El sistema de reconocimiento facial que presentó Diego Santilli en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires entusiasmó hasta a la Ministra de Seguridad de la Nación. En la presentación del nuevo sistema unificado por violencia de género (SIVIOGEN), Patricia Bullrich imaginó un escenario en el que los violentos podrían ser reconocidos también a través de la nueva tecnología. “Sería una segunda etapa”, dijo al grupo de periodistas que asistieron a la reunión.
Pero la tecnología no es novedosa. Es utilizado en China, Israel y Rusia. Incluso, el 7 de noviembre de 2011, la ex presidenta Cristina Fernandéz de Kirchner presentó “un sistema de identificación de mayor grado de complejidad y, también, de mayor facilidad de utilización para las fuerzas de seguridad” que funciona “a partir de los rasgos biométricos”.
“Parece ser que no hay una huella igual a la otra, pero los que saben dicen que tampoco hay ningún rostro igual al otro”, indicó. “Lógicamente, es más fácil ver las caras que andar viendo las huellas digitales”, dijo antes de agradecer el trabajo del Ministerio del Interior -en ese momento, dirigido por Florencio Ranzazzo- encargado de “todo un trabajo de digitalizacón, de agilización de los trámites de identificación”.
“Sibios. Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad”, dice Cristina con la asistencia de un ayuda memoria que sostiene el atril. Para la ex presidenta se trataba de “un salto cualitativo muy importante en la seguridad, en la lucha contra el delito”. “El software”, desarrollado con la ayuda de Cuba, “va a permitir en tiempo real conocer y saber quién es la persona que está frente al personal de seguridad o en cualquier otro lado, si es esa persona o si no es esa persona quién es en realidad”, intenta explicar.
“En dos años tendríamos a los 40 millones de argentinos identificados, no solamente, a través de la huella digitalizada si no también a través de su rostro biométrico”. “Uno se ríe, pero son muchos los delitos”, dice la ex mandataria y enumera: “chicos perdidos, trata de personas”, como situaciones en los que podría ser utilizada la tecnología.
“A partir del 1 de enero de 2012, este sistema de identificación se traslada a todos los recién nacidos, en todos los hospitales del país”, anuncia antes de un aplauso colectivo. “El tráfico de niños también es uno de los males de la época”. “Además de combatir el delito, va a ayudar psicológicamente a los padres para que estén segurísimos que el niñito o el niñito que se llevan es su hijito”.
Los datos captados por SIBIOS se sirven de una base de datos creada a partir de la tramitación del nuevo DNI, que deja al Estado una fotografía en alta resolución de todos sus habitantes. Esa calidad en la imagen, sumada a la alta resolución de cámaras de seguridad, es la que permite que exista el reconocimiento facial. Una falla de seguridad, permitió la descarga de fotos del padrón electoral de manera pública. En ese momento, varias organizaciones no gubernamentales protestaron por el derecho a la intimidad que la tecnología parecía violar.
En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, promulgada en el año 2000, es la normativa encargada de encuadrar los controles y medidas necesarias para no avanzar sobre ese derecho. Incluso, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es el órgano del gobierno argentino encargado de velar por el cumplimiento de la ley que fue pensada para la videovigilancia.
“El avance de la tecnología en materia de seguridad, choca con la protección de la privacidad de las personas Hay que encontrar el equilibrio. Hay que preguntarse en qué punto está justificado la intromisión en la intimidad en nombre de la seguridad”, indaga Marcelo Temperini, abogado especializado en Cibercrimen y Derecho Informático.
Cómo funciona el polémico sistema de reconocimiento facial para prófugos
En diálogo con PERFIL, Temperini consideró: “¿Está bien o está mal que se aplique el sistema? Si es en beneficio de la seguridad está bien, pero el tema es que existan los controles suficientes, que la tecnología no se utilice para fines políticos, que se cumpla la normativa y que exista la transparencia de otros países”.
Su socio, Maximiliano Massedo, agrega: “Como marca la ley, se tiene que conocer cuál va a ser su uso y que se garantice que sea realmente utilizado para ese fin y no para otro”. “Se va a poder saber, en todo momento, dónde estamos”, advierte.
China es el país al que todos miran a la hora de hablar de monitoreo. Según la CNN ha invertido “miles de millones de dólares en tecnología de reconocimiento facial” para las fuerzas de seguridad.
En Israel, la policía instaló el mecanismo en los accesos a la explanada de las mezquitas de Jerusalén para reducir la violencia. En Rusia comenzó a utilizarse en el metro, luego se extendió a las calles de Moscú. "Será estupendo: los delincuentes se mantendrán alejados de Moscú, aquí ya no podrán esconderse", celebró el alcalde Serguéi Sobiánin en enero.
Pero la tecnología, el reconocimiento facial no sólo utilizado por las policías. En Chile, hubo revuelo luego de que un centro comercial aplicara el sistema para detectar si los concurrentes tienen antecedentes o condenas sin cumplir con el objetivo de reducir los robos. En Estados Unidos, una empresa israelí instaló el sistema en Iglesias tras la a la matanza de la iglesia de Charleston.
En el caso de Ciudad, el software fue desarrollado, a partir de una licitación, por la empresa Danaide y será utilizado sólo para la identificación de prófugos.
La tecnología genera alertas de detención de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, que se encuentran incluidos en una base de datos de más de 46 mil registros del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC), una base de datos pública dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el que la Justicia Federal, Nacional, provinciales y de la Ciudad vuelcan los registros de pedidos de captura y buscados de personas mayores de edad.
Atentos a la normativa sobre el derecho a la intimidad de las personas, el ministerio que dirige Santilli aclaró que las fotografías cargadas en el sistema “no es del total de la población sino solamente las de aquellas personas requeridas por la Justicia”.
CP
