empresa que contrataba a empleados tercerizados y facturaba para la UGOFE. Para los jueces, la convocatoria de ferroviarios para aquel día "no fue espontánea" y los participantes fueron "para hacer mérito porque la gente quiere cuidar su fuente de trabajo".
Según el juez Días, la prueba testimonial indica que tanto Favale como Sánchez son los que podrían haber disparado contra los manifestantes. "La pregunta es por qué hacen esto. Por qué Favale va y dispara si no era ferroviario. El día anterior Favale tenía una entrevista para entrar (al ferrocarril)", recordó Días.
Y afirmó que "era necesaria la presencia de varias personas para que en el tumulto se disimularan los tiradores", y advirtió que fueron "todos juntos" y volvieron "todos juntos" y no "hubo una sola recriminación a Sánchez y Favale" por haber disparado. Los jueces plantearon que esa "corrida" fue dispuesta por el segundo el "Gallego" Fernández.
"Hay una puntería tremenda. Fernández lo llama a Díaz en el mismo momento en que Favale está llegando a las vías. A resultas de lo que pasó después, no es poco. En ese momento, por la verticalidad que había en el sindicato, se prestan el apoyo objetivo y moral para hacer lo que hicieron", dijo.
El tribunal afirmó que "Díaz no haría lo que hizo si no tuviera la certeza de que eso era lo que quería el sindicato", mientras Fernández dijo claramente en el juicio: "Nunca haría algo que Pedraza no quería". "En ese llamado se consintió esa corrida. Favale baja, arenga con Pablo Díaz, dispara sin tener ningún tipo de pudor y vuelve con la misma persona hacia la policía. Porque contaba con el apoyo del sindicato y el dato de que la policía no actuaría".
El pedido. La fiscal María Luz Jalbert y la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la familia de Ferreyra, habían pedido que el exsecretario general de Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y su virtual segundo en el gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, sean condenados a prisión perpetua como "instigadores" del crimen, en un ataque donde hirieron a Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre.
De acuerdo con Jalbert, el ataque fue "un plan criminal" planificado por la cúpula del gremio para mantener sus intereses económicos en las tercerizadas y su liderazgo político.
El resto de los pedidos de pena habían sido de diez años para Gustavo Alcorcel, sindicado como quien llevó al lugar a Favale; nueve para Daniel González y Salvador Pipitó, por amenazas a periodistas de C5N para que no graben la agresión, y la absolución de Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, que llegaron a juicio acusados de llevarse y esconder las armas, hoy libres.
También fueron juzgados siete oficiales de la Policía Federal por supuestamente liberar la zona para que se produzca el ataque, y no haber hecho nada para dar con los autores de los disparos ni recoger prueba en el lugar.
