Si bien faltan aún quince días para el evento, la marcha contra la Corte Suprema convocada para el martes 1° de febrero cosecha ya muchas opiniones disidentes, inclusive dentro del mismo Poder Judicial. La mayor objeción se plantea contra la actitud del Ejecutivo, que adhirió a los reclamos de la marcha y ya lleva un buen tiempo expresándose en este sentido.
“Que D’Elía convoque a esta marcha no llama la atención. Lo que sí es bastante insólito y peligroso es que el presidente (Alberto Fernández) y el viceministro de Justicia (Juan Martín Mena) se monten sobre esta marcha”, señaló ayer el ex ministro de Justicia Germán Garavano, quien a su vez es experto en Reforma Judicial, en diálogo con Radio Rivadavia.
Por su parte, el integrante del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli expresó en conversaciones radiales que es “un espanto lo que está haciendo el Gobierno con el Poder Judicial”. A su vez, reclamó “que sería bueno que (el presidente Alberto Fernández) desautorice esa horripilante marcha y deje a la Corte Suprema y al Poder Judicial tranquilos y trabajar en ejercicio de la independencia y la autonomía que les garantiza la Constitución nacional”.
Entre los críticos también estuvo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la cual afirmó que “rechaza las manifestaciones expresadas por el señor presidente de la Nación y por el secretario de Justicia respecto del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también el apoyo a la marcha que, desde distintos sectores evidentemente contrarios al funcionamiento republicano se está convocando en contra del alto tribunal”.
Evaluó también que “estas actitudes exorbitan el ámbito de las competencias constitucionales de dichos funcionarios al expresar, de manera genérica e infundada, juicios públicos respecto del funcionamiento de otro poder independiente”.
Al respecto, el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la asociación, aclaró en diálogo con PERFIL: “Nosotros no cuestionamos las manifestaciones populares. Pueden ser manejadas por las organizaciones como éstas entiendan, estén a favor o en contra. Tienen absoluta discrecionalidad. Pero no puede un poder del Estado alentar algo semejante en contra de otro poder del Estado”.
“No hay ningún motivo que justifique el reclamo tampoco”, continuó. “Es lo que viene ocurriendo hace más de dos años. Quieren distraer la atención poniendo al Poder Judicial en la tapa de los diarios y evitar así atender lo que atañe al Poder Ejecutivo. Estamos atravesando cuestiones gravísimas, como la pandemia, la inflación, la inseguridad. Y, sin embargo, se están ocupando de intentar justificar una modificación del número de miembros de la Corte en forma inconsistente. Hablan de constituirla en salas, que es ignorar la Constitución. No se puede dividir en salas una Corte porque es única”.
Por su parte, en el Palacio de Tribunales reina el silencio. Conocidos por su poca inclinación al diálogo con la prensa, los ministros de la Corte apelan al hermetismo institucional como bastón de apoyo.
Reformar la Corte Suprema es un anhelo de largo aliento para el kirchnerismo. Su discurso de los últimos meses ha insistido mucho en abordar el problema. Ya en diciembre, el ministro de Justicia Martín Soria sentenció: “Tenemos una Corte Suprema que ya no aplica el derecho, sino que juega a hacer política”.
El oficialismo entiende que cuestiones como el per saltum concedido en septiembre de 2020 a los jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Castelli y la declaración de inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura son enfrentamientos directos contra el Ejecutivo.
