La Oficina Anticorrupción (OA), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina de empleo Público elaboran un protocolo para las contrataciones de emergencia del Gobierno y preparan además las bases para reestructurar el sistema de licitaciones de la administración pública, confirmaron a PERFIL dos fuentes oficiales. El manejo de las “cajas” del Ejecutivo quedó en la mira en los últimos días tras la anulación de la compra de alimentos para comedores por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Este sábado, el presidente Alberto Fernández, el ministro Daniel Arroyo y el empresario Luis Pérez Companc (Molinos Río de La Plata) se reunieron durante cerca de una hora en la Quinta de Olivos para discutir sobre la "posibilidad" de que el Estado, que, según Presidencia, adquiere unas 12 toneladas de alimentos para distribuir, pueda comprarlos directamente a los proveedores. Así se deberían eliminar intermediarios y reducir los costos.
“Esta será la primera vez que se compre directamente a los productores de alimentos”, dijo una fuente de Desarrollo Social. “Se va a comprar por precios máximos mayorista, que es lo que establece la reciente resolución de jefatura de Gabinete. Se va a convocar a todos los productores”, agregó.
De acuerdo a fuentes de la reunión con Fernández y Pérez Companc, “el principal problema que plantearon los productores de alimentos es que como el plazo de pagos del Estado es de unos seis meses, preferían no presentarse a licitación. Por eso, se está trabajando en un mecanismo para acelerar los plazos de pago”.
Detectaron que ahora se propicia "la cartelizaron" de los privados a la hora de ofertar
El análisis que realizaron en los últimos días los organismos de control determinó que los principales problemas detectados es que se propicia “la cartelización de los privados a la hora de ofertar” y la forma en que se establecen los “precios testigo”, que los ministerios utilizan como referencia para adjudicar las licitaciones. Estos son fijados por una oficina de unas 15 personas en la Sigen, explicaron en el organismo. “Se trata de precios de plaza”, agregaron. Ante la consulta de PERFIL, no explicaron en qué fuentes de información se basan para establecer cuáles son los “precios testigo”. “Es uno de los puntos que deben reverse”, sostuvo una fuente del Ejecutivo. “Hay diferentes esquemas por contexto y coyuntura”, contaron en Sigen.
Fueron estos valores testigo en los que se basó Desarrollo Social para concretar la compra de alimentos para comedores que desató la polémica la semana última, según fuentes del ministerio. La principal crítica de medios y opositores fue que los precios testigo que sirvieron de base eran alrededor de un 15% más caros que los precios máximos que fija el Ejecutivo y que se utilizaron intermediarios con los productores. Estos valores testigo son clave en un proceso de licitación y sirven de guía para que los funcionarios adjudiquen al mejor oferente.
Para la emergencia actual y tras el caso de Desarrollo Social -que terminó con la salida de 15 funcionarios del área de compras-, el Gobierno estableció que las adquisiciones de emergencia deberán tener como referencia los precios máximos fijados por el Estado.
