El jueves 19, después de la reunión con los gobernadores en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández se paró frente al micrófono y anunció la puesta en marcha de la cuarentena obligatoria para toda la ciudadanía. Allí, avisó también que el feriado del 2 de abril se adelantaría para el martes 31 de marzo y que el lunes 30 lo iban a declarar feriado puente. Pero finalmente, eso no pasó y el próximo lunes, de no mediar cambios de último momento, será considerado un día hábil, aunque con las limitaciones laborales que establece el aislamiento obligatorio.
El argumento de acumular feriados durante la cuarentena era que a mayor cantidad de días inhábiles se contribuía a que se cumpliera de mejor forma. “Para que de ese modo tengamos todos estos días la posibilidad de quedarnos en nuestras casas y evitar seguir trasladando el virus de persona a persona”, expresó el Presidente durante el anuncio.
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Al día siguiente, salió publicado en el Boletín Oficial el DNU 297/2020 que fijó el aislamiento obligatorio y en su artículo 7 estableció que, “por única vez” el feriado del 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas “será trasladado al día martes 31 de marzo de 2020”. Desde ese día, sin embargo, no salió ningún decreto que dispusiera que el lunes 30 también sería feriado. Legalmente, los feriados deben ser fijados por ley o decreto presidencial.
Este vacío empezó a sembrar dudas entre empresarios sobre qué postura tomar, tanto aquellos que están exceptuados del aislamiento por ser considerado un “servicio esencial” como aquellas empresas que pudieran seguir con sus tareas desde los lugares de aislamiento de cada empleado.
Ante la consulta de PERFIL, fuentes gubernamentales aclararon que no hay en carpeta ningún decreto que fije el feriado puente. La postura que primó es que no era necesario el día inhábil para que se cumpliera con la cuarentena (que viene teniendo un alto nivel de acatamiento) y, por el contrario, terminaba siendo contraproducente para las empresas, que perderían ese día de trabajo (tanto las exceptuadas como las que trabajan remoto) o le deberían pagar doble a sus trabajadores.
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De todas formas, desde el Gobierno aclaran que hasta el 31 de marzo (aunque se descuenta que se prorrogará esa fecha) rige “la prohibición a las personas de concurrir a sus lugares de trabajo”. “Quienes hayan acordado ejercer su labor desde el lugar de aislamiento, continuarán realizando sus tareas de forma remota. Solo estarán exceptuadas de dicha prohibición las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales”, explicaron. Y concluyeron: “A todos los trabajadores y trabajadoras se les ha garantizado que, más allá de la obligación de no concurrir al trabajo y de permanecer en sus hogares cumpliendo el ‘aislamiento social preventivo y obligatorio’, percibirán sus ingresos habituales”.
