Hace algunos días, la Comisión Internacional sobre los futuros de la Educación de la UNESCO publicó una serie de recomendaciones para orientar a los países y sus sistemas educativos respecto al compromiso global post COVID-19 para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas. A continuación presento las recomendación presentadas por la Comisión con algunas reflexiones que a ellas se refieren.
1. Fortalecer el compromiso público de la educación como bien común: las decisiones que los sistemas educativos tomen durante la pandemia del COVID-19 tendrán impactos severos y estos se verán reflejados en las futuras generaciones. Este es un momento delicado y los gobiernos y hacedores de políticas educativas deben colaborar con los gobiernos locales, las instituciones educativas, la organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en un nuevo pacto socio-educativo que garantice las mejores condiciones de aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias necesarias para llevar una vida libre y plena. La ciudadanía debe comprender que el problema de la educación nos afecta a todos ya que el fracaso del sistema educativo genera consecuencias sociales y económicas para la sociedad en su totalidad. Estas consecuencias se ven reflejadas también en los altos costos públicos asociados con el sistema educativo empobrecido: el deterioro en los aprendizajes, los índices elevados de deserción escolar y las altas tasas de repitencia que impactan negativamente en el producto bruto interno y el desarrollo económico de cualquier país.
2. Una comprensión expandida sobre el derecho a la educación: la segunda recomendación es que todos los países se involucren en una conversación actualizada para redefinir el derecho a la educación. El mismo debe incluir explícitamente el derecho a la información digital y las tecnologías y debe abarcar a las personas de todas las edades garantizando el aprendizaje a lo largo de toda su vida.
3. La importancia de la profesión docente y la colaboración entre docentes: los países que más prosperan en su calidad educativa son precisamente aquellos que ofrecen a sus docentes mayores y mejores oportunidades de formación inicial y perfeccionamiento en carrera. En Argentina, la profesionalización de la práctica docente debe incluir mejoras contractuales y salariales así como también mejores y más profundos procesos de evaluación continua. Así mismo, no solo se deben generar las condiciones adecuadas para que los docentes puedan cooperar y compartir información respecto a sus prácticas sino que además las escuelas deben comprender que toda práctica exitosa debe ser considerada un recurso público y debe ser compartida. Cuando una escuela esconde información valiosa, se ve debilitado el sistema educativo en todo su conjunto.
4. Enfatizar la participación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso educativo: tenemos una deuda significativa en materia de la participación de los niños y las niñas en los procesos educativos. Debemos no solo decir que aspiramos a ubicar a cada alumna/o en el centro del aprendizaje, sino que debemos verdaderamente reconocer que el proceso educativo solo tiene sentido cuando los derechos, las necesidades y las voces de cada uno de ellos y ellas es considerada. El modelo educativo de Argentina debe abrirse generosamente para que todas y todos puedan aprender de acuerdo a sus capacidades y sus intereses. Necesitamos que cada provincia incluya a los niños, niñas y adolescentes en las mesas de discusión para que estas voces sean escuchadas. Cada alumno y alumna tiene derecho a descubrir qué es lo que necesita y desea aprender.
La nueva grieta, ahora de la mano de la educación
5. Proteger el espacio social de la escuela en la transformación educativa: el aprendizaje ocurre todo el tiempo en todos lados. La escuela expone diferentes puntos de vista, creencias y formas de vida a sus alumnos y alumnas. Es en ese sentido que ocupa un rol social fundamental La diversidad de la escuela enriquece a todos los alumnos y alumnas, debemos repensar el rol de la escuela física para enriquecer sus posibilidades. No debemos volver al aula tradicional para hacer lo mismo que podríamos hacer en casa. Debemos repensar el espacio social de la escuela para otorgarle una jerarquía mayor a la que ha sabido tener y para que en ese espacio sucedan disparadores lúdicos para el aprendizaje y la inspiración, capaces de aumentar? la experiencia de todos.
6. Tecnologías libres, gratuitas y abiertas para todos los docentes y alumnos: no habrá equidad educativa ni acceso universal si no logramos alcanzar la democratización absoluta del acceso a las tecnologías y los contenidos digitales. El acceso es solo un primer paso. Estudios han demostrado que el acceso a las tecnologías es tan importante como la adecuada capacitación docente para utilizarlas de modo efectivo. La sexta recomendación del informe va más allá de estos principios básicos y sugiere que los docentes y las escuelas tienen que poder tener acceso a plataformas abiertas y colaborativas para no depender únicamente de contenidos cerrados (o enlatados) producidos por el sector privado y por actores externos al sistema educativo.
La educación Inicial en la era pospandemia de coronavirus
7. Currícula basada en propósitos claros y una adecuada alfabetización científica: el séptimo apartado es un llamado a la reflexión y la revisión de la currícula. Debemos producir contenidos en base a propósitos claros y alfabetización científica. En un mundo cada vez más tensionado por la información falsa, éste es posiblemente el reclamo más urgente del documento. Durante mucho tiempo el principal objeto de la educación ha sido la divulgación del conocimiento. En el mundo de la pos-verdad colmado de exceso de información, uno de los objetivos principales de la educación debe ser la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso.
8. La necesidad de proteger el financiamiento local e internacional de la educación pública: para evitar una catástrofe sin precedente, los Estados y gobiernos locales deberán trabajar con los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil a nivel local para garantizar, proteger y si es necesario, aumentar, la financiación de inversiones en la educación pública. Sin embargo, garantizar el presupuesto no es suficiente. Muchos gobiernos invierten sus recursos limitados de modo poco inteligente. Países como Argentina (y muchos de nuestro vecinos más cercanos) debemos invertir en la modernización y agilidad de los procesos de evaluación, monitoreo y obtención de datos precisos para utilizar esta información en la toma de decisiones y el diseño inteligente de políticas educativas e intervenciones ágiles. No tiene sentido seguir invirtiendo dinero escaso en programas que sabemos que no están dando los resultados esperados.
9. Solidaridad global que defiende los principios de equidad y rechaza los niveles actuales de desigualdad: la última recomendación es fundamental si hemos de alcanzar la promesa de la educación de poder lograr que todo ser humano sea libre y pueda desarrollar una vida plena y completa, con acceso a aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida, sin importar su lugar de nacimiento, su condición socio-económica, su religión, sus creencias, su orientación sexual, identidad de género, o el color de su piel. Estos principios universales de equidad deben ser abrazados por todos los pueblos y todas las naciones, defendidos por todas las sociedades y organizaciones civiles. Y aún así, esto no es suficiente; debemos construir un pacto social y educativo fortalecido capaz de terminar con la in-equidad educativa y achicar las desigualdades para que el bienestar de las naciones sea equivalente al bienestar de cada uno de sus ciudadanos.
Todo sistema social que reconoce y defiende los principios de equidad y rechaza la desigualdad debe comprender la emergencia social y educativa que deberemos enfrentar una vez que hayamos dejado atrás esta pandemia y nos encontremos cara a cara con sus secuelas. Debemos reivindicar los compromisos asumidos y establecer nuevos compromisos que puedan estar a la altura de los desafíos. Será necesario garantizar presupuestos, revisar la legislación vigente y diseñar políticas flexibles. Tendremos que rediseñar la currícula e implementar intervenciones de impacto. Se precisará acceso a la tecnologías abiertas y ágiles, una práctica docente profesionalizante, un liderazgo renovado, creativo y adaptativo. Deberemos implementar procesos de evaluación continua y sistémica. Y esto no será suficiente si además no establecemos un nuevo pacto socio-educativo que incluya a los gobiernos nacionales y locales, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y el sector privado, los docentes, los alumnos y sus familias.
