POLICIA
TRAGEDIA EN COSTA SALGUERO

Time Warp | Piden procesar a prefectos y funcionarios porteños

Para el fiscal Federico Delgado, "la burocracia del gobierno localno hace lo que escribe. No controla lo que da por controlado”. Fotos

Time Warp: Piden el procesamiento de prefectos y funcionarios de gobierno porteño
| Telam

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy los procesamientos de prefectos y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sus presuntas responsabilidades en las cinco muertes de la fiesta electrónica “Time Warp, y la detención de un integrante de la Prefectura como supuesto integrante de la organización que posibilitó el comercio de drogas en el acontecimiento.

Mediante un dictamen remitido al juez federal Sebastián Casanello, el fiscal reclamó el procesamiento con prisión preventiva del prefecto Néstor David Alarcón Torres, del Departamento Investigaciones del Narcotráfico, de su subalterno, Alberto Gabriel Pandiani, y de los funcionarios porteños Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Ricardo Cella, Gustavo Alberto Herms y Pablo Germán Fontanellas.

“La tragedia de la Time Warp alojó la creación de un espacio social, excluido de toda acción estatal, a través del que se permitió y facilitó la tenencia y venta de drogas por parte de numerosos dealers que concurrieron libremente a ese fin. Hechos de semejante densidad sólo ocurrieron debido a la complicidad estatal. Una complicidad que se vio plasmada por las instituciones que lo representaron”, embistió Delgado. 

En ese contexto, identificó a “la Prefectura Naval Argentina, por un lado, y la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el otro”, en lo que denominó “culpa gruesa” de ambos organismos como instituciones.

Delgado señaló que el prefecto Pandiani “no cumplió con las cargas derivadas de su rol de funcionario público” pues en la jornada trágica, el 16 de abril pasado, “alrededor de las 2:30 y 3:00 horas recibió del encargado de seguridad interna del evento una bolsa repleta de pastillas de éxtasis, cigarrillos de marihuana y otras sustancias estupefacientes”.

El prefecto “debió actuar de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación. Esto es, incautar el material estupefaciente y promover una consulta inmediata con el juez en turno. Pero no lo hizo. Encomendó a un subordinado la custodia de las drogas, hasta que en horas de la tarde del día 16 de abril del corriente año, varias horas después los trágicos sucesos, se informó sobre el hallazgo al fiscal de instrucción que intervenía en ese momento”.

La situación del prefecto Alarcón Torres es más grave, según Delgado, pues “como superior de los funcionarios del Departamento Investigaciones del Narcotráfico que actuaron en forma encubierta en la prevención de delitos y, sobre todo, del tráfico de drogas esa noche en la fiesta electrónica, sí tuvo un aporte necesario que lo ubica como partícipe necesario de los hechos”.

El fiscal recordó que en otros expedientes investigaba “si había organizaciones delictivas que vendían drogas en las denominadas Creamfields” y subrayó que “quien coordinó las tareas de campo en la primera investigación preliminar fue Alarcón Torres”.

En cuanto a los funcionarios de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Delgado detectó una apariencia de tareas divorciada de la realidad.
“La burocracia del gobierno local, de acuerdo a los expedientes en que se expresan sus acciones, hace un culto a las formas. Rigurosamente se confecciona un expediente. Rigurosamente se cumplen tediosos pasos administrativos. Circulan notas prolijamente selladas y firmadas que una tras otra se acumulan en legajos escritos en un lenguaje francamente expulsivo. Pero todo lo que es expediente dice carece de respaldo material. En otras palabras, la burocracia no hace lo que escribe. No controla lo que da por controlado”, advirtió.

“Es evidente que nadie hizo su trabajo y, en consecuencia, que las autoridades públicas trabajan materialmente de un modo que sólo fabrican irresponsabilidad. El apego estricto a la formalidad del expediente y la desidia a la hora de cumplir las tareas fue la regla de las autoridades locales en la Time Warp”, resumió.