La gestión de Diego Spagnuolo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, se orientó “a favorecer de manera oculta e indebida determinados intereses privados, en el marco de claros conflictos de interés que incluyeron el pago de sobornos”. La frase forma parte de la sentencia que dictó esta semana el juez federal Sebastián Casanello basado en la prueba reunida dentro del expediente que más le preocupa a la Casa Rosada.
El magistrado se refirió al “estrecho vínculo (personal, comercial, laboral) entre los funcionarios y los distintos actores privados” así como a la “coordinación, sostenida en el tiempo, determinada a la adjudicación direccionada de adquisición de medicamentos e insumos (...) con sobreprecios”. Advierte que “se sospecha que la magnitud” de la operatoria “ha sido mayor” y en ese sentido enfatiza que la investigación se debe profundizar. Esa tarea quedará ahora en manos del juez Ariel Lijo, quien resultó sorteado para completar la subrogancia en el juzgado que está vacante desde la muerte de Claudio Bonadío. Su aparición resulta sugestiva, porque Lijo es el mismo juez que fue propuesto por el presidente Javier Milei para cubrir la vacante en la Corte Suprema de Justicia que dejó Elena Higton de Nolasco. El magistrado aceptó la nominación sin dejar su cargo en Comodoro Py, despuès fue nombrado por decreto y finalmente volviò a su despacho cuando el Senado rechazó su pliego.
Casanello dejó un camino que ahora deberá continuar Lijo. En el fallo que dictó los 19 procesamientos, al que accedió PERFIL, el magistrado explica que “las contrataciones amañadas” se vincularon con procesos de compra o adquisición de medicamentos e insumos de “alto costo y baja incidencia”, que se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado. La sentencia habla de la “actividad delictiva desplegada por una organización criminal” compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la Andis como por actores particulares.
Entre los funcionarios estatales se encuentran Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Diego D’Giano, Eduardo González, Roger Grant y Lorena Di Giorno. En tanto, los “actores particulares” son Pablo Atchabahian, Miguel Calvete, Federico Santich, Andrés Arnaudo, Patricio Rama, Silvana Escudero, Alejandro Fuentes Acosta, Luciana Ferrari, Guadalupe Muñoz, Patricia Canavesio, Ruth Lozano, Ornella Calvete y Julio Viera.
“La investigación desarrollada conduce a afirmar que Spagnuolo y Garbellini, tras llegar a convertirse en funcionarios públicos, abrieron las puertas de la Andis a agentes externos, o bien los promovieron (...). En coordinación con Atchabahian y Calvete (quienes permanecían formalmente fuera del Estado), ubicaron a distintos actores de la organización en posiciones estratégicas de la entidad con el objetivo de aprovecharse de ella y de los fondos públicos asignados”, enfatiza Casanello.
El magistrado asegura que con el ingreso a la Andis de Roger Grant, Diego D’Giano y Fabián Parlakian, a quienes define como “personas de confianza”, se generó “una fidelidad de tipo faccioso que se imponía sobre los las obligaciones y deberes éticos del funcionariado”.
El juez afirma que Miguel Calvete también aprovechaba la “posición estratégica de su hija” (quien fuera Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía) para emprender “otras líneas de negocio”. Así, el 12 de mayo de 2025 le pidió que le pase un listado de empresas compradoras que podrían ser “potenciales clientes” en el rubro de importaciones de urea. Ornella acató.
Los imputados
Sobre el ex director ejecutivo de Andis, Diego Spagnuolo, Casanello dijo que “colocó en puestos claves a personas que respondían a intereses ajenos a la administración (...), articuló y supervisó el direccionamiento de las compulsas de precios en beneficio de determinadas droguerías, a cambio de sobornos” e incluso desconoció avisos por parte de droguerías que quedaban por fuera de las compulsas. Uno de los que denunció esta operatoria fue Luis Cella, presidente de una droguería excluida del Programa Federal Incluir Salud, que aportó a la Justicia los mails que envíó a Spagnuolo el que dejó por escrito que incluso había hablado del tema “con su amigo e interlocutor” Miguel Ángel Calvete.
La Justicia afirma que hay evidencia de distintos pagos de Calvete a Spagnuolo. El 11 de junio de 2025, Calvete entregó a Spagnuolo la suma de cinco millones de pesos en efectivo ($5.000.000) que el funcionario habría necesitado para un viaje a Israel. Entre junio, julio y agosto pasado, la empresa Indecomm SRL, ligada a Calvete, le transfirió un total de 9.969.500 al mueblero de Spagnuolo, Oscar Banon, en distintos pagos. En la sentencia se advierte el poder que tenía Calvete sobre Spagnuolo: “La prueba reunida revela que Spagnuolo disponía de una suma de dinero espurio cuyo manejo y contabilidad llevaba el propio Calvete, quien le habilitaba los fondos en función de la demanda que expresara el propio funcionario”, escribió Casanello.
En relación con Garbellini, el fallo señala que pese a los intentos de eliminar evidencias de su teléfono celular las pericias encontraron mensajes a Calvete, de julio de 2025, en el que el funcionario le avisó que habían salido “sus ofrendas de esta semana”. En simultáneo, Garbellini, tal como Spagnuolo, veían incrementado su patrimonio: la justicia indicó que “el enriquecimiento se observa tanto en sus bienes registrables (...) como en los gastos corrientes de su tarjeta de crédito”. Y este incremento no se debe a un aumento salarial: el sueldo neto de Garbellini oscilaba entre los $2.157.784,91 (abril de 2024) y los $2.578.328,60 (julio de 2025) mensuales.
Sobre Miguel Angel Calvete, Casanello precisa que “a la par de actuar en beneficio de sus propias empresas, se sospecha que ofició como nexo entre el organismo y otras firmas” y que “para simular competencia y sortear controles de superficie, utilizó empresas que le pertenecían a él y su socio”. En uno de los celulares que usaba para hablar con los directivos de Andis tenía el seudónimo “Carmelavivaldi”. Allí, la Justicia encontró un mensaje que señalaba “Ya se va a solucionar todo” (tras la difusión de los audios). Esto, para los investigadores, demuestra que Calvete intentó comunicarse con Spagnuolo para conversar sobre la investigación en desarrollo y el “involucramiento de ambos en la maniobra cuestionada”.
En relación con Atchabahian, el juez dice que “a pesar de no formar parte del organismo, además de impartir directivas sobre su integración y conducción (...) intervino en los procesos de compra de las Pacbi”.
Y la justicia logró dar con un mensaje que le envió Atchabahian a Calvete que deja en claro la articulación entre los cuatro: “Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo (...) Estamos en línea, vos quedate tranquilo. Cualquier novedad yo te voy diciendo. Bueno hermano, un beso enorme”
Lijo deberá averiguar quién es Helvético y ahondar en otros puntos que restan averiguar. Por ejemplo, sobre “Rioja”, que es la provincia originaria de los Menem.
