Federico Delgado participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación del Grupo Perfil y la Universidad del Salvador (USAL), en la que analizó las investigaciones por la causa Cuadernos y Hotesur, en las que se investiga a la actual vicepresidenta. “En el caso de Cristina Kirchner, el sistema judicial está trabajando sobre hechos que ocurrieron en 2004, 2005 y 2008. Estamos en 2021 y aún no sabemos qué pasó porque no hay una sentencia y permanecen las sospechas sobre los imputados, hay sospechas sobre el sistema judicial, está todo sospechado y no tenemos certeza de cuándo va a haber una resolución”, sostuvo.
El fiscal general también criticó el funcionamiento de la justicia en la Argentina. “Me parece que es injusta. Muy laxa con los poderosos y muy dura con los débiles. Está lejos de la sociedad a la que debe servir”, dijo Delgado en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.
—¿Cómo define al funcionamiento de la justicia en la Argentina?
—Me parece que es injusta. Muy laxa con los poderosos y muy dura con los débiles. Está lejos de la sociedad a la que debe servir. Eso pasa porque la gran mayoría de la gente que está en Tribunales, es buena gente que estudia, que trabaja, que quiere hacer las cosas bien, me parece a mí que hay un espíritu en el diseño institucional, una forma de interpretar la ley, que es el componente elitista, dice Gargarela, del poder judicial. No tiene que ver con que sean conchetos los jueces y fiscales, sino con una forma de interpretación de la ley que es bastante hostil a las grandes mayorías, y esa es la verdadera familia judicial. Por eso creo que es importante discutir el dispositivo.
—Recientemente, el presidente Alberto Fernández planteó la necesidad de limitar los cargos en mandatos de los jueces. ¿Qué opina al respecto?
—No estoy seguro. Hay que ver cómo se plantea la idea. La verdad es que habría que pensarlo muy bien, porque es una cuestión muy delicada, porque uno de los vectores muy fuertes de nuestra Constitución tiene que ver con la tranquilidad que se le quiere dar a los jueces. Esto lo copiamos de Madison, que intervino en la Constitución de Estados Unidos. Madison tenía miedo de que los jueces sintieran que podían perder el trabajo por la decisión que iban a tomar. Entonces, les dio algunas prerrogativas: que no les toquen el salario, que no paguen impuestos para que no los persiga una agencia impositiva, que duren en su trabajo mientras dure su buena conducta, que rindan cuentas de lo que hacen, que eso es lo que acá nos falta. Pero me parece que es muy importante que el tipo que tenga que tomar una decisión esté tranquilo y en paz, porque como cualquiera de nosotros, si tomamos una decisión asustados, presionados o con temores, es probable que la tomemos mal. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso y hay que pensarlo muy bien.
—¿Qué puede pasar con Cristina Kirchner en las causas de los Cuadernos y Hotesur?
—Pienso lo mismo que pienso con todas las causas de crímenes complejos: que no se resuelven. En el caso de Cristina Kirchner, el sistema judicial está trabajando sobre hechos que ocurrieron en 2004, 2005 y 2008. Estamos en 2021 y aún no sabemos qué pasó porque no hay una sentencia y permanecen las sospechas sobre los imputados, hay sospechas sobre el sistema judicial, está todo sospechado y no tenemos certeza de cuándo va a haber una resolución. Una de las características más nítidas que el Poder Judicial tiene que tener es precisamente solucionar las causas, resolverlas en un plazo razonable porque ninguna sociedad puede vivir y organizarse en base a derechos, sin saber si algunas personas cometieron o no un delito y las propias personas que están dentro de los procesos, no pueden estar toda la vida sometidas a juicio. Creo que lo que yo quiero y espero como ciudadano es que una vez por todas haya una sentencia que la podamos ver por televisión, leer por los diarios, donde la justicia diga blanco o negro. Creo que es eso lo que hace falta, si no estamos condenados a vivir en una eterna sospecha.
—En varias oportunidades, usted dijo que hay lawfare en la Argentina. ¿Cómo podría describir su funcionamiento?
—Yo lo escribí en mi libro "República de la Impunidad", de una manera diferente. A mi me parece que el formato del poder político en Argentina, más allá de lo que dice la Constitución y de los componentes morales, que todos nosotros tenemos cuando pensamos, el poder político en la Argentina funciona con una cuota de impunidad. Esto quiere decir que siempre hay un grupo social, un grupo de dirigentes en sentido amplio, políticos, empresarios requiere una cuota de impunidad y la justicia o un sector de ella porque no quiero ser cruel, hay mucha gente buena, funciona y como dispositivo institucional que garantiza esa cuota de impunidad. Si se mira desde 1983 en adelante, en general los escándalos de corrupción, los escándalos de lavado de dinero, de grandes evasiones impositivas siempre quedaron en letra muerta, entonces me parece que el lawfare en Argentina funciona garantizando una cuota de impunidad y después a través de lo que se conoce como el fenómeno de las causas armadas, el uso privado del expediente también tiene que ver con usar las causas judiciales para mezclar pruebas falsas con pruebas reales, para hacer lecturas arbitrarias de las pruebas, para utilizar las pruebas de una manera no leal con la Constitución y eso se utiliza para destruir personas o fabricar inocentes donde hay culpables.
—¿Podría dar un ejemplo de una causa armada?
—Soy fiscal desde el gobierno de Carlos Menem y siempre en el fuero federal, que es el que investiga al poder. Al poder nunca le gusta que lo investiguen. Esto lo sabía bien Foucault, donde hay poder se genera resistencia. Viví el proceso de los sobornos en el Senado, viví la época de Néstor y Cristina Kirchner, viví la presidencia de Mauricio Macri y ahora de Alberto Fernández. La de Menem al final. La única vez que no me sentí en el ojo de la tormenta, solamente por hacer mi trabajo, es en este periodo de gobierno. Después siempre tuve, con distintos niveles de intensidad tuve problemas. Yo fui denunciado por hacer mi trabajo, durante una época por Cristina Kirchner, de Néstor y De la Rúa, y, quizás con mucha más intensidad, durante la época de Macri. Respecto a la otra pregunta, yo no te puedo dar un ejemplo, y no quiero hacer un chivo, pero en mi libro "República de Impunidad", describo como funciona eso, lo utilizo pero en términos conceptuales, es el caso D’Alessio, que se inició en la justicia de Dolores que tuvo el juez Ramos Padilla. Pero no como caso para decir blanco o negro, sino cómo funciona el dispositivo, ahí había una cuestión en términos teóricos muy interesante para analizar.
—Usted dijo que el gobierno actual es en el que menos presión o más libertad tuvo para trabajar. ¿Se puede inferir de esa respuesta que desde Menem el presidente que menos presionó a la justicia es Alberto?
—De Menem estuve los últimos meses. Ahora bien, quisiera hacer una distinción, en lo que a mi respecta, ni siquiera vi alguna de las resistencias habituales de los poderes cuando los investigan. Pero también lo que es cierto es que este gobierno ha tenido un periodo muy especial. Porque el año pasado los tribunales estuvieron cerrados. El movimiento fue muy escaso y empezamos a hacer una transición a los saltos y rápidamente del esquema escrito. Lo hicimos de un día para el otro. Este gobierno no ha tenido denuncias, o por lo menos yo no participé de ningún escándalo de la magnitud de otros, pero el periodo es muy especial, entonces yo no sé si se pueden comparar. Habría que esperar los cuatro años de Alberto Fernández, lo que digo es que por ahora, yo no he tenido ningún problema.
—¿Cuál es su opinión acerca de las actitudes jurídicas que adoptó el fiscal Stornelli en cuanto a su rebeldía y la decisión natural de quedarse en el cargo?
—Stornelli está siendo juzgado por quienes tienen que hacerlo. Yo no soy quién para opinar. Me parece que él tiene argumentos para decir por qué no se presentó. Me parece que corresponde que cada persona, cuando la Constitución nos pide cuentas, las tenemos que dar. Pero más allá de eso, que es mi opinión personal, me parece que actualmente Stornelli está sometido a un proceso de juzgamiento administrativo en la justicia penal. Cierro con la misma reflexión con la que empezamos: lo importante es tener certeza en un tiempo razonable sobre si el comportamiento de una persona, funcionaria o no funcionaria; si es funcionario más todavía, fue legal por la Constitución o la infringió. Me parece que eso es lo que nos va a hacer bien como sociedad para reconciliarnos con la ley como elemento que nos permita, de algún modo, procesar nuestras diferencias.
—¿Qué opinión tiene respecto de la reforma judicial que impulsa el oficialismo?
—Mi impresión es que la dirigencia política debe hacerse cargo, tomar el toro por las astas y tratar de construir un dispositivo judicial que sea creíble. La reforma del gobierno, diría que el vector más fuerte es una nueva distribución del trabajo para que Comodoro Py tenga menos poder del que tiene. Después hay cosas interesantes para pensar como los juicios por jurado. A mí lo que me parece lo que hay que discutir es el dispositivo judicial e institucional. Hay que pensarlo otra vez, pero tiene que pensarlo toda la dirigencia política con franqueza, con lealtad con la Constitución. Empezar por intervenciones muy pequeñas. Sería interesante pensar primero el dispositivo, segundo intervenir en los sistemas de designación, no solo en jueces y fiscales, sino empleados, en los premios y castigos, en los sistemas de rendición de cuentas, en cambiar las formas de comunicarse, un montón de pequeñas cositas que se pierden cuando discutimos reforma judicial que se reduce a Comodoro Py si o Comodoro Py no.
—¿Qué piensa sobre el ministro Martín Soria?
—En la Argentina se sobredimensiona lo que realmente puede hacer un ministro de justicia. Un ministro de justicia, en nuestro país, tiene muy pocas capacidades de intervenir realmente en el esquema judicial. Puede proponer leyes, hacer mesas de trabajo, tiene una pequeña participación en la designación de algún magistrado, no es mucho lo que puede hacer. Se polemizó más sobre el perfil del ministro que lo que realmente puede hacer. En nuestro país los cargos políticos judiciales en el diseño institucional son muy autónomos, la corte es soberana de verdad, lo que puede hacer el ministro de justicia es relativamente poco.
—¿Qué piensa de Justicia Legítima?
—Me parece que es un gremio, como el de Asociación de Magistrados, un gremio como el de la Unión de Empleados de la Justicia, un gremio más que ha tenido un perfil diferente a lo que ha sido la tradición de los gremios de la justicia. Yo no soy parte de ninguno, es uno de los gremios más, hay tres o cuatro que están dando vueltas por ahí, y que en cierto modo también explican la fragmentación de nuestra vida pública. Porque en Tribunales no somos tantos y tenemos tres o cuatro gremios. Y eso me parece que es también la expresión de la crisis de un dispositivo.
—¿Está conforme con el desempeño de la Corte Suprema?
—Como cabeza del Poder Judicial, podría decir un montón de cosas sobre la Corte Suprema, pero es mi opinión y yo nunca estuve sentado ahí. Yo soy un obsesivo de la rendición de cuentas. En la justicia no hay plan B: los reglamentos dan por sentado que todos los jueces, fiscales, vamos a ser leales con la Constitución y con la ley. Y no hay plan B para los pícaros. La Corte podría, además de dictar sentencias, hacer mucho más para construir mecanismos de rendición de cuentas más allá del juicio político, del jury de enjuiciamiento aquí y ahora. Por ejemplo, ¿por qué un juez o un fiscal tarda más en los delitos de cuello blanco y fue tan rápido en los robos de gallinas? Ahí la Corte tiene muchísimo para hacer; un esquema que sea ágil, en el que se permita premiar a los buenos, que son muchos, y castigar a los pícaros, que no son tantos, aunque a veces tienen más poder o se nota más lo que hacen. Si hay una crítica que le puedo hacer a la Corte es precisamente esa: su ausencia como una instancia ordenadora de un sistema reglamentario que sea acorde con los problemas que tenemos en el siglo XXI, y no vetustos, de otras épocas, de otra justicia, de otra Argentina y de otro tipo de conflictos.
—Su intervención en los medios permite acceder a reflexiones que no es común escuchar de parte de un miembro del Poder Judicial. ¿Alguna vez tuvo problemas por manifestarse de esta forma?
—No explícitamente. Parte de nuestro trabajo público es contar lo que anda bien y lo que anda mal, y proponer cosas para mejorarlo. Después lo que va pasando es que muchas personas piensan que cuando yo digo que la justicia es injusta, estoy diciendo que tal empleado, que tal juez tal fiscal es una persona injusta y mala, yo además estudié ciencia política y me da una aproximación diferente al conocimiento del dispositivo de la Constitución, y muchas veces eso no gusta, muchas veces cae mal, pero a mí me permite vivir tranquilo. La obligación de los que tenemos responsabilidades públicas también es intervenir en el debate para tratar de pensar ese lugar, que es un lugar común de todos los ciudadanos.
—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y lo invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.
—Muchas gracias por invitarme. Estuve varias veces en este ciclo de entrevistas. Les agradezco que hayan invertido un poco de su tiempo en escucharme; para mí es un placer.
Por Liliana Chimenti, Gonzalo Martínez y Federico Gil García
Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación
Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL
