El juez Andrés Gallardo incluyó la advertencia en su último fallo: si el Gobierno porteño sigue incumpliendo la cautelar que exigía internet y computadoras en barrios vulnerables, le hará una denuncia penal al Ministerio de Educación. Lo hizo tras dar por incumplido sus resoluciones previas. Así, se agrietó todavía más el vínculo de por sí tenso entre el magistrado y el larretismo.
La puja empezó el 9 de junio pasado, cuando Gallardo le ordenó al Ejecutivo que entregue a todos las estudiantes en condición de vulnerabilidad social un dispositivo para continuar con la educación a distancia. Después creó un Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas, para tener un mapa sobre las necesidades concretas en villas y asentamientos: al momento, el juez recibió 1700 pedidos de notebooks. Y ya la ordenó al Ejecutivo que empiece con el reparto de computadoras.
El juez notificó a todas las Comunas porteñas y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre la puesta en marcha del registro. Los datos sobre falta de internet y computadoras deben ser enviados a la dirección de correo electrónico [email protected].
La justicia creó un Registro de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas
“En caso de persistir dicho incumplimiento se procederá, conforme lo resuelto en los decisorios antes referidos, al embargo y ejecución forzada de la manda judicial y a remitir copia de las actuaciones a la Justicia Penal por la posible comisión del delito previsto en el art. 239 del Código Penal de la Nación por parte de la Sra. Ministra de Educación Lic. Soledad Acuña”, advirtió el juez. Su resolución fue firmada ayer.
Tras intentar recusarlo (sin éxito), el oficialismo realizó dos presentaciones en las que enumeraba sus políticas educativas. Para el juez, la respuesta fue demasiado vaga y no iba al punto del amparo.
A partir de la primer cautelar de Gallardo, el Ministerio de Educación porteño argumentó que llevaba entregadas más de 4000 notebooks a préstamo y 681 mil cuadernillos pedagógicos. Para acceder a ese derecho, el gobierno explicó que dio prioridad aquellas familias con AUH o con beca escolar. Pero a tres semanas después de su cautelar originaria, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario volvió a la carga: dio por incumplido el amparo por parte del larretismo y a su vez creó un Registro sobre Necesidades Informáticas no Satisfechas.
La justicia ordenó entregar computadoras a estudiantes en situación de vulnerabilidad
Ayer, el juez recordó una vez que el larretismo se encuentra en falta: “se lo intima a que entregue a una serie de amparistas “un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia, con línea de datos que permita el acceso a internet gratuito durante el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, bajo apercibimiento de ejecución forzada”.
En su fallo a su vez detalló el perfil de los potenciales beneficiarios del derecho a wifi y computadoras. “La situación de vulnerabilidad social se entenderá automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del GCBA o del Estado Nacional, o bien cuando residan en villas, barrios de emergencia y/o asentamientos de la CABA”, explicó.
Cercano y admirador del papa Francisco, el juez se convirtió en una eterna piedra en el zapato de las administraciones porteñas en los últimos años: desde la de Aníbal Ibarra hasta la de Larreta, pasando por la de Mauricio Macri.
