El Gobierno prefiere ignorar las señales negativas que llegan de la Corte Suprema y desestima un fallo de sus miembros que declare inconstitucional el aspecto más controvertido de la reforma judicial: la inclusión de los candidatos para el Consejo de la Magistratura en las boletas de los partidos políticos.
Sin embargo, un sector alineado al oficialismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que conduce el periodista de Página/12, Horacio Verbitsky, cuestionó ayer el paquete de medidas, con algunos matices. Pero en especial, la limitación de la extensión de las cautelares: “Sin ellas, por ejemplo, se hubiera derribado la ESMA”, explicó el CELS en un comunicado. Estas críticas se suman a las que PERFIL reveló en su edición de ayer, que pertenecen a miembros del grupo K Justicia Legítima, y que fueron hechas, por ahora, en reserva.
Cristina anunció el envío al Congreso de seis proyectos –serán convertidos en ley en no más de tres semanas–: uno para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por el voto popular; el segundo, para limitar a seis meses la extensión de las medidas cautelares contra el Estado (como la de la Ley de Medios); un tercero para la creación de tres cámaras de Casación; un cuarto para que se hagan públicas las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes; un quinto para que se publiciten los procesos de las causas; y un sexto para el ingreso al Poder Judicial por concurso.
Uno de los redactores de las iniciativas dijo a este diario que el único proyecto que pueden llegar a tener un inconveniente es el del Consejo de la Magistratura. “En ese nos enquilombamos solitos”, aseguran. Es que nadie sabe a ciencia cierta cómo aplicar el nuevo sistema. ¿Los candidatos –que serán académicos o abogados– tendrán que hacer campaña proselitista?
“No es posible que eso pase”, dice un funcionario con despacho en la Casa Rosada cuando se lo consulta sobre qué pasaría si la Corte declarara este paquete como inconstitucional. Argumentan que la presencia del presidente, Ricardo Lorenzetti, en la Asamblea Legislativa donde CFK hizo el anuncio, lo avala. Aunque es una de muchas lecturas posibles. Al final, se rinden, y advierten que si la Corte rechazara los proyectos ese sería el final de la democratización de la Justicia. Al menos, del aspecto que se cuestione.
El Gobierno está confiado porque se guía por encuestas que le indican el malestar de la gente hacia los jueces. Y ante el primer pedido de inconstitucionalidad, el Gobierno va a argumentar que es facultad del Poder Legislativo sancionar leyes y que, por lo tanto, no pueden ser puestas en tela de juicio. Es el mismo argumento que utilizó para defender la Ley de Medios.
