La Cámara de Diputados comenzará a tratar un proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que apunta a generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, así como otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.
El proyecto lleva la firma de la diputada porteña del Frente de Todos Paula Penacca, con el acompañamiento de Hugo Yasky y Leonardo Grosso, y se comenzará a tratar en las comisiones de Seguridad Interior, presidida por la mencionada diputada y de Derechos Humanos, para intentar llevarlo al recinto una vez que finalice el debate.
El texto al que tuvo acceso PERFIL define violencia institucional como "todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas".
"Durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio, y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas", manifestó Penacca.
Las juventudes, sin duda, nos empujan a ser mejores.
— Paula Penacca (@PaulaPenacca) April 21, 2021
Hace unos días nos reunimos con @Jp_caba, @pietragallahora y @valentinanst para debatir el proyecto de ley que propone prevenir y erradicar la Violencia Institucional.
📝 Y hoy empezamos a tratarlo en comisión en @DiputadosAR pic.twitter.com/xupnaIRGKL
Además, marcó que se trata de "una ley coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo”.
En diálogo con PERFIL, la diputada resaltó :"esperemos que la oposición, que ahora se embandera con la defensa de los derechos humanos, también acompañe la iniciativa. Vamos a generar todos los debates que sean necesarios hasta conseguir la media sanción y acompañar su implementación para asegurar que sea efectiva esta política de seguridad democrática”.
Sin embargo, la cuarentena, sobre todo en su fase inicial, también fue propicia para numerosos casos de violencia institucional que fueron documentados por Amnistía Internacional entre los que figuran el ejemplo de Facundo Astudillo Castro, detenido el 30 de abril de 2020 en el sur de la provincia de Buenos Aires y que apareció muerto seis meses después.
También fue resonante el caso del joven tucumano Luis Espinoza que en mayo pasado fue asesinado y desaparecido durante 7 días por parte de funcionarios de la policía de la comisaría de la localidad de Monteagudo.
El propio presidente Alberto Fernández se manifestó preocupado a comienzos de marzo por la "violencia institucional" que tuvo lugar en la provincia de Formosa, en el marco de las protestas y los posteriores enfrentamientos por las duras medidas impuestas por la administración de Gildo Insfrán.
"Nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando. Ya hemos expresado nuestro malestar por la forma en que se han desarrollado los actos que no compartimos en lo más mínimo”, fue la reacción del Presidente en ese momento.
Los casos más impactantes de violencia institucional durante la cuarentena
Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita, sostuvo que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.
El proyecto fomenta la creación de Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional, en donde haya una atención por parte de personal civil y no ligado a ninguna fuerza de seguridad, policial o del servicio penitenciario.
Como parte de las herramientas del denominado "control ciudadano" se impulsa que "los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad deben portar en sus uniformes una identificación visible y clara en todo momento de su apellido y grado", lo mismo que los "móviles utilizados por las fuerzas deben estar debidamente identificados con el nombre de la fuerza a la que pertenecen y el número de móvil individualizado"
Incorpora además que "cualquier ciudadano tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad", dice el proyecto.
