María Laura Garrigós de Rébori, Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e Inventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se refirió a la situación actual de ocupación de las dependencias de la ciudad de Buenos Aires, a raíz de una nota periodística que publicó el diario Clarín.
“En un diario de gran circulación se publica hoy que las dependencias de alojamiento de detenidos de la Ciudad de Buenos Aires están colapsadas por la gran cantidad de ingresos y porque el Servicio Penitenciario Federal no recibe las personas que debe alojar. Esta última afirmación es mentira”, sostuvo Garrigós de Rébori en un comunicado, en el que consideró además que “las expresiones de la nota periodística (...) son inexactas, no citan fuente, ni están firmadas”.
“El Servicio Penitenciario Federal ha dado cabal cumplimiento, en la medida de sus posibilidades, a las responsabilidades que le competen”, aseguró en el escrito.
La intervencion en cárceles: entre espionaje y evitar focos de contagio
El artículo de Clarín señala que, en comisarías y alcaidías de capital federal, la cantidad de presos “pasó de 61 a 712 en apenas un año y dos meses, con un crecimiento del 1067%”, que el sistema “está al borde del colapso”: en condiciones graves de hacinamiento, con personas durmiendo en el piso junto a inodoros.
En ese contexto, el artículo señala que el SPF “cerró el ingreso de detenidos desde la Ciudad de Buenos Aires, que no cuenta con un sistema carcelario propio”, y de acuerdo a estadísticas oficiales a las que accedieron, “los datos arrojan que en 2019, el SPF recibió 17.471 detenidos, mientras que el año pasado aceptó 6.008”. La Ciudad de Buenos Aires, sostienen, “tuvo que buscarles un lugar a los detenidos”, lo que derivó en el hacinamiento de los presos.
Por su parte, la funcionaria aseveró que “desde el momento en que me hice cargo de la intervención del Servicio Penitenciario Federal, no se ha interrumpido el ingreso de personas detenidas en el ámbito de la CABA, siempre conforme a lo solicitado por las autoridades de esa jurisdicción y de acuerdo a la cantidad de plazas de aislamiento, para respetar el protocolo especialmente diseñado en función del Covid”.
“Se trata de que las personas ingresantes no contagien al resto de las personas privadas de libertad”, expresó la funcionaria.
La Inventora del Servicio Penitenciario Federal dijo que desde octubre del 2020 hasta abril de 2021 “se han recibido más de 2100 personas y recientemente, se dispusieron medidas de emergencia para incrementar la disponibilidad de plazas de aislamiento”. “Desde abril 2020 hasta hoy el SPF recibió 3979 personas, de ellas 3369 fueron remitidas por la Policía de CABA y las 610 restantes por las demás fuerzas de seguridad”, dijo en el comunicado.
Una ex jueza de Justicia Legítima será interventora del Servicio Penitenciario Federal
Garrigós de Rébori mencionó también que el exministro de Justicia, Germán Garavano, en su momento “reconoció la emergencia penitenciaria que provocaran las modificaciones de las leyes procesales y de ejecución penal. Sin embargo no se encaró un plan de ampliación de unidades penitenciarias, excepción hecha de la construcción que las autoridades de CABA se comprometieron a asumir, en cercanías del Complejo II, y que está suspendido desde noviembre de 2020”.
El gobierno del expresidente Mauricio Macri, dijo, “impulsó la reforma a la ley de flagrancia, sin reforzar las plazas de aislamiento y con el único objetivo de lograr un golpe de efecto con su policía de CABA”. “Es por ello que detienen a personas sin tener en cuenta criterios razonables de política criminal. Las consecuencias están a la vista: no hay cárceles para alojar tanto efectismo punicionista”, analizó.
“La posibilidad de recibir personas detenidas depende de la cantidad de plazas autorizadas por los diferentes jueces que han fijado los cupos de las respectivas unidades carcelarias. El Servicio Penitenciario Federal no puede controlar la cantidad de personas detenidas ni de personas liberadas”, agregó la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios.
“El día que me propuso esta tarea el Sr. Presidente de la Nación me dejó clara su especial preocupación por el cuidado de las personas privadas de libertad. Compromiso ratificado especialmente por el ministro Soria. Desde entonces las autoridades nacionales han puesto a disposición los recursos necesarios para ello y se notan avances y mejorías que destacan los organismos de control”, finaliza el comunicado oficial.
ag / ds