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POLICIA / datos de la corte suprema de justicia
domingo 20 enero, 2019

Violencia de género: casi el 90 % de los casos son de riesgo alto o mediano

Entre enero y septiembre de 2018 se realizaron más de 8.300 denuncias. Solo el 12 % fueron catalogadas como de peligro bajo para la víctimas.

por Nadia Galán

Femicidios. Siete víctimas en veinte días. Foto: cedoc
domingo 20 enero, 2019

Agustina Imvinkelried fue asesinada el domingo 12 de enero en la ciudad santafesina de Esperanza. Su atacante la estranguló luego de intentar abusar de ella. La joven de 17 años se defendió, pero el hombre la doblaba en fuerza y la terminó matando. Pablo Trionfini tenía antecedentes por violencia. Su ex pareja lo había denunciado por haberla agredido. En la mayoría de los casos, la valoración del riesgo que corren las víctimas son medios o altos. Ya que, solo el 12 por ciento de los hechos evaluados por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia fueron catalogados de bajo riesgo para la denunciante.

La OVD atendió 8.342 casos  entre enero y septiembre de 2018. El 60 por ciento de esas denuncias estaban vinculadas con la violencia de género. Mujeres que acusaron a sus parejas o ex parejas, novios o ex novios por algún hecho de maltrato ocurrido en Capital Federal, área de ingerencia de esta oficina.

Ante la consulta, los especialistas se entrevistan con las denunciantes y evalúan el riesgo que corren de acuerdo con unos indicadores previamente establecidos. Solo el 12% de esas evaluaciones arrojaron un riesgo leve en ese período. Mientras que el riesgo medio o moderado correspondió al 52% y el alto o altísimo significó el 36% restante.

A esas calificaciones de riesgo se llega por una serie de valores que se les asigna a unos 180 indicadores con los que cuenta la OVD y están agrupados en diferentes fichas dependiendo de si el denunciante es una mujer víctima, un familiar, un niño o un adulto, entre otros.

La suma que arrojan esos indicadores determinarán el grado del riesgo para la denunciante. El valor numérico que tiene cada indicador se estipula a partir de la intensidad, periodicidad y frecuencia de los episodios, según pudo saber PERFIL. Los profesionales, principalmente psicólogos y asistentes sociales, realizan la evaluación general y elaboran el informe de riesgo donde argumentan la decisión y se entrega al juez de la causa, quien determina las medidas de protección a tomar.

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Exclusión del hogar, entrega de botón antipático, restricción perimetral o definición sobre resguardo de los menores son algunas de las medidas que pueden adoptarse, según está estipulado en la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Lo que diferencia la resolución que se toma en los casos catalogados como moderados y los de alto riesgo es la extensión de la medida.

Por eso, en los casos determinados como más extremos lo que se hace es extender los lapsos de las medidas de protección elegidas. Además,  el juez puede complementarlo con alguna solicitud de un informe disciplinario y se puede convocar al cuerpo médico forense para constatar lesiones.

Femicidios 2019. Gisel Varela tenía en su poder una restricción perimetral que no impidió que su ex pareja la asesinara el 8 de enero último (ver aparte). Ella era policía, al igual que Romina Elizabeth Ugarte (26), que fue asesinada por su novio en Cañuelas el miércoles pasado.

Héctor Montenegro usó su arma reglamentaria para matar a su novia Celeste Castillo en Santiago del Estero, hecho que se convirtió en el primer femicidio de este año. En 2018, el 6% de los agresores formaban parte de las fuerzas de seguridad, según datos de la ONG La Casa del Encuentro.

En la primera quincena de enero también fueron asesinadas Daiana Moyano (24) en los alrededores de la ciudad Mi Esperanza, Córdoba, y Danisa María del Luján Canale (39) en la ciudad santafesina de Gálvez. Su marido la mató a mazazos.

Valeria Juárez (32) en Chaco y Agustina Imvinkelried, en Santa Fe, completan la triste lista. Ambos casos tienen la particularidad de que sus femicidas se quitaron la vida luego de asesinarlas. El año pasado, el 10% de los femicidas tomaron la decisión de suicidarse luego de matar a una mujer.

El caso de Joselin Mamani se lo investiga como un femicidio vinculante (cuando se asesina a un familiar de la mujer para producirle un daño mayor). La nena de 10 años fue apuñalada y se cree que la asesinó un hombre que fue pareja de su mamá.

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El femicida de peligro ‘leve’

Claudia Schaefer (44) había denunciado a su  esposo, Fernando Farré, con el que llevaba un tormentoso proceso de separación. La mujer había sido evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.

Tal vez, uno de los casos excepcionales, ya que había sido catalogado como de riesgo bajo/leve para la denunciante. Se dictó una restricción de acercamiento. En el último encuentro en el country Martindale de Pilar, él la mató.

Ambos se habían citado junto con sus abogados para que Farré retirara sus pertenencias. Farré la llamó con alguna excusa al vestidor de la habitación y la acuchilló. No le importó que los letrados y su propia madre estuviesen presentes en el lugar.

“Tuvimos la audiencia y como parecía un riesgo leve, el juzgado acordó un régimen de visitas provisorio y el retiro de las cosas. Eso fue hace apenas cuatro días”, había contado la abogada de Farré tras el crimen.

El 13% de las víctimas pide ayuda

Gisel Varela (33), agente de la policía local, tenía en su cartera la resolución judicial que establecía una restricción de acercamiento para su ex pareja a la que había denunciado por violencia de género. Sergio Cejas sorprendió a Gisel en la parada de colectivo el 8 de enero pasado, en Mar del Plata, cuando se iba a trabajar. Le sacó el arma reglamentaria y le disparó cinco veces hasta matarla.

Según datos de la ONG La Casa del Encuentro, entre enero y octubre de 2018 se produjeron 225 femicidios. En el 13% de esos hechos las víctimas habían realizado la denuncia contra sus victimarios y en el 6% de estos casos los femicidas tenían vigente una restricción perimetral.

Sobre Cejas pesaba una prohibición de acercamiento de 300 metros que vencía en abril próximo y una orden para que los efectivos policiales realizaran “recorridas periódicas” a la casa de la denunciante. Nada alcanzó.


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