El presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, decidió correr al juez Sebastián Casanello de la investigación penal por supuestos "aportantes truchos" de la última campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El magistrado ordenó enviar el expediente a la Justicia Electoral de La Plata y de esta manera anuló una de las investigaciones por presunto lavado de dinero y dádivas contra el oficialismo. Un juez electoral no tiene competencia para avanzar sobre delitos penales y sólo puede enfocarse en irregularidades electorales.
El ganador de esta decisión es sin duda el partido de gobierno. Ahora, sólo queda en pie una investigación penal contra los responsables de la recaudación de la campaña 2017 en territorio bonaerense. Se trata de la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak en el fuero penal federal de La Plata. Sin embargo, este expediente también corre riesgo de cerrarse, ya que la Cámara Federal platense debe decidir en la misma línea que Irurzun y todo puede terminar quedando en manos del juez electoral platense, Adolfo Gabino Ziulu.
El presidente del tribunal porteño dijo en su escrito que la investigación por lavado no podía seguir en manos del juez Casanello debido a un obstáculo: la territorialidad. La causa se centraba en una campaña en territorio bonaerense y no porteño. Fue el fiscal federal Carlos Stornelli quien realizó el mismo planteo que Irurzun y quien presentó, con el apoyo del fiscal general Germán Moldes, la apelación ante la Cámara Federal, ante la negativa de Casanello de desprenderse del expediente.
Tanto Stornelli como Moldes e Irurzun podrían haber sostenido, en base a su argumento sobre la territorialidad, que la investigación penal debía ser conducida por el juez federal de La Plata, Kreplak. Sin embargo, no es lo que el oficialismo reclamó a la Justicia.
Cambiemos solicitó que toda investigación sea concentrada en el fuero electoral y así anular cualquier expediente en su contra por delitos penales, cuyas consecuencias legales serían de alta gravedad.
Lavado
Las causas de los jueces Casanello y Kreplak tienen prácticamente el mismo objetivo: tienen pruebas y testimonios que avalan que Cambiemos utilizó aportantes falsos para blanquear aportes de campaña. Buscan determinar dos puntos centrales: el verdadero origen del dinero que utilizó el oficialismo para financiarse, y cómo los responsables de esta recaudación obtuvieron las listas de aportantes falsos. La mayoría de los casos ya probados incluye a miembros de cooperativas de trabajo y beneficiarios de planes sociales, como reveló El Destape, y trabajadores del Estado y empleados de empresas proveedoras del Estado, como reveló PERFIL.
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En su escrito, Irurzun también dijo que el argumento sostenido por Casanello para defender la continuidad de su causa “no alcanza”. El juez de primera instancia había sostenido que las identidades utilizadas por los recaudadores para blanquear aportes de origen ilícito podrían provenir de organismos del Ejecutivo Nacional, ya que se trata de beneficiarios de planes sociales bajo la órbita de ANSeS y el Ministerio de Desarrollo Social.
Cuestiones salomónicas
Casanello quedó hace semanas a cargo de otra investigación sobre aportes falsos de Cambiemos en la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015 y en la elección legislativa de 2017 en Capital Federal, presentadas por la ONG La Alameda. Fue por decisión de Irurzun.
