La investigación contra una banda presuntamente comandada por el fiscal penal de San Isidro Claudio Scapolán es una de las más escandalosas de las últimas décadas. Y no solo porque desde la sede judicial, supuestamente, armaban causas con pruebas y testigos falsos –algo no tan inusual en la Justicia de nuestro país–, sino porque además robaban drogas de allanamientos para revender con la anuencia del funcionario encargado de combatir a los narcos.
Scapolán es el principal apuntado por la investigación que dirige el fiscal federal Fernando Domínguez, pero todavía está libre porque lo protegen sus fueros. En cambio, sus dos secretarios, Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, fueron arrestados junto a otros nueve policías de la Bonaerense, entre ellos los comisarios Marcelo Di Rosa y Roberto Adrián Okurzaty.
La causa cuenta actualmente con 48 imputados, a quienes se los acusa como integrantes de una “asociación ilícita” que se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de drogas, entre los años 2012 y 2015, en los partidos de San Isidro, Morón y San Martín.
La causa cuenta actualmente con 48 imputados, a quienes se los acusa como integrantes de una “asociación ilícita”
Las pruebas contra Scapolán y su gente fueron acumulándose en estos cuatro años de investigación, mientras el fiscal sospechado seguía en su cargo como si nada y hasta incluso intentó obtener un ascenso: el año pasado concursó por el puesto de fiscal general del Departamento Judicial de San Isidro.
Scapolán es hombre de Julio Novo, el renunciado exfiscal general de San Isidro, procesado por encubrir narcos. Respondía a él, pero también “recaudaba para la política”, según cuenta una fuente que conoce los tribunales de San Isidro.
Entre los años 2005 y 2011 fue denunciado por trece fiscales. La Cámara de Apelaciones de San Isidro pidió que intervenga la Justicia federal, pero el reclamo no prosperó. De nada sirvió la presentación que, en el año 2016, hizo la exdiputada nacional Elisa Carrió, cuando reclamó que sea sometido a jury por mal desempeño en el cargo.
Los arrepentidos que declararon en la causa revelaron parte de la operatoria, pero también hicieron hincapié en el rol clave del fiscal apuntado. De hecho, hay un video de una cámara de seguridad de un estacionamiento de San Martín en el que Scapolán aparece junto a policías de la División de Drogas de San Isidro cuando presuntamente plantaban pruebas para después extorsionar a una familia. Las imágenes son del 5 de junio de 2014.
El fiscal no solo tendría una función clave en el armado de causas, sino que además creen que planificaba operativos para que, de alguna manera u otra manera, tuvieran que hacerse en su jurisdicción. Y en su turno.
“La Bonaerense obtenía el dato por un buche o un narco, como pasó en “Leones Blancos” que llegaron gracias a un financista de la organización. A veces lo hacían solo los policías, se quedaban con la droga, y después informaban que los habían agarrado de urgencia. Hay un dato clave que esta gente aprovechaba: un narco nunca denuncia que le robaron la droga. En otros casos lo hacían con el fiscal Scapolán, porque el tipo tenía la pluma fácil para allanar en cualquier otro distrito, Moreno, Morón y San Martin. Los policías lo llamaban directamente a él, los que estaban en su jurisdicción y los que no también”, explica a PERFIL el abogado Damián Odetti, denunciante, testigo y representante de la parte querellante en la causa.
“La droga la vuelven a introducir en el circuito. Eso está probado en audios en la causa. En el caso de Leones Blancos, por ejemplo, una parte se fue a Brasil y España, y otra a la Costa Atlántica”, agrega. Nunca se recuperó nada.
Esta operatoria se repite en varios procedimientos, aunque Leones Blancos, de diciembre de 2013, sobresale del resto. En la presentación a la prensa estuvo el por entonces gobernador provincial Daniel Scioli y el jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin. Ambos anunciaron el secuestro de cerca de 400 kilos de cocaína. Pero no toda la droga incautada estaba allí: la otra mitad había sido desviada para después ser comercializada en la Costa Atlántica, según se desprende de la investigación que lleva adelante el fiscal Domínguez.
En octubre de 2015, Scapolán interviene en el secuestro de un cargamento de 11 mil kilos de marihuana en un camión cisterna. Un arrepentido cuenta que el camión Iveco con la droga estuvo estacionado en el lugar 29 horas antes de ser inspeccionado por los policías. En ese lapso, habrían desaparecido cerca de 3 mil kilos.
El teniente prófugo acusado de enfriar la droga
La causa que investiga el armado de expedientes en la Justicia de San Isidro avanzó después de los 35 allanamientos y los 48 imputados. Por estas horas, el principal objetivo pasa por dar con el paradero del teniente Adrián Gonzalo Baeta, clave en el entramado de causas y en la operación “Leones Blancos”.
El comisario José Magraner, su jefe directo en el año que se realizó el operativo, está preso junto a otros jefes de la Bonaerense.
Los investigadores creen que Baeta –uno de los prófugos– fue uno de los que enfriaron la droga en un salón de fiestas de Quilmes antes de ser trasladada para su venta a Santa Clara del Mar.
En la costa sospechan que habría recibido información de que los estaban investigando y habría dado las órdenes para que “limpien” los objetivos que poco después serían allanados.
En la mira también está su patrimonio. Según cuentan, en estos últimos años habría comprado varias propiedades, muchas de ellas pertenecientes a compañeros de la misma fuerza.
