El juez Andrés Gallardo dio por incumplida su cautelar en favor de los estudiantes de barrios vulnerables. Lo hizo a través de una dura resolución en contra del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “El GCBA ha incumplido, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento de los plazos acordados, todas y cada una de las obligaciones que le fueran impuestas cautelarmente en el presente amparo colectivo”, detalló anoche el juez. La administración porteña hoy lo volvió a recusar. La Cámara ya había confirmado al juez al frente de la causa, tras un planteo similar del larretismo.
El 8 de junio pasado, Gallardo había ordenado al Ejecutivo que garantizara el acceso a computadoras personales y al servicio de internet en villas y asentamientos. En aquel fallo le dio al gobierno un plazo de cinco días para cumplir con esa exigencia. Tras intentar recusarlo (sin éxito), el oficialismo realizó dos presentaciones en las que enumeraba sus políticas educativas.
Para el juez, la respuesta fue demasiado vaga y no iba al punto del amparo. “Se hace referencia en forma genérica a las acciones supuestamente desplegadas desde el área educativa para garantizar el derecho a la educación, al material impreso que habría sido distribuido en las escuelas”, minimizó lo planteado por el gobierno. Así consta en el fallo que difundió anoche el sitio iJudicial.
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El Ministerio de Educación porteño había argumentado que lleva entregadas más de 4000 notebooks a préstamo y 681 mil cuadernillos pedagógicos. Para acceder a ese derecho, el gobierno explicó que dio prioridad aquellas familias con AUH o con beca escolar.
Pero a tres semanas después de su cautelar originaria, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario volvió a la carga. Lo hizo con una doble sentencia: dio por incumplido el amparo por parte del larretismo y a su vez creó un Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas.
Su objetivo es crear una especie de censo sobre derechos incumplidos, en el contexto de la pandemia y las clases a distancia. ¿Quién recibirá la información sobre falta de wifi y computadoras? Su propio juzgado. A partir de ese mapa “de las solicitudes de entrega de equipos informáticos, formuladas por los miembros de la comunidad educativa”, Gallardo apunta a que el gobierno porteño cumpla con las necesidades concretas de los alumnos.
El juez notificó a todas las Comunas porteñas y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre la puesta en marcha del registro. Pretende que “sus autoridades procedan a difundir la existencia del Registro aquí creado y el alcance de la medida cautelar de autos, y que establezcan los mecanismos necesarios para actuar como intermediarios en la recepción y elevación de las solicitudes de entrega de equipos informáticos”.
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Los datos sobre falta de internet y computadoras deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico [email protected]. Gallardo prometió publicar diariamente la nómina de inscriptos en el Registro y la información recolectada.
En su fallo, Gallardo castigó duramente la actitud tomada por el gobierno de Rodríguez Larreta. “En lugar de dar cuenta de la entrega efectiva de dispositivos informáticos a los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad social, se concentró en reiterar conceptos ya vertidos al cuestionar la medida cautelar, relativos a la supuesta continuidad pedagógica y a las virtudes del material impreso que se habría entregado a los alumnos y alumnas, sin dar respuesta concreta a los reclamos formulados”.
Cercano y admirador del papa Francisco, el juez se convirtió en una eterna piedra en el zapato de las administraciones porteñas en los últimos años: desde la de Aníbal Ibarra hasta la de Larreta, pasando por la de Mauricio Macri.
“Tampoco implementó el registro de solicitantes dispuesto, ni presentó una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes ni un plan para atender las demandas insatisfechas. De igual modo, no brindó explicación alguna acerca de las medidas adoptadas para dotar de acceso a internet a los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad social que no disponen de los medios a tal fin”, se quejó Gallardo en su resolución.
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El Ejecutivo porteño ahora podrá apelar la medida, y seguramente lo hará. Desde el primera cautelar concedida hace tres semanas, se fueron sumando varios amparistas. A la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad se le agregaron las Defensoras Oficiales Mariana Pucciarello y Lorena Lampolio. Las funcionarias adhirieron a la demanda de amparo colectivo y denunciaron el incumplimiento de la cautelar dictada.
El fallo de Gallardo se asimila a otros recientes, en los que se intimó al larretismo a dar una respuesta más activa. Las medidas fueron dictadas por jueces de distinto perfil ideológico (diferentes entre sí, y también al de Gallardo), como Marcelo Segon y Marcelo López Alfonsín.
Segon decretó el incumplimiento de una cautelar del 5 de junio, respecto a diversas irregularidades en las medidas de seguridad sanitarias en el Hospital Fernández. En línea parecida, López Alfonsín apuró al Ejecutivo porteño a cumplir una cautelar previa. El 25 de junio pasado, el juez intimó al gobierno a reforzar “en plazo perentorio e improrrogable de cinco días” la “entrega al personal de salud de elementos de protección personal”.
La semana pasada, la jueza Patricia López Vergara se anotó con otro fallo contra la administración de la Capital. Le reprochó haber dado una respuesta evasiva ante un pedido de acceso a la información sobre reactivos, testeos y pacientes con COVID-19.
AF/FeL
