La Argentina presentará formalmente hoy un pedido ante la Corte Penal Internacional para que se investigue al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en lo que constituye una jugada inédita en el seno del organismo de La Haya. Es la primera vez en su historia, que un grupo de Estados denunciarán a otro miembro por crímenes de esta índole.
El gobierno de Mauricio Macri formulará este pedido junto a los de Colombia, Chile, Perú y Paraguay en una ofensiva política a la que esperan sumar a otros países en el transcurso de las próximas horas. Hasta ayer, subsistía una indisimulable molestia con Uruguay, por negarse a firmar, así como cierta sorpresa con Brasil, país que fue de los más duros a la hora de criticar al presidente Nicolás Maduro y de los primeros en quitarle el título de "democrático", pero que se encuentra sumergido en su propio mar de incertidumbre electoral. Al momento, no está claro que el presidente venezolano fuera a participar de las jornadas de debates en el marco de la Asamblea General.
La decisión de avanzar por este camino ya había sido anunciada por el presidente Mauricio Macri durante una entrevista brindada a la CNN hace poco más de un mes. "En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Se ha perdido el valor de la vida", había declarado Macri en aquel momento. También había dicho que resultaba "frustrante" cualquier intento por mejorar la situación política y social de ese país. Se espera que el mandatario aluda, a la hora de su discurso, a este tema que ha sido de los principales en su agenda internacional y, sin lugar a dudas, el preponderante a nivel regional.
Argentina es un duro comienzo para los que huyen de Venezuela
La denuncia se materializará a través de un pedido ante una de las fiscales del tribunal con sede en La Haya en un acto del que participará el canciller Jorge Faurie junto a representantes del resto de los países patrocinantes. Toman, como base, los cientos de casos denunciados durante los últimos años por diversas organizaciones de la sociedad civil además de la investigación llevada adelante por la Organización de Estados Americanos respecto al uso discrecional de la violencia contra la población civil. Cada gobierno, además, ha recurrido a sus propias fuentes de evidencia para sustentar su postura.
Sin ir más lejos, Amnistía Internacional presentó el jueves pasado en Buenos Aires, un informe que denuncia más de 8200 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017. El perfil de las víctimas: jóvenes de entre 16 y 29 años, residentes en los barrios populares, con heridas mortales de armas de fuego en tórax, cabeza y cuello. La gran mayoría de ellos fueron ultimados por fuerzas de seguridad en el marco de operativos del Plan Patria Segura y las posteriores Operaciones de Liberación del Pueblo, que luego fueron informados como supuestos enfrentamientos. El 98 por ciento de los casos de violaciones a los derechos humanos, según el informe Esto no es vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela, quedan impunes.
Amnistía Internacional presentó un informe que denuncia más de 8200 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017
El acto formal tendrá lugar, de acuerdo a lo estimado, poco después que el presidente Macri realice su discurso ante la Asamblea General, a media tarde de Argentina. Por la noche, el mandatario se tomará el vuelo de regreso mientras que Faurie permanecerá durante otras 24 horas, hasta el miércoles por la noche. En paralelo a las bilaterales que lleve a cabo el presidente bajo el formato "pull aside", así como los eventos de los que participe Macri hoy —por caso, la reunión de los miembros del Mercosur—, Faurie completa una agenda propia de citas sobre temas tan diversos como el acuerdo con la Unión Europea o la campaña contra las torturas y la pena de muerte.
La Fiscalía de la CPI ya había iniciado, en febrero pasado, una investigación preliminar sobre el presunto uso excesivo de la fuerza pública contra la población civil, lo que habría redundado en crímenes de diversa índole. A partir de la denuncia que concretarán hoy la Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, el proceso seguirá su curso largo y sinuoso que puede tomar, incluso, varios años hasta que la investigación se concrete en un caso específico contra personas con responsabilidades en la concreción de esos delitos de lesa humanidad.
