El prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi tiene una defensa bien preparada en casos complejos y que conoce de cerca las trabas que el sistema penal impone a imputados en expedientes ligados al narcotráfico o al lavado de activos. Se trata del abogado Carlos Broitman, cuyo estudio busca la absolución del empresario, sindicado como el presunto líder intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez.
Broitman, quien ahora gestiona la entrega de su cliente, tiene un historial judicial amplio, mediático y, para muchos, polémico. Tuvo en sus manos la defensa de varios de los casos más importantes relacionados con el narcotráfico. Entre ellos, el de los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá –presos en Barcelona por tripular un avión cargado con una tonelada de cocaína–; el del el sindicado narco colombiano "Mi Sangre"; y la causa de Carlos García, un despachante de aduana imputado por traficar 100 kilos de droga en filtros de pileta.
También defendió al colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a los Estados Unidos, y a otros miembros de esa familia en la investigación por la operación antinarcóticos "Luis XV".
Otra de las causas donde el letrado trabajo fue en la defensa del comisario de la Policía Federal Miguel Ángel Timarchi acusado de haber intervenido en la Masacre de Fátima.
Además, intervino en la de tres acusados por la muerte de Matías Bragagnolo, un adolescente que murió el 9 de abril pasado en el hall de un edificio de Ortiz de Ocampo 2882 tras una pelea con otros jóvenes. Guillermo Greppi, el financista que denunció un pedido de coima en nombre de Norberto Oyarbide, también fue su cliente.
Investigado. Broitman esta en pareja con la fiscal de San Isidro, Mariana Busse, quien trabaja en el fiscalía de Julio Alberto Novo, investigado por encubrir a narcotraficantes.
Según fue denunciado, Novo y sus funcionarios de confianza tuvieron el objetivo de que el fiscal Luis Angelini, que investigaba desde 2008 los crímenes de tres colombianos, no pudiera conectar los asesinatos con el cartel colombiano del Norte del Valle.
Un punto central del encubrimiento, según la fiscalía, fue nombrar en diciembre de 2011 a Busse, codefensora de Juliá, primero en la Justicia de Pilar y luego como secretaria de Gestión de la Fiscalía Descentralizada de San Fernando, donde investigaba Angelini. En aquel entonces, el penalista continuaba defendiendo a Juliá.
Según informó PERFIL en septiembre de 2015, Broitman manifestó: “Mi esposa es totalmente ajena a esto. No sabía ni quién era Angelini cuando llegó a la fiscalía, ni siquiera era funcionaria judicial cuando ocurrieron los crímenes de Unicenter y San Fernando. Su primer contacto con Angelini es en abril de 2012”. Este medio intentó contactarse nueva con Broitman pero no obtuvo respuesta.
