La fuerte acusación por mal desempeño en sus funciones contra un fiscal penal desató un verdadero escándalo judicial en la provincia de Salta. Es que la denuncia incluye demoras en casos de abusos sexuales y violencia de género, irregularidades en el manejo de dinero secuestrado en operativos, inoperancia e ineficiencia procesal en un caso de robo con armas y hasta coacción a gendarmes.
La incriminación contra Jorge Armando Cazón, a cargo de la Fiscalía Penal Regional de Salvador Mazza, fue realizada por el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester, quien reclama que sea sometido a un jury de enjuiciamiento, removido de su cargo, y que lo “inhabiliten de por vida para ocupar cargos públicos”.
“Las irregularidades en el manejo de los expedientes y la idoneidad del fiscal Cazón constituyen una verdadera regla de conducta reiterada a lo largo del tiempo”, sostuvo el fiscal acusador en su presentación ante el jurado de enjuiciamiento.
Sylvester expuso seis casos puntuales. Por ejemplo, la investigación que realizó por un ataque motochorro que sufrió una pareja, sus dos hijas y un amigo en Salvador Mazza fue calificada por los jueces intervinientes como “deficiente, paupérrima e ineficaz”.
Los magistrados señalaron que “no se hizo reconocimiento en rueda de personas ni careos, ni desgrabación de las cámaras de seguridad; ni croquis ilustrativos; ni reconstrucción del hecho; ni examen del contenido de los teléfonos; ni descripción del arma”.
Además, destacaron que Cazón “dejó vencer todos los plazos legales para ofrecer pruebas, lo que generó que el tribunal no pudiera valorar en su real contexto el hecho ilícito ni valorar prueba alguna y que pretendió introducir en forma extemporánea, durante los alegatos, en otra sala del Tribunal de Juicio, el ofrecimiento de prueba omitido”.
Y hay más. “Al acusar, no mencionó la utilización de las armas de fuego relatadas por las víctimas; imputó como tercero involucrado a una persona sin ninguna prueba y respecto de otro imputado, requirió una pena menor a la del mínimo legal sin justificar su postura”, según se indica en el dictamen difundido por el sitio del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta.
Otra acusación es por el mal manejo de dinero secuestrado en operativos narco. En dos causas, Cazón habría “omitido cumplir con la Ley 7.838, que lo obliga a hacer el depósito del dinero secuestrado en una cuenta bancaria”.
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En un caso, por ejemplo, no habría contestado “los requerimientos para informar dónde estaba el dinero secuestrado”. “Después de varios informes policiales, haciendo saber que la plata no estaba en esa sede, sugestivamente apareció en la policía un sobre con el dinero luego de que el juez iniciara una investigación al respecto”, señala el MPF.
Por si fuera poco, “se constató que el fiscal Cazón se negaba a recibir los secuestros, lo que obligaba a los efectivos policiales a tenerlos en un armario sin registro”.
Cazón fue cuestionado también por intervenir en ocho casos en los que no tenía competencia y dispuso la libertad de las personas que habían sido detenidas, todas ellas con pedidos de captura ordenados por tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy.
En su momento, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a partir de la denuncia que realizó un juez de CABA, abrió una investigación por su desempeño.
Los gendarmes que participaron de los operativos declararon primero que Cazón había dado las órdenes de libertad, pero después presentaron distintas notas en las que cambiaron su versión reconociendo “supuestos errores involuntarios”. Cuando los convocaron nuevamente, volvieron a modificar sus dichos. Reconocieron que Cazón sí dio las órdenes y que “el cambio de versión obedeció a que, días después de sus primeras declaraciones, el fiscal los contactó personal y telefónicamente y los presionó para que modificaran sus dichos”. Los gendarmes hablaron de presión, insistencias constantes, coacciones y consecuencias jurídicas si no sucedía lo que él pedía.
La voz del acusado. Cazón recogió el guante y enseguida salió a responder las acusaciones del fiscal Sylvester. Dijo que son de “mala fe”, que serán debidamente contestadas en su oportunidad, y adelantó que iniciará una demanda contra el fiscal acusador por “calumnias e injurias”.
“Voy a avanzar con un juicio por calumnias e injurias al fiscal de Corte Sylvester, por difamar con causas para buscar efectos negativos cuando en realidad debería contribuir para que se investigue y se condene a los verdaderos responsables”, respondió el fiscal, según publica el diario El Tribuno de Salta.
“Todo esto está armado y esta es la prueba más fehaciente de una persecución judicial de algunos jueces y fiscales que son una vergüenza para la Justicia de Salta. Ya aportaremos pruebas al respecto”, adelantó.
Otro pedido de juicio político
El proceso contra el fiscal salteño no es el primero. Hace cinco años pidieron que fuera sometido a juicio político por la investigación que realizó en el caso del abuso en manada contra una niña de la comunidad wichi.
En 2017, Cazón fue sancionado con una multa del 15% de su remuneración por “no haber producido avances en la investigación en un conflicto gremial en la Municipalidad de Salvador Mazza, a pesar de hacer recibido 28 denuncias”.
Al año siguiente, fue suspendido por el término de veinte días y recibió otra multa del 20% de su sueldo porque, entre otras cosas, continuó ejerciendo actos propios de la función de fiscal penal cuando se encontraba de licencia y por las reiteradas inobservancias en 21 casos a los plazos fijados en el Código Procesal Penal, lo que provocó el cierre definitivo del proceso o la libertad del imputado. También se constató el desorden en que el fiscal Cazón tenía las actuaciones bajo su custodia.
En su presentación ante el jurado de enjuiciamiento, el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester expresó que, “aun cuando la cantidad de irregularidades graves en el proceder del fiscal Cazón es enorme, acuso solo por hechos que pueden corroborarse fácilmente con la prueba incorporada en expedientes judiciales y administrativos”, los cuales pidió que fueran requeridos, además de los testimonios ofrecidos.
