El destino de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, está en manos del último eslabón de la Justicia uruguaya, la Corte Suprema. Esta semana cumplió dos años como prófugo de la Justicia argentina. Fue luego de desoír diversas citaciones a indagatoria.
“Pepín”, quien se encuentra en el país vecino desde el 8 de diciembre de 2020, está imputado en una causa que encabeza la jueza María Romilda Servini de Cubría donde se lo acusa de presuntos aprietes a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, titulares del grupo Indalo.
Tras declararlo en rebeldía en mayo del año pasado, Cubría emitió una orden de captura internacional. Pero éste no es el único expediente donde el diputado del Parlasur está involucrado por aprietes.
La jueza María Eugenia Capuchetti también lo investiga con miras a determinar si ejerció o no presiones sobre la ex procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó a fin de coaccionarla para que dimitiera de su cargo durante el gobierno de Macri.
Pepín solicitó que se le reconozca la condición de refugiado. Para ello inició el trámite ante la Comisión de Refugiados uruguaya que emitió un informe donde contempló que no estaban dados los elementos para considerar que podía ser víctima de una persecución.
Luego vino la intervención judicial por parte de la magistrada en lo Penal Especializada Adriana Chamsarian, quien en su fallo determinó que “existen razones para no conceder el refugio”, pues la imputación que pesa sobre Rodríguez Simón fue realizada por un juzgado argentino competente que lo investiga por un delito común.
Pese a lo anterior, Fabián cambió de abogado. Es defendido desde hace un tiempo por el ex juez y antiguo procurador General de la Nación del Uruguay, Jorge Díaz. El también diputado del Parlasur recurrió ante el tribunal de apelaciones del primer turno de Montevideo que por mayoría, avaló lo dictado en primera instancia.
Ahora la suerte de “Pepín” está en manos de la máxima instancia del poder judicial del Uruguay. Los ministros Elena Martínez Rosso, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre, Doris Morales Martínez con John Pérez Brignan como presidente del alto tribunal deberán determinar si le conceden el refugio.
Fuentes vinculadas a la causa señalan que el estudio de la situación de Rodríguez Simón por parte de cada uno de los miembros de la Corte uruguaya comenzó aproximadamente a finales de octubre y que “podría llevar algo de tiempo”. Posteriormente cada uno de los jueces emitirá su voto y analizará el de cada uno de sus pares para luego emitir el fallo.
“En términos generales, la Corte puede llegar a demorar un año en esto, depende del caso, hay asuntos más complicados menos complicados. Hay asuntos de la Corte que tiene que resolver con antelación porque es una Corte constitucional, hace las veces de consejo supremo de la judicatura, tiene un volumen de trabajo importante”, señaló una alta fuente judicial a PERFIL.
Si bien los detalles del trámite judicial que concierne a los refugios en Uruguay son confidenciales por ley; en ese país no existe una amplia jurisprudencia en esta materia, con lo cual la sentencia no se resolvería de manera anticipada ni sería más ágil. “En asuntos de refugio, en Uruguay solo hay uno o dos antecedentes y son casos completamente distintos”, señaló otra fuente.
Desde el entorno de “Pepín”, se muestran confiados con que la Corte falle en el sentido que entienden es el correcto al tiempo que descartaron que haya intervención, participación o consulta de su caso por parte del Poder Ejecutivo uruguayo. Ante un eventual rechazo de la Corte, la consecuencia sería el inicio de un juicio de extradición con diversas instancias de apelación y la puerta abierta a recurrir a Tribunales internacionales.
