Leandro Suárez, el joven de 29 años detenido por el crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, se negó esta tarde a declarar ante el fiscal de la causa y en la audiencia lloró y pidió que “por favor” no le den prisión perpetua.
"Por favor, no me pidan la prisión perpetua. Me quiero morir", dijo Suárez en su indagatoria ante el fiscal Federico Medone de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, de acuerdo a información de fuentes judiciales.
Luego de negarse a declarar, el juez de Garantías 5 de La Matanza, Gustavo Banco, ordenó que el acusado siga formalmente detenido por todos esos delitos mientras se resuelve su situación procesal. Suárez podría recibir una pena de prisión perpetua, mientras que sobre la adolescente de 15 años que actuó en complicidad, se dictó una "medida de seguridad" y fue remitida a un instituto de menores.
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Así lo indicó la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, quien indicó que Suárez está imputado por "robo agravado por el uso de armas y la utilización de una menor" y por homicidio también "agravado por criminis causa y la utilización de armas de guerra".
"Por los elementos que tenemos esta persona no tendría que salir", expresó la fiscal, a la vez que indicó que la condena que le correspondería es a prisión perpetua, la máxima pena contemplada por el sistema legal argentino.
Ochoa explicó en declaraciones al canal TN que Suárez admitió durante su declaración delante del fiscal Federico Medone que había tenido una pena a cinco años y diez meses de prisión, la cual cumplió el año pasado, por los delitos de "hurto con escalamiento en grado de tentativa" y un "robo agravado por el uso de armas".
Al respecto, la fiscal indicó que en el crimen de Sabo habría utilizado dos armas de fuego: una pistola semiautomática 7.65 con numeración limada y un revólver calibre 22.
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Por otro lado, Ochoa indicó que Suárez y la menor también están imputados por el robo del auto del remisero que los llevó al lugar, un Ford Focus que después estrellaron contra un árbol, y la moto perteneciente a un delivery.
La fiscal aclaró que la adolescente detenida "no es punible", pero por ella el fiscal de Menores Pablo Insúa, en base a la gravedad de los delitos, pidió una "medida de seguridad" que fue otorgada por la Justicia de Garantías.
"Estimamos que la medida de seguridad será prorrogada por lo que no creemos que vuelva a su casa en las próximas semanas. Actualmente está en un centro de menores de San Martín, con personas en situación similar", expresó.
AG / ED
