Ricardo (45) no es su nombre real. Pero lo llamaremos así. No quiere que se conozca su verdadera identidad porque el temor todavía lo invade. Por eso, pide esa sola condición a cambio de contar su historia. Ricardo necesita que su caso se conozca por dos razones: salir de una vez de este laberinto judicial en el que se encuentra inmerso hace más dos años y evitar –si es que se puede– que alguien vuelva a pasar por lo mismo.
Para entender lo que vivió –o lo que vive mejor dicho, porque increíblemente la causa sigue abierta– hay que remontarse a noviembre de 2019, cuando este perito en seguridad informática fue arrestado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, poco después de haber sido atacado a golpes y cuchillazos por una familia en situación de calle en el barrio porteño de Almagro.
“El viernes 1° de noviembre –cuenta Ricardo a PERFIL– se me acerca un chico, que a toda costa me quería vender pañuelitos. Le dije que no, porque la verdad es que ya había ayudado esa semana a varios, a lo que me dice “puto, te voy a matar”. Le conteste algo, pero no pasó de allí”.
Dos días después Ricardo volvió a cruzarse con el mismo chico. Pero esta vez a las 10 de la noche, en la avenida Rivadavia y Loria. “Me llama varias veces, a lo que hago caso omiso”, recuerda el hombre a este diario.
“Yo sigo caminando por la calle, y de repente me doy vuelta porque me dice ‘viejo’ y lo veo con un cuchillo entre las manos, al tiempo que aparece una mujer mayor, que aparentemente no tenía nada que ver con este menor que me dice ‘¿Qué te pasa con mi sobrino, violín?”.
Ricardo –entendería un tiempo después– estaba a punto de caer en una trampa. “Al estilo piraña, me golpean varias personas que estaban con ellos, por lo cual creo que esto estuvo preparado desde que me vieron. Me golpean entre varios, y como puedo, entro a la estación de servicio YPF, donde me doy cuenta de que me habían lastimado”.
Un rato después llega la Policía. Y demoran a dos personas: Leonela Ledesma (34) –la mujer que supuestamente lo agredió– porque tenía pedido de captura activo y a Ricardo, a quien le informan que lo llevaban a la seccional por averiguación de antecedentes.
“En la fiscalía en lo Correccional y Criminal 59 me entero de que estaba acusado por el supuesto abuso del menor”, cuenta el informático y agrega: “Como llegué casi a las 14 horas, no pude ir a declarar. Me tuvieron un día detenido sin poder llamar a mi casa. En la comisaría 3, recuerdo perfectamente un numerario llamado “Loveira” que me dice que no tengo derecho a una llamada porque ‘esto no es Estados Unidos’”.
El martes 5 de noviembre a la tarde Ricardo declara y recupera la libertad. Al poco tiempo el juez dicta la falta de mérito, pero la fiscalía nunca dio curso al pedido de sobreseimiento que realizó su abogado.
“Una de las versiones del hipotético suceso ha sido dada en el expediente por el supuesto padre del chico, de quien no recuerda su fecha de nacimiento. El hombre no acreditó en autos la paternidad invocada y tampoco fue testigo del hecho que se le atribuye a mi defendido”, argumentó la defensa.
Según los dichos de este hombre, Ricardo le había mostrado los genitales a su hijo y lo habría invitado a su casa. Pero en las cámaras de seguridad de la zona que fueron analizadas no se aprecia una situación como la que relata el denunciante.
“En ningún momento se verifica la presencia del menor ni del imputado. Al acusado no solo no se lo ve en la proximidad del contenedor, sino que tampoco caminando por la vereda (puesto que nunca pasó por allí). Y asimismo se confirma lo manifestado por el imputado en su declaración indagatoria, en cuanto a que la primera vez que vio al menor la noche del domingo 3 de noviembre de 2019, éste se encontraba –junto con la mujer que lo acompañaba– en la intersección de la Av. Rivadavia con la calle Virrey Liniers”, explicó la defensa en el pedido de sobreseimiento.
En las grabaciones del “Café Martínez”, ubicado en Rivadavia y Loria, desde las 22 hasta las 23.30, “tampoco se observa la presencia del menor ni del imputado”.
Los videos en cuestión solo registraron la persecución a Ricardo y los sucesos ocurridos en la estación de servicio YPF de Rivadavia y Agüero, donde el hombre es atacado por un grupo de personas.
Además, el menor que denunció el supuesto abuso nunca declaró en cámara Gesell pese a que fue citado junto a sus padres cinco veces.
Ricardo asegura que la causa no es simple dolor de cabeza: “Me trajo problemas psicológicos. Actualmente cuento con un botón antipánico otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, porque temo por mi integridad física y la de mi familia, mientras la fiscalía a cargo de la pesquisa sigue emitiendo citaciones que nunca se cumplen y dilatando infinitamente un proceso que me perjudica personalmente”.
Para el denunciado el proceso en su contra fue “traumático”. “El proceso de detención al que fui sometido fue nefasto –afirma–, tardaron una infinidad de tiempo para llevame al hospital a coserme, la realidad es que salí de la alcaldía con la herida abierta, fui paseado por distintos establecimientos, comisaría, alcaidía, alcaidía del juzgado, para después ser acusado de tamaña y gravísima mentira por un grupo de personas que se la pasa patoteando en el barrio en el que vivo con mi familia”. Ya lleva más de dos años aguantando la mentira. Y todo sigue igual.
Ya gastó 500 mil pesos
Desde que se inició el expediente judicial el denunciado asegura que gastó más de $ 500 mil.
“De entrada fueron US$ 2 mil, después quinientos y a lo último doscientos. Como no van a las audiencias, mi abogado particular me cobraba por día y entonces tuve que pedir un defensor del Estado, que encima me lo dan mal, porque designaron al mismo defensor que tiene Ledesma (la mujer que lo hirió)”, cuenta Ricardo.
Además de los gastos que tuvo que afrontar, el hombre asegura que su vida cambió radicalmente desde que se inició la causa judicial.
“Lo que no puedo comprender es que alguien pueda decir que uno lo quiso abusar y la Justicia compre”, critica y se molesta porque la persona que lo hirió está en la calle “sin ningún problema”.
Ricardo dice que la causa, además, afectó a toda su familia: “Yo tengo que correr con este problema y mi familia también.
Tengo un hijo discapacitado, con certificado oficial, y para evitar hacerle pasar un mal momento, evito salir a la calle con él”.
El caso
Ricardo es perito en seguridad informática. En noviembre de 2019 fue demorado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de haber sido atacado a golpes y cuchillazos en el barrio de Almagro.
En la comisaría se enteró que había sido denunciado por el abuso de un menor. Tres días después recupera la libertad, pero queda imputado en la causa.
El juez del caso dictó la falta de mérito, pero hasta la fecha la fiscalía no respondió al pedido de sobreseimiento que realizó su defensa y el proceso judicial continúa abierto.
