La resolución de la Cámara Federal que confirmó que el juez Federico Villena debe continuar al frente de la causa iniciada a partir de una denuncia de ARCA contra la empresa Sur Finanzas SA no solo comenzó a ordenar un expediente: expuso una interna judicial atravesada por intereses políticos, financieros y deportivos que desde hace meses orbitan alrededor del universo de la AFA y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
El conflicto se desató cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia por presuntas operatorias financieras irregulares de Sur Finanzas, firma vinculada a Ariel Vallejo, empresario cercano a Tapia. Esa presentación debía seguir el camino habitual: sorteo y asignación de juez. Pero allí, según reconstruyó Villena y ahora avaló la Cámara, comenzó una secuencia de maniobras que terminó en una denuncia directa contra la fiscal federal Cecilia Incardona, quien pretendió quedarse con la causa.
La excusa de Incardona fue que la denuncia de ARCA era conexa con una causa anterior que ella misma llevaba con el juez Luis Armella. Este último magistrado mantiene abierta una investigación por lavado de dinero que lo llevó a allanar la AFA y a poner en la mira el rol del empresario Javier Faroni.
Sin embargo, este intento de quedarse con la causa de Incardona fue desestimado por la Cámara Federal, que en su fallo dejó claro que la denuncia debió ser enviada de inmediato a sorteo, algo que no ocurrió. La fiscal la transformó primero en una “investigación preliminar” y recién luego, ante cuestionamientos, permitió su asignación. Para el tribunal, ese accionar no fue un error formal, sino el inicio de un desvío procesal. “La investigación preliminar que realizó la fiscal no estaba justificada y lo hizo con el objeto de hallar un motivo de conexidad que no existe”, dice el texto. El fallo habla de un planteo “circular y falaz”, ya que Incardona cuestionó el sorteo de una causa que –precisamente– debía ser sorteada.
Uno de los puntos más sensibles de la pelea por el expediente es el señalamiento a un intento de direccionar una causa hacia un juzgado determinado. La Cámara fue contundente al sostener que la fiscal Incardona intentó forzar una conexidad artificial con otro expediente que tramitaba en el Juzgado Federal N°2, pese a que “no existían elementos procesales objetivos que justificaran la unificación”. Según Villena, el súbito interés por esa conexidad contrasta con “los meses de inactividad del expediente original”, donde solo se impulsaron medidas cuando la causa de ARCA ingresó en su juzgado.
El fallo también recoge uno de los episodios más graves: la intención sobre la Oficina de Asignación de Causas de la Cámara Federal para que el expediente fuera remitido administrativamente a otro juzgado. Esa maniobra, remarcaron los jueces, está expresamente prohibida y vulnera el principio del juez natural, una garantía básica del sistema judicial.
Detrás de los tecnicismos, Villena expuso una hipótesis política y de poder. Sostuvo que existió una operatoria concreta para impedir que él tomara control de una causa con impacto institucional. En su presentación ante el procurador Eduardo Casal habló de “intereses no santos”, denunció “amedrentamiento” y describió una estrategia de presión que incluyó descalificaciones públicas y cuestionamientos personales.
La duplicación de medidas también quedó en la mira: mientras Incardona solicitaba pruebas en el juzgado de Villena, impulsaba allanamientos y pedidos idénticos en el expediente que tramitaba en su juzgado de origen. Se estima que el objetivo era mostrar avances en ese proceso y luego justificar la conexidad, desplazando a Villena del caso.
La Cámara no solo validó el accionar de Villena, sino que resolvió remitir las actuaciones al procurador general para que evalúe si la fiscal incurrió en “irregularidades administrativas o incluso en delitos de acción pública”. Por esto, la figura de Incardona queda bajo investigación.
El trasfondo excede lo judicial. El expediente toca flujos financieros, vínculos empresariales y el mundo del fútbol. Por eso, el tribunal advirtió que permitir que una de las partes “elija el juez de una causa de semejante impacto” sentaría un precedente institucional explosivo.
Así, la causa Sur Finanzas queda definitivamente en manos de Villena, pero lo que empezó como una investigación financiera derivó en un choque frontal dentro del Poder Judicial que no fue ajeno a la disputa de poder y la pelea por el control de una causa sensible.
