En un operativo coordinado por la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales y tras varios allanamientos detuvieron a tres jóvenes sospechados de ser los responsables de las amenazas de bomba registradas en las estaciones de trenes de las líneas Roca y Sarmiento, del subte de la Ciudad de Buenos Aires y en la Casa Rosada.
Los detenidos durante la noche de ayer en distintos puntos del conurbano bonaerense también estarían detrás de los llamados intimidatorios contra funcionarios del gobierno, contra el Congreso, la Cámara Nacional Electoral y diferentes instituciones educativas.
La noche pasó del silencio habitual al golpe certero del ariete policial, una puerta que cede y las órdenes de los uniformados irrumpen en la vivienda despabilando a sus integrantes y vecinos. Esta secuencia se repitió en distintos puntos del conurbano y culminó con tres jóvenes detenidos.
Según la investigación, este grupo de jóvenes estarían involucrados en los llamados alertando por amenazas de bomba que perjudicaron el desarrollo habitual de los servicios de tres de las líneas Roca y Sarmiento durante la jornada del jueves 9 de noviembre.
Según dejó trascender la agencia Télam, en las pesquisas se pudo establecer que las amenazas eran realizadas "a través de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro que utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet".
"Los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la denominada 'deep web'. En ese ámbito, el sospechoso luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de terceros utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado", detallaron los informantes.
Además, se develó que serían los mismos que llevaron a cabo llamadas intimidatorias a dos escuelas de los barrios porteños de Recoleta y Caballito, así como también a la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, la Cámara Nacional Electoral y funcionarios del gobierno nacional.
Fuentes de la investigación explicaron que producto de 30 amenazas, se vieron perjudicados más de 2 millones y medio de pasajeros de trenes y subtes, por las cancelaciones y alteraciones en los servicios durante el miércoles y el jueves.
La investigación está a cargo de funcionarios policiales con la colaboración de especialistas de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen, bajo la dirección del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 a cargo de Julián Ercolini.
LT/ NT