De madera enchapada en nogal francés, acrílico y acero inoxidable, con repisa interior “posavaso”, iluminación LED de tablero labrado en 3D. Así es el “púlpito de lujo” de “una serie premium” que fue elegido para coronar la Catedral del Pacto de Dios, una de las cinco iglesias adjudicadas por la Justicia a la organización narco liderada por el peruano Marco Estrada González en la Villa 1-11-14.
El templo evangélico, ubicado frente al Club Tristán Suárez, habría sido la última de las edificadas y es la que llevó a los investigadores a destapar una de las posibles actividades desarrolladas por el grupo criminal para lavar el dinero producto de la venta de drogas.
La Catedral es una de las cinco filiales de la Iglesia Evangélica Misionera del Espíritu Santo, ubicada sobre la calle Alvaro Barros de Esteban Echeverría, que fue inscripta en los 90 en la Secretaría de Cultos de la Nación bajo el registro 2.864. Todos los requisitos fueron cumplidos y el Estado permitió la apertura del templo, así como del resto de las sedes: la Iglesia Evangélica Misionera del Espíritu de Dios, filial El Remanente de Ezeiza; la Iglesia Evangélica Pentecostal Nueva Vida en Jesús, en Unión Ferroviaria; El Nuevo Renacimiento, en Tristán Suárez.
Si bien desde Cancillería confirmaron a PERFIL que cumplieron los requisitos para la inscripción (aval del ministro religioso del culto, acta constitutiva y estatuto, entre las más importantes), fuentes de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) explicaron a este diario que “el hecho de que un templo religioso esté registrado no garantiza que no sea utilizado para canalizar el dinero narco o de cualquier otra actividad criminal”. El Juzgado Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres, que volvió a desbaratar –por tercera vez– la banda que opera en el barrio del Bajo Flores, se encuentra abocado a profundizar esta línea.
Durante la Operación Marco Final, llevada adelante por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, se allanaron las iglesias y se secuestraron los libros de actas y documentación, que están siendo analizados. Esa madrugada, el 16 de diciembre último, fueron arrestados el capo narco y su esposa, Silvana Salazar, en la residencia que habitaban en un barrio privado de Ezeiza.
La actividad religiosa es considerada de riesgo en la materia. “Las iglesias abren cuentas en los bancos para depositar efectivo en calidad de diezmos, donaciones o aportes de fieles. Bajo esa fachada, bien podría volcarse dinero de origen ilícito. Lo mismo puede ocurrir con fundaciones o partidos o espectáculos a beneficio”, agregaron.
Resulta “curioso” para los especialistas que la Iglesia Evangélica Misionera del Espíritu Santo esté inscripta en la AFIP desde hace diez años bajo la actividad comercial de “servicios de organizaciones religiosas”, con una facturación estimada de 500 mil pesos mensuales. Antes del caso de Marcos, un pastor colombiano fue procesado por lavado de activos, en la causa conocida como “Nordelta” (ver aparte).
Además, la Procelac colaborará en dos expedientes que investigan este tipo de maniobra en dos casos en el país que no están bajo la órbita de la Secretaría de Cultos y que podrían estar funcionando como pantalla para el lavado. Se trata de la “escuela de metafísica” Aníbal Mago de Luz Rayo Dorado, de Córdoba, y el Centro Cristiano Dios es Amor de Mar del Plata. Investigan si los aportes de los “fieles” o “creyentes” cumplen las normas de prevención de lavado, y si informaron, como tienen obligación de hacerlo todas las personas jurídicas, a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los aportes o donaciones superiores a los 50 mil pesos.
La banda que se reunía en un templo
El pastor colombiano David Andrés Acevedo Muñoz fue procesado con prisión preventiva por lavado de dinero, en el marco de la causa que investigó una banda narco que operaba desde Nordelta, la ciudad-pueblo de Tigre. Según el expediente investigado por el juez federal Alberto Santamarina, al que tuvo acceso PERFIL, la organización, que estaría liderada por Antonio Yepes Gaviria, se reunía en la sede de Pacheco de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de origen colombiano y con templos “en más de sesenta países”, como el mismo Muñoz indicó en su indagatoria.
El religioso obtuvo especial atención porque en su computadora se halló una carta dirigida a un superior en la que relataba diferentes maniobras comerciales de Yepes, e incluso hablaba del “intendente de Tigre”.
En una presentación judicial, Elisa Carrió destacó que “Acevedo Muñoz cuenta que en algún momento de 2013 lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter”. El hombre le avisó “que había recibido un llamado muy importante” y que se tenía “que reunir con él urgentemente”. En ese encuentro, según la carta, el arquitecto le contó al pastor que “lo había llamado el alcalde de Tigre (para) decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento” por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yepes Gaviria, supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del templo.
Según el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial. Del libro referido se desprende que el texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre había mandado decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la disputa electoral con la Presidenta.
El arquitecto al que hace referencia sería Walter Mosca, investigado por lavado, y Julio Novo el fiscal, quien fue procesado por encubrir narcos.
Otro revés judicial
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio un nuevo revés a Marco Antonio Estrada González este jueves al rechazar su apelación en el expediente que estudia su expulsión del país.
El narco peruano había presentado el recurso para rechazar la intervención de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, debido a que, a criterio de sus abogados, “no se encuentra en juego ni es materia de litigio el diseño de la política criminal ni la persecución penal”, sino que deberá examinarse la “política migratoria y ello no es incumbencia del Ministerio Público Fiscal sino del Poder Ejecutivo Nacional”.
Al igual que la titular del Juzgado Nº 10, los camaristas resolvieron que la Procunar debe participar del proceso en “defensa de los intereses generales de la sociedad”.
