En el marco de la disputa por la construcción de las empresas papeleras, la Argentina cerró este mediodía la última jornada de audiencias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde volvió a cargar otra vez contra el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez. Con anterioridad, Uruguay había defendido sus "derechos" de construir las usinas.
Durante el alegato de una hora –de las dos que tenía disponible-, la delegación argentina remarcó -al igual que el lunes-, que el conflicto pastero está basado en las "violaciones reiteradas" que cometió el gobierno que preside Tabaré Vázquez sobre el Tratado del río Uruguay".
De acuerdo a fuentes oficiales de la agencia Télam, la delegación argentina además rechazó la acusación uruguaya de que el gobierno del presidente Néstor Kirchner “chantajea” al de Vázquez, mediante los cortes de rutas que realizan los asambleístas de la provincia de Entre Ríos.
La líder de la misión argentina ante el Tribunal de La Haya, Susana Ruiz Cerutti, manifestó que, de los actores del conflicto, “fue permanentemente Argentina” quien hizo los “gestos concretos” para encontrar una solución por medio del “diálogo”.
A su vez, Ruiz Cerutti junto a uno de los abogados asesores, Marcelo Cohen –argentino radicado en Suiza-, reforzaron los argumentos esgrimidos en la primera jornada con el objeto de demostrar que “no existe bloqueo, ni asfixia, ni perjuicio irrparable” de lo que Uruguay pueda quejarse “con fundamentos concretos”, mientras que señalaron que el planteo cautelar del país vecino "no es competencia" de la Corte de La Haya.
Alegato charrúa. Más temprano, Uruguay había intentado rebatir, uno por uno, lo expuesto por la Argentina durante la primera jornada, acerca de los cortes de rutas realizados en protesta por la construcción de una planta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
Con el fin de desestimar el argumento argentino según el cual los bloqueos en la rutas no están vinculados a la cuestión de fondo -la violación de un tratado bilateral por la instalación de una papelera sobre en un río fronterizo-, el jurista escocés Alan Boyle aseguró que "Uruguay no viene a la Corte para protegerse de un daño económico; Uruguay viene a la Corte para proteger su derecho de construir la usina".
"Si Uruguay debe poner fin al proyecto de Botnia para proteger su turismo y economía, será un daño irreparable. La Corte no puede aportar ningún remedio a esta situación. Si Botnia parte, la Corte no tiene poder de hacerla volver", dijo Boyle, al justificar el pedido al tribunal de medidas provisorias de carácter urgente contra los cortes de rutas.
Uruguay hizo uso de una sola de las dos horas que tenía para exponer sus alegatos y reafirmó las razones de su demanda presentada el 29 de noviembre para que se ordene a la Argentina tomar medidas que garanticen la libre circulación entre ambos países en los puentes que unen Gualeguaychú y Fray Bentos, Colón y Paysandú -400 km al noroeste de Montevideo- y Concordia y Salto -500 km al noroeste de la capital uruguaya-.
Durante las audiencias de ayer, Uruguay acusó a la Argentina de imponerle un "bloqueo casi total" con los cortes de rutas. Para el país vecino, los bloqueos, que buscan detener la construcción de la planta de Botnia, fueron promovidos por el Gobierno.
"Los bloqueos efectuados por un grupo de personas ante la omisión y permisividad del gobierno argentino tienen como objetivo detener la construcción de la usina", insistió hoy el jefe del equipo legal uruguayo, el embajador en Francia, Héctor Gros Espiell.
Si Gros Espiell tendió la mano para negociar "un acuerdo amistoso sin presión ni coerción", Alan Boyle reiteró que "no hay duda de que el gobierno argentino aprueba este modo de extorsión económica", volviendo a la carga contra el presidente Kirchner.
Mientras que el cuerpo judicial hará un receso del 25 de diciembre al 8 de enero -por lo que "para mediados del mes próximo" se conocería su pronunciamiento respecto de esta instancia-, la Argentina tiene previsto presentar el 15 de enero la Memoria final sobre la “causa de fondo” de las pasteras que el gobierno de Kirchner presentó contra Uruguay por la violación del Tratado del río Uruguay.
