Un grupo de gendarmes fue acusado por torturar a vecinos de La Cava, en San Isidro, en plena cuarentena obligatoria. Entre ellos un menor de edad. Por eso, al menos, 15 de los miembros de esa fuerza quedaron en la mira de la Justicia y fueron separados de sus funciones hasta que se resuelva su situación procesal.
Diez días después de que se decretara el aislamiento obligatorio, los gendarmes labraron actuaciones por violación al artículo 205 y resistencia a la autoridad a dos personas. Pero lo que parecía un accionar de rutina, luego fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria. El organismo refirió que durante ese procedimiento se registraron abusos y apremios ilegales por parte de los miembros de la fuerza de seguridad.
La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien dispuso el secuestro de las escopetas y demás armas de fuego de puño empleadas por los gendarmes para ser sometidas a peritajes y para poder cotejarlos con dos vainas y un cartucho aportados a la causa por un testigo.
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"Se secuestraron entre 18 y 20 armas que eran las que portaban los gendarmes durante el operativo", dijo a Télam una fuente judicial que, además, explicó que durante el episodio hubo dos vecinos del barrio -uno de ellos menor de edad- lesionados con balas de goma y varios gendarmes heridos aparentemente a pedradas.
Desde la cartera de Seguridad, en tanto, informaron que también quedaron a disposición judicial el libro diario y el libro de armas de la unidad de prevención barrial de Gendarmería que funciona en La Cava.
Al tomar conocimiento del hecho, las autoridades de la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio pidieron un informe a la jefatura de la fuerza, que también inició su propia investigación interna y dispuso separar a los involucrados de sus funciones operativas mientras avanza el sumario y la causa judicial. Ahora realizan tareas administrativas.
El delito que se les imputa a los efectivos es el contemplado en el tercer párrafo del artículo 144 bis del Código Penal, que reprime con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo al "funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales".
NG/FeL
