Mientras la oposición todavía cuestiona las condiciones en que fueron aprobados los proyectos discutidos ayer y hoy en Diputados, abogados de todo el país pedirán ante la Justicia que la reforma promovida desde el Ejecutivo sea declarada “inconstitucional”.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la entidad "exigirá la inconstitucionalidad en tanto considera que las leyes a sancionarse vulneran a la Constitución Nacional y a los principios republicanos que enuncia".
Para el organismo, la reforma tiende a "agudizar la injerencia del sector político sobre el Poder Judicial y sobre el resto de los estamentos que componen el Consejo de la Magistratura; y a obligar, además, a jueces, abogados y académicos a participar en listas de partidos políticos, contrariando así a la Carta Magna que sólo admite la elección popular para representantes de los órganos políticos".
El pedido de la FACA se suma a las advertencias de del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAFC) y a la Asociación de Magistrados (AMFJN), y algunos legisladores de la UCR, que habían adelantado días atrás que, de aprobarse los proyectos, recurrirían a la Justicia, una vez que se promulgaran.
Advertencia radical. "No tengan duda de que vamos a pedir la inconstitucionalidad si se aprueban los proyectos, había adelantado el titular de la UCR, Mario Barletta, durante su paso por la Carpa por una Justicia Independiente. Horas más tarde, todo el arco opositor acusó al Frente para la Victoria de haber cometido fraude durante la votación que aprobó el proyecto que atañe a la elección de jueces para el Consejo de la Magistratura y se retiró del recinto.
La ultrakirchnerista Diana Conti insistió en rechazar los cuestionamientos de sus adversarios políticos: "El fraude es de ellos en su mentira, en su hipocresía", retrucó, mientras duraba una sesión en la que no faltaron agresiones verbales, botellazos ni intentos de golpes de puño.
Ya sin la oposición, el Frente para la Victoria convirtió en ley, con el apoyo del oficialismo y algunos aliados, pero aún sin la presencia de la mayoría de la oposición, los proyectos para regular y limitar los recursos cautelares contra el Estado, y para crear tres nuevas cámaras federales de Casación propuesto por el Poder Ejecutivo en el marco de las medidas que impulsa para lo que denomina "democratización" del Poder Judicial. Lo hizo en una sola votación en general y en particular que resultó con 126 votos afirmativos contra 8 negativos.
A la Justicia. Una de las pocas que quedaron en sus bancas fue la legisladora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La diputada dejó su lugar para presentar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral el escrito que envió a la OEA en el que advirtió sobre una "grave alteración del orden constitucional" en Argentina a raíz de la reforma judicial, además de "las dos cartas que salieron del Poder Judicial con sus diferencias".
Luego de haber acusado al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de celebrar un "pacto espurio" con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carrió amplió su denuncia, involucrando a otros legisladores y magistrados.
"Acá hay un acuerdo. Pero hubo muchos acuerdos en el Consejo de la Magistratura y voy a decirlos todos", adelantó la diputada. "El concurso 140 por la que acceden jueces federales, fue votado por (integrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro) Fargosi en un acuerdo de Mauricio Macri con el Gobierno", acusó. "Y no digan que es mentira, porque lo denunciaron el diputado (Oscar) Aguad y el diputado (Andrés) Gil Lavedra", prosiguió Carrió.
"Este acuerdo corporativo sigue, cuando votaron a Gils Carbó", remarcó. "¿Ustedes creen que el ataque formidable de toda la oposición del primer candidato fue para decir que Gils Carbó era candidata?", se preguntó.
La denuncia de Carrió también incluyó a legisladores de su propio bloque. "Allí (en ese acuerdo) está incluida hasta la senadora María Eugenia Estenssoro, de la propia Coalición Cívica", exclamó.
De las duras acusaciones de Carrió sólo se salvaron tres legisladores radicales: "Jorge Cimadevilla, Laura Montero y Arturo Vera".
